La Guardia Civil investiga un presunto delito de prevaricación en el Ayuntamiento de Castrillón
ASTURIAS
El concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, denuncia ante la Benemérita una serie de irregularidades vinculadas al aparcamiento proyectado en el entorno del aeropuerto de Asturias
24 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Guardia Civil investiga un presunto delito de prevaricación en el Ayuntamiento de Castrillón después de que el concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, haya denunciado una serie de irregularidades vinculadas a la tramitación del aparcamiento proyectado en el entorno del aeropuerto de Asturias. Según fuentes cercanas a la investigación, la pesquisa se centra concretamente en un error de transcripción en los números de referencia catastral de la parcelas en las que se ubicaría el aparcamiento. La corrección fue enviada al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) por el propio edil a través de la oficina técnica municipal y paralizada posteriormente sin su conocimiento —ni el del Alcalde, Eloy Alonso— por parte de la secretaría de Alcaldía.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castrillón, Gustavo Prieto, ha denunciado ante la Guardia Civil estos hechos, que estarían vinculados con un presunto delito de prevaricación, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. La Benemérita ya habría interrogado a parte del personal municipal para identificar a la persona que dio la orden de enviar, a través del correo electrónico de Alcaldía, un escrito al BOPA rogando la anulación de la corrección de los números de referencia catastral de las parcelas y paralizando, por tanto, el proyecto del aparcamiento. Un mensaje cuyo envío habría sido ordenado sin el consentimiento expreso de Prieto y sin el del alcalde del concejo, Eloy Alonso, según fuentes cercanas al caso. Un polémico asunto que terminó hace una semana con la avocación de las competencias de Prieto para la Comisión de Territorio —así se llama el área de Urbanismo en el concejo— celebrada ayer y en la que el Alcalde asumió las competencias del área, habiendo una denuncia ante la Guardia Civil de por medio. «Soy el primer interesado en que todo se resuelva y se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, como denunciante de la causa, no puedo trabajar sobre un expediente que está siendo investigado», declaró ayer a este periódico Prieto.
Inicio del caso
La tramitación del aparcamiento para alquiler de vehículos proyectado en Santiago del Monte se remonta a 2023, momento en el que el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón aprobó un convenio con la empresa promotora del negocio —Suárez Ibáñez S.L.— para que el 10% de los terrenos que le pertenecen por ley al Consistorio para uso social —construcción de parques, viales públicos, etc.— se intercambiara por un montante económico que se ingresaría directamente en las arcas municipales y que asciende a un total de 10.933 euros. Meses después, en febrero de 2024, la Comisión de Territorio del Ayuntamiento de Castrillón aprobó el plan especial para el proyecto y el estudio de implantación del aparcamiento. Todo quedó aprobado de forma definitiva en el Pleno del 25 de mayo de 2024. En ese momento, la empresa quedó solamente pendiente de las licencias pertinentes para iniciar las obras.
Del proyecto no hubo más constancia hasta el pasado mes de enero, cuando se detecta el error en la transcripción al BOPA de los números de referencia catastral de las parcelas. El fallo es corregido por parte de la oficina técnica municipal y enviado de nuevo al BOPA —previa aprobación del concejal de Urbanismo— con las referencias correctas para su correcta publicación oficial en el boletín, subsanando así el fallo. Un mes más tarde, en febrero, la empresa se pone en contacto con el Ayuntamiento para preguntar por la demora en la publicación oficial. Es entonces cuando se tiene constancia de que existe un segundo correo enviado desde secretaría de Alcaldía, rogando al BOPA la paralización de la corrección de las referencias catastrales. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, preguntados los concejales de Gobierno y el Alcalde por este hecho, «nadie era conocedor de ello».
En este punto, el concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, entiende que el correo entre administraciones —Ayuntamiento de Castrillón y BOPA— se produce de forma irregular al no constar en ningún expediente municipal. Como conocedor de la situación opta por denunciar los hechos ante la Guardia Civil. La investigación pasa ahora por identificar a la persona que ordenó enviar al BOPA el correo electrónico a través del correo de secretaría de Alcaldía para urgir la paralización del proyecto, sin el consentimiento del Alcalde y sin el del concejal de Urbanismo. Un acto que, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, incurriría en un delito de prevaricación. «La paralización de una publicación en el BOPA sin informe jurídico previo y sin ningún tipo de firma electrónica es un delito de prevaricación, que está penado en el artículo 404 del Código Penal con una pena de inhabilitación especial para cargo público de entre 9 y 15 años», explican.