El abogado de la familia de Eleazar García pide que los vigilantes de seguridad que participaron en el incidente declaren como investigados por homicidio doloso o imprudente
08 ene 2020 . Actualizado a las 17:57 h.El caso de la muerte de Eleazar García, el joven de 30 años que fallecía de un infarto el pasado 8 de septiembre tras sufrir un altercado en el estadio de El Molinón, da un nuevo giro. El mediático abogado Marcos García-Montes, a quien ha recurrido la familia del joven para defender su caso y hacerse cargo de la acusación particular, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón que se abran diligencias para que los vigilantes que se ubicaron en las puertas 15 a 20 del estadio ese día y, en concreto, los que intervinieron en el incidente en el que al joven se le impidió la entrada al recinto, declaren como investigados «como partícipes en un delito de homicidio doloso o imprudente, amén de lesiones graves, torturas y otras eventuales infracciones penales por su participación, directa, mediata o material, bien moral, inductora o intelectual».
Así lo ha solicitado el abogado de la familia en su petición de la práctica de diligencias de investigación que considera necesarias para el total esclarecimiento de los hechos y para la «verdadera participación de los investigados en los mismos». Para ello, pide que que libre de oficio a la compañía de seguridad Prosegur al efecto de que se remita un listado completo de los vigilantes que prestaron servicio el día del partido entre España e Islas Feroes en dichas puertas, así como el parte que efectuaron en relación con el incidente y si se inició un expediente de investigación informativo o disciplinario como se notificó en su momento a la Real Federación Española de Fútbol y al Sporting de Gijón, como club titular del estadio de El Molinón.
Esta información se solicita para «acreditar las personas que intervinieron en los luctuosos sucesos a los efectos de que se les reciba declaración en su rol procedimental de investigados». También se solicita que declare como investigado el representante legal de Prosegur, «en su concepto de responsable civil subsidiaria, así como compañía aseguradora en su caso».
La declaración de los vigilantes que participaron en el incidente también se considera «necesaria» para reconstruir los hechos, más teniendo en cuenta que el abogado de la familia pide también que testifiquen los dos testigos presenciales de los hechos, «que tenían asiento en la tribuna oeste» y cuyo relato publicó La Voz de Asturias.
Además, la acusación particular solicita que declaren tanto el padre como el tío de Eleazar García, un joven que tenía acreditada una discapacidad del 75%, para dar cuenta de la situación de «indefensión o incapacidad» del fallecido, «tanto por su comportamiento gestual como deambulatorio y expresión oral, lo cual no podía ser obviado ni desconocido por los vigilantes de seguridad expertos en incidentes y en visualizar comportamientos humanos».
Eleazar García había entrado al partido de fútbol con sus familiares, se desorientó en un momento dado y acabó fuera del estadio, intentando volver a acceder al interior, momento en el que vigilantes impidieron su paso ya que no llevaba entrada. A partir de entonces se suceden una serie de hechos que son los que precisamente quiere esclarecer la familia del joven, que fue trasladado al centro de salud Parque-Somió en donde finalmente se produjo su fallecimiento.
La acusación particular también pide que se abran diligencias de investigación librando de oficio al Cuerpo Nacional de Policía, el Sporting de Gijón, la Real Federación Española de Fútbol, además de la compañía de seguridad Prosegur, para tener acceso de manera oficial a pruebas que «adquieren una utilidad, pertinencia y necesidad indudable en relación al procedimiento», ya que son «altamente reveladoras de que la interpretación y conclusiones ofrecidas en la instrucción se alejan de lo verdaderamente ocurrido».
Así, se pide conocer la identidad del coordinador de seguridad y/o jefe del operativo policial de seguridad de la Policía Nacional de Gijón que se formó en el estadio de El Molinón el día de los hechos, además del listado nominativo de quienes integraban este dispositivo. También se solicita tener conocimiento de quién es el representante legal del Real Sporting de Gijón y la persona delegada en la coordinación con el coordinador de seguridad del día de autos, motivo por el que se solicita que se libre de oficio a la Real Federación Española de Fútbol, de la que además se pide conocer el listado de personas que intervenían en su nombre en el estadio gijonés el día de autos.
La situación de las cámaras del estadio
La acusación particular también quiere conocer la ubicación de las cámaras de seguridad y si en concreto el lugar donde se produjo el altercado se ubica «en un punto en el que la anulación de las mismas es cero, es decir, que los vigilantes de seguridad buscaron de propósito el sitio a los efectos de evitar que se pudiera grabar su comportamiento presuntamente delictivo».
En este sentido, esta última petición viene motivada porque, según la acusación particular, «de la ubicación de las cámaras se podrá determinar si fue imposible grabar porque el ángulo era cero y, en su caso, si fuera positivo, la identificación de los vigilantes y su comportamiento con el fallecido».
También se solicita documental para requerir a la comisaría de Policía Nacional de Gijón el atestado del día de autos, en el que según dice la acusación particular figura instructor pero no secretario, «al efecto de que explicite los motivos por los que no se recibió declaración los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur en su condición de investigados, habida cuenta de las lesiones que padecía el fallecido y así hubieron de ser tenidas en cuenta de visu por los funcionarios policiales intervinientes, así como a los testigos presenciales».
Asimismo se solicita que se remita un plano croquis del lugar de los hechos y de la ubicación de las cámaras con su angulación y foco de visión concretos y si, en este caso, su cubría el lugar de los hechos. Esta petición, según se explica, viene dada para acreditar que por «motivos en este momento desconocidos no se hizo constar y se sustrajo al conocimiento del poder judicial actuaciones fundamentales en la investigación policial como son declaración como investigados y no como testigos de los intervinientes en los hechos y que, de forma indubitada, suponen la existencia de lesiones graves en anatomía-antropomorfia del fallecido ante mortem y evidentemente sin etiología autolítica, así como de testigos que habían aparecido públicamente denunciando la paliza que recibió el fallecido y su presencia física en el lugar de los hechos».
