Un impuesto gravará en el 2023 beneficios de las energéticas por el alza de luz, gas y carburantes
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El Gobierno no podrá aplicar el nuevo gravamen con efectos retroactivos ni al 2021 ni a un 2022 de cotizaciones históricas
26 jun 2022 . Actualizado a las 10:10 h.No será para ya, como quería la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero habrá impuesto a las compañías energéticas a partir del 1 de enero, como defendía la bancada socialista del Gobierno, liderada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por eso, porque será un gravamen de nueva creación, no ha sido incluido en el real decreto aprobado ayer y será necesario tramitarlo como proyecto de ley en el Congreso y en el Senado, de modo que pueda empezar a aplicarse a partir del 1 de enero, según avanzó el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez aclaró que «el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas [no solo de las eléctricas, por tanto] obtenidos como consecuencia del alza de los precios» en los últimos meses. Porque «las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia. Deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa de los perjuicio de las mayorías».
El presidente destacó que los dos partidos de la coalición de Gobierno presentarán el impuesto en las próximas semanas en el Congreso como proposición de ley. De momento, Sánchez avanzó que para el diseño están mirando lo que están haciendo otros países europeos, en especial, Italia, admitió. Allí, el Ejecutivo de Mario Draghi recauda para el Estado un 25 % de los beneficios que obtuvieran de diferencia entre el 1 de octubre del 2021 y el 31 de marzo del 2022 con respecto al mismo período del año anterior, siempre que sea superior a los cinco millones de euros. Afecta a todas las empresas energéticas, también a las que hacen negocio con el gas natural o el petróleo. Con esos recursos, Italia cofinancia las medidas de alivio para familias y empresas.
Yolanda Díaz optaba por modificar el actual impuesto de sociedades, del 25 %, para incrementar la carga fiscal a las eléctricas. Esto sí hubiera podido aprobarse en Consejo de Ministros en forma de real decreto, pero finalmente prosperó la tesis de María Jesús Montero de crear un gravamen nuevo y, por tanto, de tramitarlo como proyecto de ley. Esta decisión provocará que el impuesto se aplicará en el 2023, es decir, no se podrán tocar los beneficios adicionales obtenidos por el sector ni en este 2022, de cotizaciones históricas, ni tampoco durante la segunda mitad del 2021, que fue cuando empezaron a escalar de forma extraordinaria los precios del petróleo —y, por tanto de los combustibles— y del gas natural —y, por ende, de la electricidad—.
José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, organizados en torno al sindicato Gestha, recordó que la normativa tributaria impide aplicar con efectos retroactivos los gravámenes desfavorables al contribuyente.
El Gobierno ya legisló para retener parte de esos beneficios extraordinarios, pero solo los que cobran las centrales de generación que no usan gas (todas menos los ciclos combinados y algunas plantas de cogeneración) por la venta de su producción en el mercado mayorista de electricidad. Esto se aplica desde octubre pasado, aunque no existen datos oficiales sobre la recaudación.
Además, la implantación del mecanismo que impide a los ciclos ofertar su producción a los precios de mercado del gas —se aplica un tope máximo de 40 euros por megavatio hora— también ha reducido los beneficios extra que obtenían el resto de tecnologías, aunque tampoco se dispone de en qué cuantía.
