El aumento dramático del gasto público aboca al país a una larga década de ajustes
02 may 2020 . Actualizado a las 10:18 h.Una «V asimétrica». Es la previsión que envió ayer el Gobierno a Bruselas para explicar cómo evolucionará la economía española en el 2020. Una letra para ilustrar lo que los números no aciertan a explicar del todo. Quizá por la incertidumbre, pero lo cierto es que se hace difícil imaginar cómo un desplome anual del 9,2 % del PIB, causado por la pandemia, se traducirá en un desempleo del 19 % cuando la caída acumulada del PIB en los cinco peores años de la anterior crisis (8,8 %) acercó el paro al 27 %.
Las cuentas indican que el Ejecutivo está fiando sus cartas a la supervivencia incierta de las empresas y a su capacidad para reabsorber a los trabajadores con ERTE. «Es muy probable que al menos un 20 % de los afectados por una suspensión temporal de empleo terminen pasando a formar parte de las listas de desempleo de los próximos meses», advierte el economista Juan Carlos Higueras en un informe publicado recientemente. Otros expertos comparten su opinión: se está subestimando su impacto.
Muchos negocios necesitarán abundantes manguerazos de liquidez y una extensión de los ERTE para sortear la quiebra. Al menos hasta que la demanda se recupere en la segunda mitad del año. Y eso exige dinero. En eso coinciden el Gobierno, Bruselas, el Banco Central Europeo (BCE) y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI): Hay que gastar. El mayor riesgo para la estabilidad de España es quedarse corta. Ahora bien, sería conveniente explicar cómo va a financiar el Ejecutivo el rescate. Y los números no cuadran.
El déficit estimado por el equipo económico para el 2020 es del 10,34 %. Un agujero fiscal de 115.671 millones de euros alimentado por el gasto masivo y la «fuerte» caída de los ingresos. Es probable que la factura engorde. Los cálculos gubernamentales dan por descontado unas condiciones más o menos favorables de financiación en unos mercados que ya desconfían de la solvencia de Italia y España para superar la crisis. Ambos acumulan unos niveles de deuda difícilmente digeribles en condiciones normales (134,8 % y 95,5 % del PIB, respectivamente) así que no disponen de gran margen para los fuegos artificiales. Aquí es donde se despeja la incógnita de la ecuación: la intervención europea será decisiva para aligerar la carga.
En manos de la UE
La capacidad de reacción del Ejecutivo español dependerá de las condiciones más o menos flexibles que le ofrezca la UE para acceder a dinero fresco sin intereses. Lo reconoció ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De no ser así, el Gobierno deberá elegir entre una nueva indigestión de deuda o dejar morir parte del tejido empresarial. Las previsiones saltarían por los aires.
Para que la pieza encaje, el Ejecutivo tendrá que asumir «condiciones». Es indiferente cómo lo llamen: rescate o crédito en condiciones muy favorables. Lo relevante es el coste que acarearrá, la senda de recortes que vendrá después y que, con las cifras de endeudamiento que maneja la Moncloa, abocaría al país a una década de ajustes. Siete años es lo que ha tardado España en rebajar el déficit del 10, 7 % (2012) al 2,8 % (2019). Un ritmo difícil de seguir si las empresas se ven obligadas a echar el candado.
Credibilidad dañada
La tregua que ha concedido la Comisión Europea, arrinconando los compromisos de consolidación fiscal, no durará para siempre. España parte con un problema de credibilidad después de revertir en el 2019 la senda de ajuste del déficit iniciada en el 2012. Madrid notificó un desfase de 7.500 millones de euros respecto al umbral pactado (2,2 %). Eso tras sacar pecho por crecer más que la media de la zona euro. Sería razonable pensar que en cuanto la «V asimétrica» trazada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, roce el PIB anterior al estallido de la crisis, el Ejecutivo comunitario exija un plan viable para poner las finanzas en orden.
Las predicciones del Gobierno indican que la economía no recuperará el pulso hasta el 2022. Eso en un escenario en el que la actividad se recupere de forma notable en la segunda parte del año y se anote nada menos que un crecimiento del 6,8 % del PIB en el 2021. El FMI cree que apenas llegará al 4,3 % y persisten las dudas sobre la disponibilidad de fondos para auxiliar a las empresas. El plan de estabilidad está en cuarentena.