La docencia presencial es el único punto en el que están de acuerdo los sindicatos, que rechazan unas ratios de alumnos tan elevadas, que no se vaya a poder mantener la distancia de seguridad o que sólo se contraten 400 docentes
14 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El anuncio del Gobierno regional de cómo será el próximo curso educativo en Asturias, (presencial, con desdoble de 286 aulas aprovechando todos los espacios posibles, contratación de 400 profesores y una inversión de 30 millones de euros) ha caído como una jarro de agua fría entre el profesorado tanto de la pública como de la concertada. Además, de que consideran inviable un curso post pandemia con ese planteamiento, consideran que la información que conocen por las publicaciones de los medios de comunicación lo que generan son «más incertidumbres».
A modo de resumen, puede decirse que el único punto en el que están de acuerdo las organizaciones sindicales representativas del sector educativo (ANPE, FETE-UGT y la Federación de Enseñanza de CCOO) es en que las clases vayan a ser presenciales. El resto de cuestiones coinciden en rechazarlas porque no entienden que para los primeros cursos de primaria se planteen unas ratios de 20 alumnos por aula cuando advierten que con esa cifra será imposible mantener la distancia de seguridad, que la ratio de los cursos superiores de Primaria, de la ESO o de Bachiller se quede en unas cifras tan elevadas o que sólo se vayan a contratar 400 profesores cuando la inversión que se anuncia es de 30 millones de euros. Así ven los sindicatos la propuesta que ha dado a conocer el Principado punto por punto:
1. Docencia presencial
Es el único punto en el que los representantes de los profesores están de acuerdo con el planteamiento de la Consejería de Educación. Así lo apunta Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE Asturias, o Maximina Fernández, dirigente de FET-UGT, quien señala que «el modelo presencial es al que aspiramos todos mientras pueda ser presencial». Sin embargo, la misma pone en cuestión cómo sería la educación en caso de que se ordenara un confinamiento y hace referencia a la brecha digital que se demostró que existe para hacer frente a una educación a distancia.
En este punto, el presidente de ANPE defiende que «la presencialidad tenga todas las garantías de protección» porque asegura que «en los experimentos burbuja no creemos». Así, el mismo señala que ha de ser «con mascarilla sin excepciones y con la distancia física o de seguridad de metro y medio».
2. Ratios y distancia de seguridad
Gumersindo Rodríguez apunta que «las ratios que se proponen son las que hay» para la mayoría de los cursos y que con este planteamiento se trata de acomodarlas «para no tener que hacer un trabajo de adaptación». Sin embargo, el mismo asegura que con esas ratios «es difícil o imposible mantener la distancia de seguridad» porque recuerda que los espacio físicos de las aulas son las que son con lo que su conclusión es que «habrá hacinamiento en las aulas y podrán ser fuente de contagio».
Borja Llorente, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO, señala que para su sindicato «es fundamental que los centros educativos sean espacios seguros», una seguridad que no considera que se pueda mantener «con estas medidas que se anuncian y grupos de bachiller que se van a mantener en 30 alumnos». «Nos vamos a encontrar que no será posible mantener la distancia de metro y medio y en algunos casos esa distancia será de menos de 50 centímetros porque son aulas reducidas para tantos alumnos». Así, manifiesta que «rechazamos de planos los planteamientos de la Consejería de Educación porque es insuficiente bajar solo la ratio de primero a cuarto de Primaria».
3. Contratación de profesorado
El anuncio del Gobierno regional de que se contratarán 400 profesores resulta «insuficiente» para todas las organizaciones sindicales. Para Maximina Fernández, dirigente de FET-UGT, es una cifra «ridícula» cuando señala que serían necesarios 2.000 profesores. Es más, apunta que con los 30 millones anunciados daría para contratar más de 800 profesores.
El presidente de ANPE indica que «con 400 profesores no se cubren las necesidades» e, incluso, señala que 400 docentes son los que se van a jubilar en Asturias, con lo que apostilla que «lo comido por lo servido salvo que se diga que son 400 por los que se jubilan y otros 400 de refuerzo». Para los planes de refuerzo y apoyo también entiende que habría que contratar más profesorado, así como para sustituir a los docentes más vulnerables, que pueden ser los que tienen más de 60 años y pueden tener enfermedades propias. «A ellos hay que hacerles una adaptación del puesto de trabajo», reivindica.
4. Inversión de 30 millones
A lo sindicatos no les salen las cuentas sobre cómo se van a invertir los 30 millones de euros anunciados por el Principado. Gumersindo Rodríguez argumenta que esa cantidad daría para la contratación de 857 profesores como mínimo, según sus cálculos, por lo que especifica que si se van a contratar 400 docentes, se gastarán 15 millones de euros. El mismo añade que se destinará, por tanto, dinero a la compra de material y optimización de espacio, pero entiende que 15 millones «es mucho dinero para comprar mascarillas, geles y adoptar más condiciones de seguridad», ya que matiza que «los espacios son los que son y no se están haciendo obras» en los centros. Así, reivindica que «toda la inversión se destine a educación» y que se busquen espacios para hacer grupos más pequeños.
A colación de esto, el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO ha criticado que con las medidas anunciadas por la consejería sean «la constatación de que se han impuesto los criterios económicos y de racionalización del gasto frente a los criterios educativos y sanitarios», y ha agregado que para la organización sindical que representa «es fundamental que los centros educativos sean espacios seguros».
5. Contingencia ante rebrotes
Otra preocupación de los sindicatos a la que consideran que el Principado no ha dado respuesta con el anuncio de este lunes sobre cómo será el próximo curso es sobre la contingencia ante rebrotes. Gumersindo Rodríguez señala que la vuelta presencial es lo deseable pero se ha preguntado cómo será la situación en los centros ante un rebrote o contagios. Apunta que no es suficiente con que la Consejería de Educación haya dado orden a los centros escolares de planificar esa posibilidad. En su opinión, tiene que hacer un protocolo base que después puedan adaptar los centros según sus condiciones, pero que garantice que las medidas que se van a tomar son similares en todos los centros.
Además, hace referencia a que a esos alumnos de nuevo se les volvería a cortar el proceso educativo, por lo que entiende que hay que estipular como serán los horarios, las tareas o los instrumentos que va a necesitar para continuar con la formación. «Todo esto está sin hacer y sin planificar» y el mismo indica que «ya hay una experiencia para hacer una planificación meticulosa». Es más, advierte de que ya hay alumnos que llegarán «en peores condiciones de aprendizaje» como consecuencia del parón del curso pasado y que es necesario plantear los refuerzos y apoyos también a la hora de contratar profesorado.
6. Anuncio sin negociación
Otro punto de fricción ha sido que el Gobierno regional realizara este anuncio sin haber convocado la mesa sectorial que habían solicitado las organizaciones sindicales hace casi dos meses y sin haber negociado con ellos. La representante de UGT manifiesta que «la Consejería no está haciendo bien las cosas» y que este anuncio es «un ninguneo más a las organizaciones sindicales que representan a los profesores». Por ello, Maximina Fernández entiende que «los profesores estarán indefensos» sobre lo que supondrá su trabajo y que lo que se ha generado es «más incertidumbre», además de una vulneración de los derechos sindicales fundamentales.
Así, el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO ha trasladado que «en esta situación cobran más sentido que nunca las movilizaciones que comenzarán el próximo día 21 en la Consejería», por lo que ha hecho un llamamiento «a todo el profesorado a hacer ver el rechazo a la manera de proceder en que se imponen los criterios económicos sobre los criterios sanitarios y de seguridad laboral».