Las eléctricas, forzadas a bajar tarifas para que no les recorten los beneficios
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El Gobierno penalizará los contratos que superen un umbral de precios cuatro veces más bajo que el de mercado
31 mar 2022 . Actualizado a las 10:28 h.«A partir de mañana [por este jueves] tendrán que ver qué precio ofrecen porque habrá una minoración de beneficios a partir de un umbral». Es la advertencia lanzada por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a las compañías eléctricas, que se verán forzadas a rebajar las tarifas de electricidad a precio fijo que ofrecen a sus nuevos clientes minoristas o a los que ya lo son, pero les toca renovar el contrato de suministro, para que el Gobierno no les aplique el recorte de beneficios aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que siempre que «el precio ofertado al particular supere los 67 euros por megavatio hora» hasta el 30 de junio próximo «se aplicará una reducción de los beneficios obtenidos por considerarse que están por encima de aquello que es razonable».
El Gobierno obligará así a las empresas a elegir: o rebajan tarifas hasta alcanzar ese listón durante los tres próximos meses o se les aplicará un recorte a sus ganancias. Y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado revisiones de tarifas desorbitadas. Aunque, eso sí, los contratos que ya están firmados no estarán incluidos en esta medida, que no se aplicará con efecto retroactivo.
Las compañías todavía no han reaccionado oficialmente a las actuaciones aprobadas por el Consejo de Ministros para contener los elevados precios energéticos.
Para Jorge Morales de Labra, experto en regulación eléctrica y director de la comercializadora Próxima Energía, la medida «va a tener un impacto enorme» porque, aclara, a las eléctricas no les va a interesar renovar contratos, preferirán cancelarlos antes que actualizarlos a precios más bajos. «Estaban ofreciendo en las renovaciones por encima de los 30 céntimos por kilovatio hora a pesar de que venían de tarifas por debajo de los 20», denuncia Morales de Labra.
No es prohibir o limitar las subidas de precios eléctricos en el mercado libre, pero casi.
Una referencia normal
¿Por qué esa referencia tope de 67 euros por megavatio hora? Es el nivel que el Gobierno considera razonable para el mercado mayorista de electricidad, que en la actualidad casi multiplica por cuatro esa cifra (hoy está a 240), golpeado por una crisis energética avivada por la guerra que ha disparado las cotizaciones del gas natural. Este hidrocarburo es el que condiciona las cotizaciones diarias de la electricidad al por mayor.
El Consejo de Ministros del martes lo que hizo fue modificar un real decreto de septiembre pasado que ya implantó la minoración de beneficios para las plantas de generación que estaban cobrando la luz a precio de gas sin usarlo para sus procesos. De aquel real decreto quedaron excluidos los contratos bilaterales, pues las compañías argumentaban que los precios pactados eran muy inferiores a los que arrojaba el mercado y, por tanto, no había tales beneficios. Sin embargo, la modificación del real decreto incorpora esa modalidad a la minoración de ganancias.
En opinión de José Luis Sancha, profesor de Comillas ICAI y especialista en el sistema energético español, «es evidente que hay beneficios extraordinarios, con estos precios del gas tan elevado y es legítimo actuar sobre ellos». Además, recuerda que la decisión adoptada por el Gobierno tiene la bendición de la Comisión Europea y que, por tanto, poco podrán decir en contra las compañías.
El Gobierno preveía ingresar 2.600 millones durante seis meses
El Gobierno ya quiso atajar en octubre los ingresos extra que obtienen las compañías por la venta de electricidad en el mercado mayorista, sobre todo si sus centrales no tienen que comprar gas o derechos de emisión. En un primer momento incorporó también los contratos bilaterales, pero finalmente los excluyó ante el argumento de que los precios de venta no eran los de mercado, sino otros muy inferiores pactados con antelación. El Ejecutivo llegó a hacer una previsión de ingresos: 2.600 millones durante seis meses. El ministerio desconoce todavía la recaudación definitiva, descontando los contratos a plazo, como también a cuánto ascenderá la ampliación de la minoración hasta el 30 de junio.
La factura doméstica se abarata hasta fin de año unos modestos seis euros al mes
Los recursos que obtenga el Gobierno con la ampliación de la minoración de beneficios a las compañías eléctricas irán destinados a adelgazar la factura eléctrica de los consumidores, aunque para ver sus efectos aún habrá que esperar. No será así con otra medida, parecida, pero no idéntica, que hará bajar la luz a partir de este mismo jueves. Es cuando entran en vigor los nuevos precios aplicables a los distintos segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico. Los cargos son una pequeña parte de los costes regulados, junto a los peajes de transporte y distribución. Con ambos conceptos, que representan en torno al 16 % del importe total de un recibo doméstico, se recaudan fondos para sufragar costes del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el déficit de tarifa y la retribución a las operadoras de las redes de transporte y distribución.
El real decreto de medidas urgentes del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado el martes, incluye una rebaja hasta fin de año de los cargos de la factura, que se traducirá en unos discretos seis euros menos al mes, según el ministerio. Jorge Morales de Labra apunta a que serán menos: cuatro euros mensuales de ahorro.
La minoración de beneficios a las compañías también se destinará a seguir bajando los cargos. Los peajes no los puede tocar el Gobierno porque los regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Lo que dejarán de pagar los consumidores de aquí a fin de año con la rebaja que entra en vigor se sufragará también con dinero de empresas del sector eléctrico, pero no será una minoración de beneficios como tal, sino que adelantarán la devolución al sistema de 1.800 millones que les tocaba realizar el próximo año. El ministerio llegó a un acuerdo con las plantas de renovables, cogeneración y residuos acogidas a un régimen retributivo especial que les garantiza una rentabilidad razonable anual del 7,4 %. Los números se revisan cada tres años y si superan esa barrera tienen que reintegrar los recursos y si no la alcanzan, el sistema les hace un abono. La liquidación tocaba en el 2023 y salían a devolver esos 1.800 millones.
Más esfuerzos con la luz
La mayor parte de los esfuerzos económicos desplegados hasta el momento por el Gobierno para atajar la crisis de precios energéticos se han concentrado en la electricidad. Al recibo se le aplica una rebaja fiscal temporal desde el verano pasado de la que no disfrutan ni los carburantes ni el gas, para los que adoptó soluciones diferentes: para los primeros, descuentos directos en el surtidor; para el segundo, topes a las subidas.
