Ambas partes ya han firmado el acuerdo en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos y solo faltaría el voto favorable de los trabajadores para ratificarlo
21 feb 2024 . Actualizado a las 19:30 h.El conflicto de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Asturias parece estar cerca de resolverse. El Principado y los trabajadores de Itvasa habrían llegado este miércoles a un principio de acuerdo para poner fin a una huelga que se prolonga desde el pasado mes de noviembre. Ambas partes ya han firmado el acuerdo en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) y solo faltaría el visto bueno de los trabajadores con una votación que tendrá lugar este jueces a mediodía.
En este contexto, el pleno de la Junta General ha aprobado esta mañana mantener el actual modelo público para las ITV, rechazando así la proposición de ley del PP para que empresas privadas pudieran realizar esa función contando con las autorizaciones administrativas otorgadas por el Gobierno autonómico. PP, Vox y Foro han respaldado la propuesta, rechazada por la única diputada de Podemos y por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de coalición de PSOE e IU. «Ahora estamos más relajados para afrontar las negociaciones», señalan fuentes del comité de huelga, que este miércoles acercaron posturas con los nuevos interlocutores de la negociación: la vicepresidenta, Gimena Llamedo; y el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico.
Productividad y absentismo
Fuentes del comité de huelga explican que los puntos que más tiranteces están generando entre ambas partes pasarían por la productividad y los porcentajes de absentismo, condicionados para el cobro del complemento anual de 1.498 euros brutos. En todo caso, el acercamiento por ambas partes es firme. Las mismas fuentes explican que otros puntos como las categorías profesionales y los proceso de selección quedarían fuera del acuerdo al que se pueda llegar a lo largo de este miércoles, pero quedarían pendientes de abordar más adelante.
Durante la sesión plenaria también se ha pronunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha asegurado que esta negociación «sí soluciona el problema». Además, el líder del ejecutivo ha rechazado «hablar de futuribles» y «pensar en hacer negocios». El objetivo, ha dicho, es «plantear soluciones concretas a la vida de la gente».
Las posturas de los diputados sobre el cambio de modelo
En cuanto a las posturas parlamentarias sobre el cambio de modelo en la gestión de las inspecciones, el diputado del PP, Rafael Alonso, ha advertido de la «capacidad de influencia» del socio minoritario del Gobierno -una IU que dijo no contemplar ni como hipótesis una posible privatización- y ha considerado que, dado el rechazo del PSOE a su propuesta, las afirmaciones de Barbón solo constituyeron «una amenaza velada a los trabajadores». «Le importan más las exigencias de su socio que los asturianos, la estabilidad de su sillón que las preocupaciones de los asturianos», ha subrayado el parlamentario popular tras asegurar que el modelo mixto que defendía su iniciativa reproduciría el de la mayoría de las comunidades autónomas y en ningún caso supondría una privatización de la empresa pública que presta el servicio hasta ahora.
En su réplica durante la sesión plenaria, seguida desde la tribuna de invitados por representantes del comité de empresa de Itvasa, el parlamentario socialista René Suárez ha advertido de que la propuesta del PP apunta a defender la única prioridad de los populares dado que, para ellos, «privatizar es siempre su solución», peor que no serviría para solucionar el actual conflicto. Según Suárez, el objetivo del Gobierno pasa por recuperar la agilidad en las inspecciones a través de un modelo «solvente» y que permite garantizar un servicio de calidad mediante una gestión eficiente de los recursos públicos.
Por el contrario, para el diputado de Vox, Ignacio Centeno, el actual modelo constituye un monopolio de la oferta, «lo peor para la prestación de un servicio» dado que tiende a generar «la típica inercia en la gestión» mientras que el forista Adrián Pumares, pese a considerar positivo liberalizar el servicio, ha considerado que lo más urgente es solucionar un conflicto «enquistado» que el Gobierno ha gestionado «verdaderamente mal». Para la diputada de IU-CA, Delia Campomanes, la iniciativa del PP supondría el despido a corto plazo de los trabajadores de Itvasa y que algunos empresarios hicieran «caja» asumiendo una función pública que, a su juicio, no debe gestionarse con criterios de mercado «menos eficaces para garantizar la seguridad vial y prevenir la emisión de contaminantes».
En la misma línea la parlamentaria de Podemos, Covadonga Tomé, ha advertido de que la liberalización sólo beneficia «a quienes quieren poner el negocio en marcha y a una pequeña parte de la ciudadanía» dado que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los precios de las inspecciones son mucho más caros que en Asturias y en la valencia se han reducido tras devolver el servicio al sector público.