Presunta prevaricación en Castrillón: la versión del alcalde tras la denuncia del concejal de Urbanismo
ASTURIAS
Eloy Alonso se apoya en un informe jurídico redactado tres días después de que el edil pusiera en conocimiento de la Guardia Civil una serie de irregularidades vinculadas al aparcamiento proyectado en el entorno del aeropuerto de Asturias
25 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El juzgado de guardia de Avilés ya tiene en su poder la denuncia presentada ante la Guardia Civil por el concejal de Urbanismo de Castrillón, Gustavo Prieto, el pasado 21 de febrero por un presunto delito de prevaricación en la tramitación del aparcamiento proyectado en el entorno del aeropuerto de Asturias. El meollo de la problemática —una discrepancia entre Prieto y el resto del equipo de Gobierno en la parte burocrática del proceso— reside en un error de transcripción en los números de referencia catastral de la parcelas en las que se ubicaría el aparcamiento. La corrección de esas referencias fue enviada al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) —previa aprobación del concejal de Urbanismo— a través de la oficina técnica municipal y paralizada posteriormente sin el conocimiento de nadie del Gobierno local. Quién ordenó mandar ese mensaje a través del correo de secretaría de Alcaldía es lo que se investiga, ya que el concejal denunciante entiende que el correo entre administraciones —Ayuntamiento de Castrillón y BOPA— se produce de forma irregular al no constar en ningún expediente municipal.
La postura del resto del equipo de Gobierno es que la corrección de las referencias catastrales sí deben pasar antes por el Pleno para su aprobación y posterior comunicación oficial al BOPA. Esta versión, según el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, está apoyada íntegramente en un informe jurídico interno del Ayuntamiento. Un informe que fue redactado el 24 de febrero, tres días después de que Gustavo Prieto denunciara los hechos ante la Benemérita. «Tengo la conciencia muy tranquila porque es lo que dicen los técnicos que hay que hacer», asegura contundente Alonso a preguntas de este periódico. «Las correcciones son algo normal, pasan mucho. Yo no puedo desdecir el informe de los técnicos que dice que tiene que pasar antes por el Pleno porque está apoyado en la ley y el que estaría incurriendo en un delito de prevaricación en ese caso sería yo», explica.
La discrepancia sobre si llevar a Pleno o no la corrección de las referencias catastrales terminó en que el alcalde le quitara las competencias del área de Urbanismo al concejal denunciante para presidir él mismo la Comisión de Territorio —así se llama el área de Urbanismo en el concejo— celebrada el pasado miércoles e incluir el asunto en el orden del día del próximo Pleno, que se celebrará el lunes 28 de abril. Con la intención de someter a votación entre los grupos la corrección de la discordia, tal y como recomienda el informe en el que se apoya el alcalde.
¿Qué dice el informe jurídico interno del Ayuntamiento?
El documento en el que se justifica que la corrección de las referencias sí debe llevarse a Pleno al haber sido cometido anteriormente también en Pleno se apoya en dos leyes. Por un lado, el texto hace referencia al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice textualmente que «cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido». El informe explica que, de acuerdo con este artículo y en consonancia con el artículo 123.1 apartado «i» de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, «se deduce la competencia exclusiva del Pleno para la corrección de esos errores».
«El error hay que corregirlo en el Pleno y solo vale a través del Pleno. De hacerlo como se hizo habría que mandar una segunda corrección porque la norma dice, según el informe de los técnicos, que no valdría. Hay rectificaciones que van a Pleno y otras que no. Las que sí van son las que se aprobaron anteriormente en Pleno, como este caso», explica el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, insistiendo en que él no tenía conocimiento del correo electrónico que se envió desde secretaría de Alcaldía rogando al BOPA la paralización de la rectificación «porque es una competencia que tengo delegada».
El alcalde explica que «se trata de un proceso tan común que es todo correcto». «Se trata de una discrepancia en la interpretación de lo que dicen los técnicos municipales, que a mí me dicen que está todo correcto con un informe y yo me baso en eso. Yo prevaricaría si voy en contra de esos informes. El equipo de Gobierno somos personas y a veces se discrepa, es normal, como en cualquier familia. Al final los políticos decimos qué queremos hacer y los técnicos nos dicen cómo. Hay un error material muy común y la norma dice que hay que llevarlo a Pleno para rectificarlo, no hay más. El lunes veremos si se aprueba o no, pero espero que prime el sentido común de todos y salga adelante», zanja Alonso, asegurando además que el Partido Popular a nivel autonómico es conocedor de esta discrepancia interna que se encuentra bajo la investigación de la Guardia Civil.