El 5 y 6 de octubre, con motivo de la proximidad del primer aniversario del recrudecimiento del conflicto en Gaza, se desarrollarán en todo el mundo movilizaciones para pedir a la comunidad internacional que, ejerciendo toda la presión necesaria, consiga poner fin a la guerra y a la masacre de la población palestina. Hasta ahora los llamamientos globales al alto el fuego y a un acuerdo que posibilite la liberación de los rehenes israelíes que permanecen cautivos a manos de Hamas, han resultado infructuosos, pues el circuito de la violencia y los réditos políticos del horror siguen prevaleciendo.
Hamas, que, aunque controlase el territorio de Gaza no es un actor estatal pero cuenta con amparo de potencias regionales (y tiene sede política en la poderosa e influyente Qatar), y que desató esta fase del conflicto con un ataque directo y masivo contra civiles israelíes en total desprecio del Derecho Internacional Humanitario, sigue jugando su tenebrosa partida de ajedrez con el sufrimiento del pueblo palestino y con la vida de las 91 personas apresadas cuyo destino se desconoce aún (entre ellas los niños Ariel y Kfir Bibas, de 5 años y apenas unos meses, respectivamente, en el momento de su secuestro en el kibutz Nir-Oz). Y, en el otro campo, pese al clamor de los familiares de los rehenes exigiendo un acuerdo para su liberación, el Gobierno de Israel sigue enfrascado en su proyecto de castigo colectivo, convirtiendo a Gaza en territorio inhabitable y extendiendo los ataques y el hostigamiento a la población palestina en Cisjordania.
El recuento de la destrucción israelí no tiene fin, por su desproporción y magnitud. 41.000 palestinos muertos y miles desaparecidos bajo escombros. Más de 200 trabajadores humanitarios han perdido la vida bajo los ataques israelíes, la mayoría de UNRWA (la agencia de Naciones Unidas que presta apoyo humanitario a la población palestina), 35 de Cruz Roja y Media Luna Roja y 7 de World Central Kitchen. 122 periodistas muertos según Naciones Unidas, incluyendo profesionales de Reuters (Issam Abdallah, alcanzado por el ejército israelí el 13 de octubre de 2023 en el Sur del Líbano) y Al Jazeera (Samer Abu Daqqa, el 15 de diciembre de 2023, y Hamza al-Dahdouh, el 7 de enero de 2024). Más de 600 ataques computados por la Organización Mundial de la Salud frente a infraestructuras sanitarias, y más de 320 profesionales víctimas de dichas acciones. Escuelas, centros de reparto de alimentos y dependencias de UNRWA tomadas por objetivo militar. Y, como ha denunciado Amnistía Internacional con abundante material gráfico (incluyendo videos verificados que algunos soldados israelíes cuelgan ufanamente en sus redes sociales), la destrucción masiva de todo el perímetro limítrofe de Gaza, asolando un territorio de entre 1 y 1,8 kilómetros de ancho a lo largo de toda la frontera, donde se acaba con viviendas, infraestructuras civiles y campos de cultivo, con la pretensión de crear una zona de seguridad que comporta el 16% del territorio de Gaza. Una forma brutal de avanzar en la estrategia de sojuzgar y aprisionar a toda la población que sobreviva de la Franja, cuya densidad antes del conflicto era de 6.100 habitantes por kilómetro cuadrado (sólo la superan dos países, Mónaco y Singapur) y que no tiene albergue seguro ni, probablemente, territorio o espacio para la reconstrucción, si algún día ésta llega.
Al horror en Gaza se ha unido un recrudecimiento de la represión en Cisjordania, con más de 500 palestinos muertos en ataques de colonos y homicidios ilegítimos de las fuerzas armadas israelíes. Se actúa con impunidad casi absoluta, pues la organización israelí de Derechos Humanos Yesh Din estima que el 93% de estos actos ni siquiera deparan una investigación criminal en Israel. Una estrategia de consolidación del expolio y el apartheid, como denuncia B’Tselem, construyendo un sistema de represión sistemática donde la detención administrativa, sin cargos ni control judicial durante meses, se aplica intensamente, y la tortura es práctica común. Addameer, la asociación palestina de defensa jurídica de la población palestina cuya directora (Sahar Francis) recibió el VII Premio de Igualdad Alicia Salcedo del Colegio de Abogados de Oviedo en este 2024, denuncia la existencia de 3.332 personas en dicha situación y 240 palestinos menores de edad presos. La organización Breaking the Silence, que agrupa a antiguos soldados israelíes que ofrecen su testimonio de la maquinaria del terror en la que la conscripción forzosa les hizo participar, viene denunciando el uso de escudos humanos palestinos por parte de las tropas israelíes, ya sea en incursiones en Cisjordania o para inspecciones en Gaza. No hay límites en la crueldad ni mayor desprecio posible a las reglas que amparan a la población civil en conflicto.
Los países que siguen dando apoyo militar y financiero a Israel tienen una responsabilidad significativa, pues, por mucho que muestren su desconfianza hacia el derrotero sangriento que ha tomado la actuación de Benjamín Netanyahu, no proceden con la determinación necesaria. El doble rasero tiene en este conflicto manifestaciones de la hipocresía más radical. Se lanza ayuda humanitaria en paracaídas mientras se sostiene la implacable maquinaria de guerra israelí, que naturalmente incluye intervenciones militares aéreas. Se retira apoyo a la UNRWA por 15 Estados (Alemania, Australia, Austria, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido, Rumania y Suecia) mientras se expresa afectadamente preocupación por la población civil. Asoma el espanto que provoca la reaparición de la polio (y el miedo que desata su eventual contagio regional) a la par que prosigue la destrucción de infraestructuras sanitarias, hidráulicas o de saneamiento. Se invoca la legítima defensa de Israel para, aún ya repelido el ataque inicial, justificar acciones que tienen un carácter indiscriminado frente a la población y objetivos civiles. Se aplican paños calientes ante la retórica deshumanizadora de las autoridades israelíes, coronada recientemente por las palabras del Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que considera «moral» y «justificado» dejar morir de hambre a dos millones de palestinos. Mientras todo eso sucede, no somos conscientes del descalabro moral de los líderes occidentales (y el campo despejado en el tablero global que se deja a otras potencias), vistos por la opinión pública en numerosos países como quintaesencia de la falsedad y el descrédito, por su inacción ante la masacre de palestinos cuyas vidas no parecen importar nada.
El Gobierno de Israel ha decidido desoír a la justicia internacional, incumpliendo las órdenes de medidas cautelares que la Corte Internacional de Justicia ha dictado el 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo de 2024 para exigir que detengan actuaciones en Gaza que potencialmente contravienen las obligaciones asumidas por dicho Estado conforme a la Convención Internacional de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En Cisjordania, lejos de asumir la ilegalidad de la ocupación israelí y la necesidad de cesar de inmediato todas las nuevas actividades de asentamiento, evacuar a todos los colonos y reparar los daños causados, como recoge la Opinión Consultiva de la citada Corte del 19 de julio de 2024, el Primer Ministro se ha limitado a tacharla de «decisión falsaria». El único lenguaje que puede entender un dirigente así, justamente imputado (como su némesis, Yahya Sinwar) por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, es el del aislamiento, la presión internacional, la interrupción total de la venta de armas y la retirada de cualquier apoyo, pues lo utiliza como coartada e instrumento para continuar su carrera de muerte y destrucción.
Aunque esta tragedia se desarrolle en tierra sagrada para todas las religiones que tienen allí su epicentro, la perpetuación de la devastación no es una condena divina ni una fatalidad humana irremediable. La comunidad internacional puede detener la masacre y así debemos reclamarlo.