El Gobierno amplía la rebaja de las ganancias a las empresas para financiar costes fijos y adelgazar la factura
13 abr 2022 . Actualizado a las 11:24 h.El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley con una batería de medidas para mitigar el impacto que está teniendo la fuerte crisis de precios de la energía entre los consumidores de electricidad y que se ha publicado en el BOE de hoy. A efectos prácticos, el principal y más inmediato salvavidas será la rebaja de una parte de los costes fijos de la factura de la luz, los denominados cargos, con los que se financian partidas del sistema eléctrico como las primas a las renovables o el déficit de tarifa que se arrastra de años anteriores. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica detallaron que la reducción será de unos seis euros al mes para un recibo doméstico medio.
La factura adelgazará de ese modo gracias a una inyección económica de 1.800 millones procedentes de las empresas del sector. Es el dinero que dejarán de cobrar este año las plantas que disfrutan de un régimen retributivo especial, denominado Recore (renovables, cogeneración y residuos). No es un recorte de beneficios, sino una liquidación por adelantado de lo que cobran del sistema por la venta de electricidad en el mercado mayorista diario. Ese régimen especial proporciona a estas instalaciones una rentabilidad anual garantizada del 7,4 %, y deben rendir cuentas cada tres años. Si durante ese tiempo, superaron ese umbral, deben devolver una parte de los ingresos; y si no lo alcanzaron, el sistema les retribuye la diferencia hasta alcanzar ese 7,4 %. Estas liquidaciones se realizan cada tres años, pero el ministerio negoció con ellas para adelantar esa revisión y los 1.800 millones que previsiblemente tendrían que reintegrar al sistema eléctrico el año que viene, renuncian ahora a recibirlos. El dinero se dedicará a rebajar los cargos de la factura hasta fin de año. Según el ministerio, un 55 %.
Pero no será el único recorte de cargos que experimentará el recibo eléctrico este año. El Gobierno planea hacer otro más (que no ha cuantificado todavía) con una medida de lo más polémica: la ampliación del recorte de los beneficios extraordinarios que obtienen las compañías eléctricas. En realidad, ya se lo aplica desde octubre pasado, pero ahora lo prorroga hasta el 30 de junio y, además, lo extiende.
La minoración afecta a las plantas de generación que ni tienen que comprar gas natural ni derechos de emisión de dióxido de carbono (es decir, todas salvo las centrales de ciclo combinado), pero que cobran cada día la electricidad en el mercado mayorista como si lo hicieran. Es decir, se benefician de los elevados precios de las materias primas aunque no tengan que adquirirlas. Y esto es así porque el sistema marginalista de fijación de precios medios de la electricidad al por mayor favorece justamente eso, que la central más cara sea la que determine el coste que perciban todas las demás. Como el sistema marginalista no se puede tocar -de momento, al menos-, el Gobierno decidió descontarles a esas plantas una parte de esos beneficios extraordinarios obtenidos por la fuerte revalorización de las materias primas. Sin embargo, dejó fuera de esa ecuación a las centrales que demostrasen que, en realidad, la electricidad que producían no la cobraban a esos precios de mercado, sino a otros más bajos pactados en contratos bilaterales firmados con meses de antelación. Es lo que defendían las compañías, que la mayor parte de la energía que pasa por el mercado no ingresa esas cotizaciones diarias tan elevadas.
Pero, a partir de la entrada en vigor del real decreto aprobado este martes, algo que ocurrirá a partir de este jueves, el Gobierno amplía la minoración de beneficios a los contratos bilaterales que o se renueven o se firmen por primera vez a precios superiores a 67 euros el megavatio hora. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno se siente respaldada por la Comisión Europea para adoptar esa medida, aunque no permite que se aplique de forma retroactiva. Las empresas eléctricas todavía no se han pronunciado, pero en octubre pasado amenazaron con denunciar el recorte y negaron que estuviese percibiendo esos beneficios extraordinarios.
Ribera avanzó que el objetivo es incentivar la firma de contratos bilaterales, pero a precios razonables. Citó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la aplicación del recorte de beneficios desde octubre pasado en la que detectó que se estaban actualizando contratos a partir de las cotizaciones del mercado de futuros, que reflejan todavía los precios de mercado actuales, que el Gobierno considera coyunturales.
Transición Ecológica no ha realizado todavía el cálculo sobre cuánto recaudará por esa vía y, por tanto, también desconoce cuánto podrá reducir los cargos de la factura. Aunque fuentes del ministerio indicaron que todo dependerá de cómo reaccionen las empresas eléctricas y confían en que lo hagan bajando los precios.
La reforma de verdad tendrá que esperar
La medida estrella del Gobierno para reducir más la factura final de los consumidores tendrá que esperar entre tres y cuatro semanas más. Es el tiempo que el Gobierno calcula que tardará la Comisión Europea en autorizar a España y a Portugal a imponer un tope a las ofertas de precio que podrán realizar los ciclos combinados en el mercado mayorista, responsables de que la electricidad lleve desde el verano pasado en máximos históricos.
Teresa Ribera no quiso desvelar cuál será ese techo, pues aclaró que todavía están trabajando con el Gobierno luso para diseñar la propuesta conjunta que enviarán esta semana a la Comisión. El umbral que se impondrán al gas está en fase de discusión, pero será el «más bajo posible» y garantizó que el precio del mercado eléctrico «será considerablemente más bajo» que el actual.
Sin embargo, las centrales de ciclo combinado tendrán que ser compensadas cuando tengan que respetar ese umbral y ofertar por debajo de sus costes de producción. «El gas se va a pagar, nadie nos lo va a regalar». Fuentes del ministerio reconocieron que ese coste lo afrontará la demanda, es decir, todos los consumidores de electricidad, aunque resaltaron que, pese a eso, los clientes saldrán ganando con el abaratamiento que se producirá con la aplicación del tope.
500 millones para la industria
El plan para abaratar la energía afectará también a la industria. La electrointensiva quedará exenta de pagar el 80 % de los peajes (que con los cargos conforman los costes regulados de la factura de electricidad), medida que equivaldrá a 250 millones de euros, detalló la ministra. También se incrementará la dotación presupuestaria destinada a compensar los costes indirectos de CO2 hasta el máximo permitido por la Comisión Europea, que serán 244 millones; y se otorgarán 125 millones en ayudas para sectores industriales cuya intensidad en consumo de gas es alta. Fuentes del ministerio avanzaron que estas últimas subvenciones están supeditadas a la aprobación de Bruselas pues se trata de ayudas de Estado, permitidas de forma excepcional por la Comisión Europea, pero que tiene que convalidar.
Ampliación del bono social
La otra medida de aplicación inmediata será la ampliación del número de beneficiarios del bono social eléctrico. Habrá 600.000 más, hasta los 1,9 millones de hogares, según datos del ministerio. Así, todos los perceptores del ingreso mínimo vital (428.000 hogares) con contrato de suministro disfrutarán automáticamente de los descuentos que proporciona ese mecanismo: del 60 % para consumidores vulnerables y del 70 % para los vulnerables severos. Para optar a estas categorías, además, se incrementarán ligeramente los límites de renta y se tendrá en cuenta el número de convivientes en la unidad familiar. Las rebajas se aplican sobre un límite de consumo por punto de suministro, y ahora se computará también el número de personas que viven en el hogar. La renovación para los beneficiarios será automática, es decir, ya no habrá que solicitarla cada dos años. Además, obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno modificará el sistema de financiación del bono, que pasarán a costear todas las empresas del sector, es decir, comercializadoras, generadoras, distribuidoras y transportistas. El Supremo lo anuló porque solo lo pagaban las primeras.
Medidas para acelerar la transición energética: llega la fotovoltaica flotante
Casi todas las medidas diseñadas por el Gobierno son temporales, entre tanto dure la crisis de precios energéticos. Pero también hay otras estructurales, que llegarán para quedarse, con las que el Ejecutivo quiere reforzar su apuesta por la transición energética y acelerar la implantación de tecnologías renovables que desplacen definitivamente los combustibles fósiles. Entre ellas, la tramitación superacelerada de los proyectos eólicos de hasta 75 megavatios fotovoltaicos de 150, siempre que estén previstos en suelos con baja afección ambiental y que no incorporen sistemas de evacuación hasta más allá de 15 kilómetros, detalló Teresa Ribera. Además, se modifica la ley de aguas para permitir el despliegue de fotovoltaica en masas de agua de dominio público hidráulico gestionadas por las confederaciones hidrográficas y que será inmediatamente desarrollada en una norma que saldrá a información pública esta semana, según avanzó la ministra. El real decreto aprobado en Consejo de Ministros también reserva capacidad de evacuación para las instalaciones de autoconsumo para acelerar su implantación y recoge la instalación de plantas almacenamiento eléctrico aisladas, no vinculadas a un parque de generación.
Prórroga de las bajadas fiscales de la luz y del tope de subida de la factura del gas
Como estaba previsto, el Gobierno prorroga hasta el 30 de junio las rebajas fiscales en la factura de la luz: el IVA se mantendrá en el 10 %; el impuesto especial de electricidad, en el 0,5 %; y sigue la suspensión del impuesto a las eléctricas del 7 % sobre el valor de la producción. También se prorroga la prohibición de subir la factura del gas más de un 5 % por trimestre para los que tengan contratada la tarifa de último recurso de gas y se mantiene la flexibilidad para los contratos de gas de los industriales.