El comité de empresa rechaza las causas alegadas por la dirección al asegurar que Trubia tiene asignada de forma exclusiva algunos de los componentes metálicos a la empresa
30 ene 2020 . Actualizado a las 16:48 h.El fabricante de munición Expal se ha reafirmado ante los sindicatos en su intención de ejecutar un despido colectivo para los 52 trabajadores de sus instalaciones de Trubia, así como el cese de la actividad por causas organizativas y productivas.
La dirección de la compañía ha mantenido en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) la primera reunión con el comité de empresa para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE), al que los representantes sindicales se oponen de manera frontal. De hecho, tras esta primera reunión el comité de empresa ha decidido convocar dos días de huelga para los próximos lunes y martes, 3 y 4 de febrero, ha informado a Efe el presidente del órgano de representación sindical, Javier Rodríguez.
El comité de empresa rechaza las causas alegadas por la dirección al asegurar que Trubia tiene asignada de forma exclusiva algunos de los componentes metálicos que fabrica Expal, que cuenta con otros seis centros productivos en España. El cese de la actividad en Trubia exigiría a Expal comprar dichos componentes a la competencia o trasladar su producción a otra de sus factorías, dos opciones que supondrían un lastre económico para la empresa, alertan desde el Comité.
Pese al anuncio de cese de actividad, Expal mantendría las instalaciones del antiguo taller de Municiones de Trubia, alquiladas hace tres años al Ministerio de Defensa durante una década. Estas instalaciones, especializadas en la fabricación de munición de mediano y gran calibre, cuentan con 30 trabajadores fijos y otros 22 eventuales. El comité de empresa ya ha solicitado a la Consejería de Industria un encuentro para analizar el anuncio de cierre y reclamar apoyo institucional en la búsqueda de alternativas. El diputado de Foro Pedro Leal también ha emplazado al Gobierno del Principado a defender el empleo y la actividad de la fábrica y a «no desviar la responsabilidad al gobierno de España».