Un tercer informe jurídico determinará el polémico aparcamiento junto al aeropuerto de Asturias
ASTURIAS
La Guardia Civil continúa investigando un presunto delito de prevaricación en la tramitación del proyecto, que podría volver al Pleno de Castrillón en mayo tras salir del orden del día el pasado lunes
30 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Un tercer informe jurídico del Ayuntamiento de Castrillón entrará en juego para determinar el siguiente paso sobre el polémico aparcamiento junto al aeropuerto de Asturias, cuya tramitación está siendo investigada por la Guardia Civil al poder existir en ella un presunto delito de prevaricación. La corrección de un error material en el proceso —el mello de todo este entramado— finalmente llegó al Pleno del pasado lunes. Sin embargo, el punto quedó excluido de la sesión tras un escrito conjunto metido por registro de PSOE y Convocatoria por Castrillón, en el que exigían «claridad y garantías jurídicas en el expediente» al existir hasta dos informes jurídicos contradictorios y otra corrección material en el mismo expediente que no pasó por el Pleno.
Los votos a favor de PSOE y Convocatoria por Castrillón, sumados al voto en contra de PP y la abstención de Vox, fueron suficientes para sacar la votación del Pleno. Ahora habrá que esperar a que la secretaría municipal del Ayuntamiento elaboren un tercer informe jurídico que aclare las «inseguridades jurídicas» que denuncia la oposición en su escrito. Desde la parte gubernamental del Ayuntamiento de Castrillón aseguran que «la intención es volver a incluir el punto en el siguiente Pleno, pero dependerá de que esté listo el informe que se solicita». Dependerá de lo que diga el informe para la manera de proceder. Sin embargo, todo apunta a que habrá una nueva advocación de competencias del concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, ya que en el proceso ya ha mostrado su voluntad expresa de no actuar sobre un expediente bajo investigación policial.
En todo caso será en el Pleno del próximo mes de mayo cuando se determine si se aprueba o no la corrección del error material —si es que se llega a incluir en esta ocasión— que está generando tanta polémica dentro del Consistorio. Por su parte, desde la oposición se han trasladado varias preocupaciones para llegar a este punto. Por un lado se habla de «contradicciones en los informes jurídicos municipales, que en poco tiempo han cambiado de criterio de forma significativa sin justificación clara, generando así inseguridad jurídica». Por otro se hace referencia a «dudas sobre la tramitación como simple rectificación de errores, dado que podría afectar a terceros interesados que deberían tener la oportunidad de presentar alegaciones». Por todo ello se ha solicitado el tercer informe jurídico que despeje las dudas existentes y en el que pide que, de ser necesario, «se recabe asesoramiento jurídico externo para garantizar la legalidad del procedimiento».
Resumen de la problemática
Cabe recordar que todo el proceso —el cual podría estar relacionado con un presunto delito de prevaricación— está siendo investigado por la Guardia Civil después de que el concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, denunciara una serie de irregularidades durante la tramitación del expediente. Un proyecto que trata sobre un aparcamiento para alquiler de vehículos que la promotora Inversiones Suárez Ibáñez S.L. quiere construir en la localidad de Santiago del Monte, en el entorno del aeropuerto de Asturias.
El meollo de la problemática —una discrepancia entre Prieto y el resto del equipo de Gobierno en la parte burocrática del proceso— reside en un error de transcripción en los números de referencia catastral de la parcelas en las que se ubicaría el aparcamiento. La corrección de esas referencias fue enviada al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) —previa aprobación del concejal de Urbanismo— a través de la oficina técnica municipal y paralizada posteriormente sin el conocimiento de nadie del Gobierno local. Quién ordenó mandar ese mensaje a través del correo de secretaría de Alcaldía es lo que se investiga, ya que el concejal denunciante entiende que el correo entre administraciones —Ayuntamiento de Castrillón y BOPA— se produce de forma irregular al no constar en ningún expediente municipal.