Por lo pronto, los vecinos del Pisón, tras 23 años de sentencias relevantes a su favor, interpondrán una querella criminal contra quien pida poner en funcionamiento la depuradora construida al lado de sus casas
18 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Es un asunto tan complejo que su solución, al menos a día de hoy, sigue estando en el aire. La ausencia de depuración de las aguas residuales de los 150.000 habitantes de la zona este de Gijón, independientemente incluso de los procesos de desarenado y desengrasado que se paralizaban el martes por orden del Tribunal Supremo, le seguirá costando al Estado al menos cuatro millones de euros por semestre. Es una parte de la multa que la Unión Europea le impuso a finales de 2018 a España porque nueve localidades de más de 15.000 habitantes -ahora ocho, al salirse de ese listado Tarifa- siguen sin depurar sus aguas sucias e incumplen con ello una normativa de 1991.
El asunto en Gijón es complejo no solo por ser la única gran ciudad que no depura la mitad de sus aguas residuales, sino también porque existe una depuradora construida en la zona este que costó 35,5 millones de euros y cuyas obras quedaron paralizadas a pocos meses de concluirse por orden de la Audiencia Nacional en 2016. Una depuradora cuya ubicación ha sido y seguirá siendo un problema. De mano, porque los tribunales han dado la razón a los vecinos del Pisón, que llevan 23 años de sentencias relevantes a su favor como esta última del Supremo que anula cualquier actividad en la depuradora. El primer recurso fue contra la Plantona y ya se remonta a 1996.
¿Qué pasará a partir de ahora? Mañana está prevista una reunión entre la alcaldesa, Ana González, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que se abordará este espinoso asunto. Hace aproximadamente un año la Administración central iniciaba la redacción de un nuevo estudio de impacto ambiental después de que el primero, que fue decisivo para ubicar la depuradora en el Pisón, fuese anulado por los tribunales por carecer de motivación suficiente y no reunir la razonabilidad exigible.
El abogado de los vecinos del Pisón, Marcelino Abraira, recuerda que, en este nuevo estudio ambiental con el que se trata de resolver la depuración de la cuenca este de Gijón, («que no legalizar la depuradora en el Pisón», matiza), se consideran las mismas ubicaciones que en el anterior (además del Pisón, el Rinconín, La Cagonera y Peñarrubia) y se añade una nueva, «que es que no haya depuración en la zona» y se unifique todo el saneamiento en La Reguerona. «Si la Administración volviera a dictar una resolución en la que eligiera como ubicación idónea el Pisón tomaríamos las siguientes medidas», advierte.
Querella criminal
Para empezar, se solicitaría a la Audiencia Nacional, que ejecuta la sentencia que ordenó la paralización de las obras en la depuradora del Pisón, que anulara tal acto de nuevo al amparo del artículo 103.4 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Pero también interpondría de inmediato una querella criminal contra el firmante del nuevo acuerdo de puesta en marcha de la depuradora solicitando al juez de instrucción que suspendiera tal acción cautelarmente hasta que existiera una sentencia en firme. Con independencia, recuerda, de la investigación, «avanzada», que se está llevando a cabo por la vía penal en las fiscalías de Gijón y Madrid.
«No vamos a entrar en la dinámica que le gusta a la Administración y seguir dilatando el proceso por la vía administrativa, en el que jurídicamente no tienen nada que hacer», asegura, recordando las diferentes sentencias de los más altos órganos judiciales que les han dado la razón en estas dos décadas. Ni siquiera aunque la puesta en funcionamiento de la depuradora ya construida sea un asunto de interés general del Estado. «Si fuera tan sencillo apelar al interés general han pasado tres años y medio desde la sentencia de febrero de 2016 del Tribunal Supremo que confirmaba que la ubicación del Pisón fue arbitraria y del auto de la Audiencia Nacional que ordenó en abril de 2016 la paralización de las obras en el estado en el que se encontraran», recuerda Abraira.
Se vierten más de cuatro millones de kilos de materia sólida cada año
La última sentencia, dictada por el Tribunal Supremo el pasado 11 de julio y que anula la decisión de la Audiencia Nacional de permitir activar el desarenado y el desengrasado en la depuradora, también recoge que, aunque la Audiencia autorizara esa actividad por interés público «para no producir una situación de vertido peor que la existente previamente», lo cierto es que un escrito previamente remitido por la Administración en este largo litigio reconocía que dichos procesos «no resuelven la problemática real de saneamiento» de Gijón.
Un problema, según recuerda esta última sentencia a través de otro escrito remitido por la Administración a los tribunales, que consiste en el vertido a las aguas de la zona este de «más de tres millones de kilogramos de materia orgánica al año, más de cuatro millones de kilogramos de materia sólida y una elevada contaminación microbiológica» que «no solo provocan un impacto negativo en el medio receptor y en el medio ambiente, sino que también podría ser la causa de problemas sanitarios y molestias para las personas, así como originar un impacto negativo y por tanto afecciones no deseables en las playas cercanas y en otras actividades tales como el marisqueo en la costa, que precisan de condiciones sanitarias adecuadas».
Por ello, y según se indica en esta sentencia, «esta sala es consciente y sensible al problema que suponen los vertidos de aguas sin ser sometidos a un previo tratamiento y, desde esa perspectiva, podríamos plantearnos admitir de forma excepcional la puesta en funcionamiento parcial acordada, siempre que se acreditara que tal medida evitara daños al medio ambiente y a la salud de las personas», pero «tales circunstancias no concurren». Es decir, que el desengrasado y desarenado de las aguas que se viene realizando desde hace menos un año no garantizan que los vertidos vayan a realizarse en condiciones de salubridad, ya que forman parte del proceso primario de depuración con el objetivo de mantener y no dañar la propia instalación de tratamiento
«Volvemos a la situación de 2016. La depuradora está precintada y no funciona», dice Abraira, que, tras 23 años en el caso y haber presentado alegaciones al nuevo informe de impacto ambiental, considera que la Administración «lo tiene complicado» para que la depuradora del Pisón entre en funcionamiento. «Ningún ministerio, además, puede llevar a cabo un acto administrativo que sea tendente a evitar la ejecución de una sentencia en firme».
También recuerda que poner en marcha los procesos de desarenado y desengrasado ha costado un par de millones de euros pese a que, como se recoge en la sentencia, no aliviaba en absoluto el problema de los vertidos directos al mar. «Lo tienen muy complicado y lo saben», insiste, explicando también que nunca se ha tratado de dialogar o acercar posturas con los vecinos. En Cantabria, por ejemplo, sí se hizo con otra depuradora cercana a viviendas y los vecinos admitieron su apertura durante dos años mientras se alcanzaba otra solución.
De momento, habrá que esperar a ver qué soluciones se ponen mañana sobre la mesa para resolver un asunto, que aparte de provocar vertidos contaminantes en una época de imparable despertar de la conciencia ambiental ante las consecuencias del también imparable cambio climático y la contaminación marina, le cuesta al erario público más de 22.000 euros al día.