Remite a Bruselas una estimación de caída del PIB del 9,2 % y una deuda disparada al 115 %
01 may 2020 . Actualizado a las 22:11 h.El impacto del coronavirus será de una brutalidad sin precedentes para la economía española, y así lo admite el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. En él pone negro sobre blanco los peores temores avanzados por organismos nacionales e internacionales: un desplome dramático del PIB del 9,2 % este año, que destruirá casi dos millones de empleos y hará dispararse la tasa de paro hasta el 19 %.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró ayer en la rueda de prensa en la que presentó los datos, acompañada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el Ejecutivo ha optado por hacer unas previsiones «prudentes», situándose en el peor escenario posible, que es «lo más responsable» dada la «enorme incertidumbre».
Recuperación gradual, no rebote
Pese al negro horizonte a corto plazo -la hecatombe aún será mayor en el segundo trimestre-, el Gobierno confía en que en la recta final del año arrancará una recuperación que ganará vigor el próximo. La V pronosticada hace unas semanas (caída brusca y rebote intenso) se convierte ahora en una V «asimétrica», con una reactivación más gradual del crecimiento.
De este modo, el nuevo cuadro macroeconómico enviado a la Comisión Europea prevé para el 2021 un repunte del PIB del 6,8 % y un descenso de la tasa de paro al 17,2 %. Es decir, que aunque el desempleo no alcanzará las cotas de la última crisis, cuando frisó el 27 %, y de cuyas cicatrices aún se duele, la contención de la sangría el próximo año no devolverá al mercado laboral a la situación previa a la infección.
El resto de indicadores son igualmente negativos. Se espera un colapso del consumo privado, que menguará un 8,8 % (repuntará el 4,7 % el próximo año), mientras que la inversión aún se hundirá más, un dramático e insólito 25,5 % (rebote del 11,6 en el 2021), y, dado que 160 países del mundo están afectados por la pandemia, también sufrirá el comercio exterior. Exportaciones e importaciones retrocederán el 27,1 % y el 31 % respectivamente, con un avance posterior del 11,6 y del 9,3 %.
En este escenario de cortocircuito general solo el consumo público aumentará: el 2,5 % este año y el 1,8 % el que viene.
El Ejecutivo espera un desplome histórico del PIB y la destrucción de casi dos millones de empleos El esfuerzo del Estado para contener la pandemia y su coste social llevarán a las cuentas públicas a unas condiciones incluso más extremas que las de la crisis del 2008. El Gobierno estima que el déficit público este año dinamitará el esfuerzo de los últimos 8 años en disciplina fiscal, al desbocarse hasta el 10,34 % (115.671 millones de euros frente a los 33.000 con los que cerró el 2019), el peor desajuste desde el 2012, como admitió Montero. Y más dramática aún será la cifra de deuda, que escalará a un nunca visto 115,5 % del PIB, como ya había avanzado el FMI.
Fin «abrupto» al crecimiento
Calviño destacó que las previsiones del Gobierno han tenido en cuenta la «brusca contracción» del PIB mundial y europeo, en línea con los pronósticos del FMI. «La economía española estaba creciendo por encima de la media de la zona euro, pero el shock inesperado de la pandemia ha supuesto un fin abrupto a este positivo crecimiento y el escenario ha cambiado por completo», lamentó. También subrayó que las estimaciones están «avaladas» por la Autoridad Fiscal (AIReF), pero el organismo matizó que aunque las cifras son «razonables», existen intensos riesgos que debilitarían la vigorosa recuperación que espera el Ejecutivo.
Un salvavidas de 28.400 millones para hogares y empresas en seis semanas
El documento remitido por el Ejecutivo a Bruselas detalla igualmente la factura pública que, hasta el momento, ha supuesto la pandemia: 28.403 millones de euros desembolsados en seis semanas como parachoques de hogares y empresas, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La cuantía, equivalente por ejemplo a tres meses de nómina de pensiones, se dispara hasta los 139.000 millones si se incluyen también los 104.400 millones correspondientes a medidas de liquidez, como los avales de crédito para empresas y autónomos. A lo anterior añade Hacienda una minoración de ingresos de 6.119 millones, que corresponden, entre otros, al IVA cero para material sanitario o a aplazamientos de tributos.
En el Programa de Estabilidad se detalla el reparto del gasto directo, que ha beneficiado a más de siete millones de ciudadanos y que supone extender cobertura social al 31 % de la población activa.
Los ERTE por fuerza mayor, que cubren a unos cuatro millones de trabajadores y suponen la exoneración de las cotizaciones sociales para las empresas, se llevan la parte del león de la factura, 17.894 millones, a los que se suman otros 3.766 millones correspondientes a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. Entre ambas medidas absorben el 75 % del gasto total. Completan el cálculo las entregas a cuenta de financiación a las comunidades autónomas (2.876 millones), el crédito extraordinario para la compra de material sanitario o el gasto en bajas laborales por la infección, la protección de los hogares más vulnerables o los diferentes subsidios, como los articulados para las empleadas de hogar o para los trabajadores temporales.
El Gobierno destaca que todas estas medidas pretenden «mitigar» el impacto de la crisis en el tejido social y productivo, evitando el aumento de la desigualdad y la pobreza, y que la recuperación esperada a partir del 2021 permitirá «volver a la senda de reducción del déficit».
Trabajo facilitará compatibilizar el ERTE de fuerza mayor con la repesca parcial de plantilla
A la espera de que Gobierno y agentes sociales lleguen a un acuerdo definitivo para flexibilizar la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma, el Ministerio de Trabajo dio ayer un primer paso en esa dirección, arrojando luz sobre cómo podrán adaptarse estos ajustes de empleo por fuerza mayor a la progresiva vuelta a la actividad que muchos negocios comenzarán a partir de la próxima semana, con el desconfinamiento paulatino.
En un criterio publicado este viernes por la Dirección General de Trabajo se aclara que empresas que habían recurrido a estos ajustes de empleo para su plantilla ahora puedan comenzar a reincorporarla en función de las necesidades de su actividad y de la desaparición de la fuerza mayor, sin perder para el resto los beneficios de dicha suspensión. Es decir, que el ERTE será compatible con la repesca, total o parcial de trabajadores, ya que podrá cambiarse la suspensión de contrato por la reducción de jornada.
Insta a cambiar la suspensión de contrato por reducción de jornada «Las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Igualmente será posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas», apunta el documento, recordando que caminamos hacia la reactivación «progresiva» de la economía, a la que debe darse debida respuesta.
El mismo mensaje de tranquilidad a las empresas sobre la continuidad de los ERTE, modulando su aplicación, envió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una entrevista televisiva. «Van a continuar, pero hay que pautar en qué grado y con qué ritmo», indicó.
Los gestores que asesoran a los empresarios que, como bares o comercios, reanudarán parcialmente su actividad en los próximos días y precisan reincorporar a algunos de sus trabajadores, acogieron con alivio la instrucción del ministerio, ya que hasta ahora se quejaban de la inseguridad jurídica existente sobre la vuelta al trabajo en caso de ERTE autorizados por fuerza mayor.
La recaudación fiscal menguará en 25.700 millones, un 5 %, mientras el gasto se dispara
La contracción de la actividad se traducirá en menores ingresos para las arcas públicas. La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, así lo admitió, cuantificando en un 5,3 % la caída de la recaudación fiscal esperada (25.700 millones, en términos absolutos), situándose en 461.043 millones, el 41,2 % del PIB, un 2,1 % más que el año anterior por la mengua que experimentará la economía.
Y la menor recaudación coincidirá precisamente con la necesidad de aumentar el gasto público, preciso para reforzar el sistema sanitario y proteger a familias y tejido productivo, que se disparará algo más de un 10 %. Escalará hasta los 576.714 millones de euros, el 51,5 % del PIB.
Montero detalló también que ninguna figura tributaria escapará del impacto de la crisis, aunque será el impuesto de sociedades -grava los beneficios empresariales- el que verá más golpeada su recaudación al hundirse un 8,7 %.
Los ingresos también caerán en el IRPF (2,4 %), el IVA (5,2 %), los impuestos especiales (6,7 %) y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se hundirán nada menos que el 37,9 %. Las cotizaciones sociales menguarán prácticamente un 6 %.
Montero aseguró que el Gobierno mantiene sus planes fiscales incluidos en el último Presupuesto fallido, como las tasas Tobin y Google, a las transacciones financieras y a los servicios digitales. En tramitación parlamentaria, el Ejecutivo espera poder aplicarlas a finales del ejercicio. Lo que no habrá es bajadas de impuestos.
