La sentencia del TSJA que anula la ordenanza de protección del medio ambiente es el último caso en una larga lista de «descuidos»
27 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La falta de personal en el Ayuntamiento de Oviedo ha sido una de las grandes quejas de Somos, PSOE e IU desde que formaron equipo de gobierno. La escasez de efectivos ha ralentizado sus actuaciones desde el primer momento, una realidad que, según han denunciado en numerosas ocasiones, les ata de pies y manos. Ahora, tras tres años en el Ejecutivo local, fuentes municipales señalan que el problema podría ser de mayor calado. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la ordenanza de protección del medio ambiente en Oviedo -por un error de forma- es el último caso en una larga lista de «descuidos» que da munición a esas voces que, desde dentro del consistorio, hablan de «boicot». Dejan claro que no se refieren a todos los empleados públicos, sino a algunos de los que ocupan los escalafones más altos, que son los que tienen capacidad para condicionar la marcha del ayuntamiento.
Ningún miembro del tripartito ha denunciado, todavía, esta situación públicamente. Tan solo la vicealcaldesa se ha referido al asunto, aunque sus declaraciones, que apuntan en esa dirección, han sido comedidas: «El ayuntamiento continúa con los mismos técnicos que tuvo el gobierno del PP a lo largo de 26 años y eso es sintomático y algo en lo que habría que profundizar», aseguró en el momento en el que valoró la sentencia del TSJA. Respecto a si existen discrepancias con los servicios jurídicos municipales, se limitó a decir que «las dinámicas son las que son y son cosas que habría que profundizar en ellas».
Tal y como afirmó Taboada, gran parte de los máximos responsables de servicio del ayuntamiento ya lo eran en la época de Gabino de Lorenzo en la alcaldía. Siguieron con Caunedo y todavía permanecen. Estos vínculos, unidos a que, según recuerdan las mismas fuentes, «todas las sentencias judiciales en contra han sido por cuestiones de forma, no de fondo», les hacen sospechar que son demasiados «descuidos». El último caso conocido es el de la anulación de la ordenanza de protección del medio ambiente de Oviedo. En esta ocasión, el juez no entra en cuestiones de fondo, ya que al no incluir una memoria económica, anula la ordenanza.
Hace solo una semana, el Juzgado de lo Contencioso Número 6 de Oviedo anuló el cambio de nombre de 21 calles de Oviedo por la Ley de Memoria Histórica. El motivo, que no se cumple la necesaria justificación.
Otro ejemplo de esos «descuidos» que denuncian las mismas fuentes es el de la Auxiliar de Recaudación. Los servicios jurídicos municipales presentaron fuera de plazo el recurso ante el Supremo por una confusión con el calendario de festivos. El error hizo firme la sentencia y obligó a que los 29 trabajadores de la empresa privada se incorporasen a la plantilla municipal.
Todavía hay otro caso con sentencia por el medio. Es el conocido como «IBI a los ricos». El juez anuló la ordenanza por un motivo similar al de los casos anteriores, por un defecto de forma. En esa ocasión, se incumplió la obligación de publicación en medio de comunicación.
Otros casos
Los casos con sentencia judicial son los más conocidos, pero fuentes municipales sostienen que es el día a día dentro del consistorio. Recuerdan, por ejemplo, que el ayuntamiento se quedó fuera del Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias porque la solicitud se presentó fuera de plazo o la contratación del escenario de San Mateo del año 2017, que pese a ser mismo procedimiento y los mismos requisitos que en ediciones anteriores, se hizo «in extremis». Algo similar ocurre con el mercado de Gascona. Un juez decidió paralizarlo por una denuncia interpuesta por la Asociación de Vecinos de Gascona. Los técnicos municipales firmaron cuatro informes en contra de ese evento. Llevaba cuatro años celebrándose.
La lentitud en la tramitación de documentos es otra de las quejas. El caso más conocido es, según señalan las mismas fuentes, la cubierta de la pista del colegio de Ventanielles. Lleva 33 meses y no se ha finalizado. El plazo de ejecución era de 45 días.
Por último, destacan situaciones en las que incluso se niegan a hacer el trabajo marcado por los responsables políticos. Es el caso de la petición de una auditoría interna por el caso Enredadera o la de la realización de un inventario del patrimonio deportivo municipal.
