¿Qué está pasando en Castrillón?: la denuncia por presunta prevaricación que investiga la Guardia Civil explicada paso a paso
ASTURIAS
La investigación se centra en identificar quién ordenó enviar un correo electrónico al BOPA sin autorización para paralizar el proyecto del aparcamiento en el entorno del aeropuerto
27 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Guardia Civil se encuentra investigando un presunto caso de prevaricación —delito que consiste en dictar una resolución, por parte de un juez o funcionario, conscientes de que es contraria a la ley— en el Ayuntamiento de Castrillón después de que el concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, denunciara una serie de irregularidades durante la tramitación del aparcamiento proyectado en el entorno del aeropuerto de Asturias. Ahora bien, sobre este caso hay muchas preguntas en el aire. ¿Qué investiga la Guardia Civil?, ¿quién está implicado en este presunto delito?, ¿cuál es la irregularidad en el procedimiento? o ¿por qué se le retiraron las competencias al concejal de Urbanismo?
En primer lugar cabe explicar cuál es el proyecto que se está tramitando y por qué se han dado una serie de complicaciones que ahora se encuentran en manos de la Guardia Civil. El expediente en cuestión trata sobre un aparcamiento para alquiler de vehículos que la promotora Inversiones Suárez Ibáñez S.L. quiere construir en la localidad de Santiago del Monte, en el entorno del aeropuerto de Asturias. La tramitación del negocio se remonta más allá de 2023 momento en el que el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón aprobó un convenio con la empresa para que el 10% de los terrenos que le pertenecen por ley al Consistorio para uso social —construcción de parques, viales públicos, etc.— se intercambiara por un montante económico que se ingresaría directamente en las arcas municipales y que asciende a un total de 10.933 euros. Meses después, en febrero de 2024, la Comisión de Territorio del Ayuntamiento de Castrillón —así se llama el área de Urbanismo en el concejo— aprobó el plan especial para el proyecto y el estudio de implantación del aparcamiento. Todo quedó aprobado de forma definitiva en el Pleno del 24 de mayo de 2024. En ese momento, la empresa quedó solamente pendiente de las licencias pertinentes para iniciar las obras.
¿Qué y a quién investiga la Guardia Civil?
Para poder edificar el aparcamiento era necesario un cambio en el uso del suelo de las dos parcelas donde se ubicaría, que fue aprobado en su momento. El problema viene en el momento que se transcriben los números de las referencias catastrales. Hay un error material a la hora de escribir los números —algo normal en cualquier tramitación de este estilo— y debía ser corregido por parte de la Administración. La corrección de esas referencias fue enviada directamente al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) —previa aprobación del concejal de Urbanismo— a través de la oficina técnica municipal, pero fue paralizada posteriormente sin el conocimiento de nadie del Gobierno local y sin que figure en los registros municipales. Quién ordenó mandar ese mensaje a través del correo de secretaría de Alcaldía es lo que se investiga, ya que el concejal denunciante entiende que el correo entre administraciones —Ayuntamiento de Castrillón y BOPA— se produce de forma irregular al no constar en ningún expediente municipal y que además era lo que estaba provocando que el proyecto se encontrara paralizado. La Guardia Civil ya ha tomado declaración a varios funcionarios sobre estos hechos.
Al constar este correo de forma irregular, el concejal de Urbanismo decide denunciarlo ante la Guardia Civil, ya que es conocedor de ello y no tenía constancia alguna hasta que la empresa interesada reclamó una demora en los plazos. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, preguntados los concejales de Gobierno y el alcalde por este hecho, «nadie era conocedor de ello». El mismo día que se presenta la denuncia —apenas una hora después— la oficina técnica redacta un primer informe jurídico sobre la forma de proceder en este caso, asegurando que el error puede ser rectificado sin la necesidad de pasar por el Pleno. Un documento que se contradice con un segundo informe jurídico redactado tres días después y en el que se explica que una rectificación de este tipo sí debe aprobarse en Pleno antes de ser enviada al BOPA para su publicación oficial. Este último texto es en el que se apoya el alcalde, Eloy Alonso. Dos informes que son posteriores a la denuncia.
¿Por qué se le retiran las competencias al concejal de Urbanismo?
Alonso y el resto de equipo de Gobierno se apoyan en este último informe jurídico como la forma de proceder más pertinente —el que recomienda sí llevar el error a Pleno— y Prieto —el concejal denunciante de los hechos y titular del área de Urbanismo— no quiere llevar a Pleno el documento al entender que no debe actuar de ninguna forma sobre un expediente que en ese momento ya estaba denunciado. En este punto es cuando el alcalde quita las competencias a Prieto para presidir él la última Comisión de Territorio e incluir él mismo la corrección del expediente en el próximo Pleno, que se celebrará mañana. Es importante destacar que la avocación de competencias tuvo efecto única y exclusivamente para la Comisión y que el edil continúa realizando sus quehaceres diarios con todas sus competencias en vigor.
«El error hay que corregirlo en el Pleno y solo vale a través del Pleno. De hacerlo como se hizo habría que mandar una segunda corrección porque la norma dice, según el informe de los técnicos, que no valdría. Hay rectificaciones que van a Pleno y otras que no. Las que sí van son las que se aprobaron anteriormente en Pleno, como este caso», explicó el alcalde esta semana a este periódico, insistiendo en que «se trata de una discrepancia en la interpretación de lo que dicen los técnicos municipales». «Soy el primer interesado en que todo se resuelva y se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, como denunciante de la causa, no puedo trabajar sobre un expediente que está siendo investigado», declaró también a este periódico Gustavo Prieto.
El Pleno decidirá mañana sobre la corrección de error. En todo caso, cabe explica que también un error material en el mismo expediente fue corregido sin necesidad de pasar por el Pleno en una resolución del 14 de junio de 2024 en la que se hace referencia al mismo artículo del primer informe jurídico, el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.