La Audiencia cierra el caso Alvia con el exdirector de seguridad del ADIF y el maquinista como únicos imputados
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El tribunal rechaza todos los recursos y deja libre el camino para que se prepare el macrojuicio, siete años y medio después del accidente que costó 80 vidas y 144 heridos
08 abr 2021 . Actualizado a las 21:18 h.Tras pasarse buena parte de la instrucción como único investigado, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago el 24 de julio del 2013 no estará solo en el banquillo. Lo acompañará el que era el responsable de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), lo que significa que, finalmente, la Justicia ha dado relevancia a la ausencia de medidas de seguridad en la única curva peligrosa que había en el recorrido de alta velocidad entre Santiago y Ourense. Así, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el cierre de la investigación del accidente. El tribunal rechaza todos los recursos presentados por las partes contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que puso fin a la investigación al no encontrar responsabilidades en las nuevas pesquisas abiertas tras un cierre anterior. La causa, tal y como había decretado el juez Andrés Lago Louro, se seguirá contra el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte. Ambos deberán sentarse en el banquillo para comprobar si los hechos que se les imputan fueran constitutivos de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 de lesiones por imprudencia grave profesional. Contra la decisión de la Audiencia no cabe presentar recurso, por lo que se deja libre el camino para que se prepare el macrojuicio, siete años y medio después del accidente.
Así, el tribunal rechaza los recursos clave en la causa, tanto el presentado por el ADIF contra la imputación de Cortabitate, como el que aportó la defensa del maquinista, al considerar que el conductor era una víctima más de la falta de protección de la curva de Angrois, donde estaba limitada la velocidad a 80 por hora y el tren descarriló a 179, sin que se hubiera desplegado en esa zona el ERTMS, el sistema que podía haber frenado al tren en el caso de un fallo humano. Tampoco se aceptaron las alegaciones de las víctimas, que pretendían que se encausara también al director de Seguridad de Renfe en el momento del accidente, Antonio Lanchares, responsable de pedir la desconexión del ERTMS embarcado en el Alvia, que habría evitado el accidente si estuviera en funcionamiento, pues daría un último aviso clave al maquinista. Los magistrados consideran que Renfe no tenía competencias en la gestión de los riesgos en la infraestructura, un argumento que sirve también para negar la existencia de un delito contra la seguridad de los trabajadores por parte de Renfe, como defendía el abogado del maquinista, Manuel Prieto. La alusión a que la operadora ferroviaria conocía el riesgo de la curva es, para la sección sexta de la Audiencia coruñesa, «una interpretación forzada». La desconexión del ERTMS no suponía, aducen, «un incremento del riesgo» y ven «conjetural» que el maquinista se hubiera percatado, apretando el botón de reconocimiento de la transición a ASFA, de que se encontraba ante la curva. Pero se obvia que el tren se habría detenido si no hubiera apretado ese botón.
Los magistrados tampoco creen que sean necesarias más pesquisas sobre el material rodante ni sobre las acusaciones de un exempleado de Talgo sobre el supuesto borrado de averías en el historial informático del tren por parte de responsables de la empresa, basándose en «la ausencia de relevancia de las supuestas averías pendientes». No creen que tengan incidencia alguna en el descarrilamiento.
No se afrontó el riesgo
A pesar de su postura en los primeros años de instrucción, cuando la Audiencia frenó los intentos del primer juez instructor, Luis Aláez, de imputar a cargos del ADIF, el tribunal rechaza ahora el recurso de los abogados de Cortabitarte y del administrador ferroviario, que pedían el sobreseimiento o, subsidiariamente, que se limitara la infracción a una imprudencia leve que no iría por la vía penal. Los magistrados niegan que Cortabitarte no tuviera competencias en la gestión de los riesgos de la línea. y le atribuyen una función supervisora en su responsabilidad de emitir las certificaciones de seguridad. Creen que existía en la curva «un riesgo especial de descarrilamiento que no fue percibido y atendido por el ADIF». Y ese riesgo «concreto» no se evaluó de forma independiente.
«No se trata —aducen— de que el ERTMS no fuera imperativo, sino de que es precisamente su eliminación en el proyecto, con la generación de un incremento del riesgo, y el seguimiento de pautas rutinarias sobre la señalización y protección de la curva ante la reducción de velocidad que exigía, lo que generaron una situación de peligro que no se analizó ni evaluó». No cabe considerar leve la imprudencia ante «la enorme lesividad del resultado y la relevancia de la actuación del investigado».
Respecto a la actuación del maquinista, el tribunal asume que «infringió indiciariamente el deber de cuidado que personalmente le competía, de que al llegar al kilómetro 84,230, inmediatamente anterior a la curva, el tren que pilotaba circulase a la velocidad que estaba prescrita en el Libro Horario y en el Cuadro de Velocidades Máximas». Califican esta supuesta negligencia como «grave o temeraria», pues creen que hubo un «desentendimiento» de la tarea que le competía, de la que dependía «la integridad física de las personas transportadas».
Ábalos rechaza valorar el auto y dice que su prioridad es el respeto a las víctimas
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, pidió ayer que se deje a los jueces «que tomen decisións e exerzan as súas competencias», cuando fue interpelado sobre el auto del caso Alvia en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones. A ese mismo acto en A Coruña asistía el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que en cambio respondió a las preguntas de los periodistas sobre ese asunto en Santiago. El ministro aseguró que la justicia cuenta «con toda la colaboración del Gobierno central para resolver las causas del trágico accidente». «Hasta donde yo sé el auto lo que viene es a mantener esa calificación de estas personas como investigadas», añadió, para después remarcar «la complejidad de la causa». En cualquier caso, precisó que nunca valora las decisiones judiciales. «Al contrario, las respeto», destacó. Abalos insistió en que la prioridad del Gobierno en este asunto es el «respeto a las víctimas siempre por lo que, con esa sensibilidad, antepondremos siempre la aclaración de estas circunstancias».
El BNG ha advertido de que no parará hasta que las víctimas «teñan xustiza» por lo ocurrido en Angrois. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, consideró «decepcionante» una justicia «que parece máis pendente de protexer aos poderosos que de buscar a verdade e a reparación», manifestó en su cuenta de Twitter. Por su parte, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, cree que falta que se imputen «aos responsables políticos de Renfe, o ADIF e Fomento». Miranda, quien impulsó la visita de la plataforma de víctimas a Bruselas, donde la Agencia Ferroviaria Europea avaló una investigación independiente sobre el accidente, recuerda que «aínda hai un procedemento de infracción aberto pola Comisión Europea» por este asunto.
El abogado del maquinista, Manuel Prieto, cree que los magistrados no evaluaron convenientemente «la importancia del ERTMS embarcado y la responsabilidad de Renfe».
«Luchamos contra un gigante»
Aunque esperaban que un cargo de Renfe se sentara también en el banquillo, el presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, cree que el balance final es positivo. «Hemos luchado contra un gigante y hemos desmontado la versión oficial del aparato del Estado, que culpaba en exclusiva al maquinista», aseguró. Ahora esperan que el ADIF cese a Cortabitarte.
El señalamiento se complica por el atasco de casos por la pandemia
Superado el penúltimo trámite judicial para el señalamiento del juicio, ahora empiezan las cábalas sobre cuándo podrá celebrarse. El contexto actual de la pandemia no ayuda, pues hay un atasco de casos en casi todas las jurisdicciones. Pero antes habrá que realizar una serie de trámites en el Juzgado de Instrucción número 3, que llevó el caso. El juez tendrá que dar traslado a las partes para que hagan sus calificaciones, incluida la de la Fiscalía, que no formuló su acusación a la espera de los recursos. Después le tocará el turno a las defensas. Esto consumirá al menos tres meses más. El juicio será complejo, con muchos testigos y peritos, y decenas de víctimas querrán asistir, por lo que habrá que buscar un lugar adecuado para que se celebre. Nadie apuesta por que la vista empiece antes de la segunda mitad del 2022.
