Hasta mil euros por persona de diferencia: por qué la financiación autonómica divide al país
ASTURIAS
El Principado defiende que cualquier reforma se negocie en un marco multilateral y con garantía de cubrir los costes reales de los servicios
21 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Las duras de negociaciones para la investidura en la Generalitat catalana han lanzado de nuevo a la palestra nacional el siempre demorado debate de reforma de la financiación autonómica, con la demanda de los nacionalistas de un negociación bilateral y un sistema singular para la comunidad y las quejas de ser un territorio «infrafinanciado». Puede haber hasta 400 euros de diferencia entre la media de los ingresos por habitantes que tiene una u otra comunidad, según datos de la La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recabados por el diario La Vanguardia.
Según esta estadística Asturias estaría en una buena posición en la tabla, por encima de la media nacional, con 3.650 euros por habitante recibidos en 2023 conforme a los ingresos con el actual sistema. En todo caso lejos de la comunidad vecina de Cantabria, la que tendría media más elevada, hasta 4.198 euros por persona, en agudo contraste con la más baja: Murcia, con 3.213 euros por persona. O incluso que Madrid, la capital habría recibido más que Asturias, hasta 3.679 euros por persona.
Al contar con su propio régimen foral, ni Navarra ni País Vasco se cuentan en esta estadística. Una de las demandas del nacionalismo catalán es establecer allí un sistema similar al cupo vasco y navarro, algo a lo que se oponen el resto de comunidades por la mengua que supondría para el fondo común, y entre ellas Asturias, cuyo Ejecutivo ha insistido estos días en que no aceptará acuerdos que no sean multilaterales, de todas las comunidades, mientras se reafirma en los puntos principales de la alianza establecida con otras ocho autonomías para una propuesta común de reforma.
Pero la cuestión es que los datos de Airef comparando unos territorios con otros pueden llevar a engaño, son las personas las que pagan los impuestos y no los territorios. Es normal que en las comunidades en las que hay más población y además también más población rentas elevadas las que tengan un saldo positivo en el aporte a la caja común mientras que otras con menos habitantes y de menor renta sean las que reciben. Aportan y reciben las personas, no las comunidades.
En todo caso, el sistema actual de financiación lleva demasiado tiempo sin reformarse, son las comunidades las que tienen competencias sobre los dos bloques que más presupuesto y gasto se llevan de un gobierno --sanidad y educación-- y sus costes se han actualizado creciendo mientras que el modelo de reparto entre territorios no lo ha hecho.
Fuentes del gobierno asturiano señalaron al respecto de la demanda de los partidos catalanes que su posición no ha variado y que «Asturias ha defendido siempre que cualquier modificación futura del sistema de financiación pasa por una negociación multilateral con todas las comunidades, Asturias no se ha movido un ápice de su planteamiento. Esto es, negociación multilateral para lograr un nuevo sistema de financiación adecuado a las necesidades de cada territorio, donde se reconozca el coste real de los servicios», y además insistieron en que se tenga en cuenta la «multilateralidad, el coste real de los servicios» y el acuerdo cerrado entre todos los grupos de la Junta (con la excepción de Vox) en el año 2020 para definir la postura común del Principado.
Y es que en realidad el desacuerdo por la reforma del sistema de financiación autonómica no divide el país por partidos sino por territorios. La Asturias gobernada por el PSOE comparte los mismos criterios que la Galicia gobernada por el PP ya sus problemas de población envejecida y dispersa son muy similares. Ambos gobiernos replican en el debate que el coste, por ejemplo, de atender la sanidad de una sociedad con un gran número de octogenarios no es el mismo que el de un territorio con población mucho más joven.
A grandes rasgos las comunidades del este y Mediterráneo quieren un reforma en el que la financiación se vincula a la población, mientras que en el noroeste y Atlántico se demandan más criterios correctores, por eso de menciona explícitamente el «coste real» de los servicios, porque es más caro en comunidades envejecidas.
Aún esta semana, el consejero de Hacienda y portavoz el gobierno del Principado, Guillermo Peláez, aseguró que Asturias seguirá defendiendo que el sistema de financiación autonómica tenga en cuenta «las singularidades de todas las comunidades para que los servicios públicos esenciales se presten en términos de equidad con el esto de españoles, y no se va a mover de ahí».
Mientras el presidente, Adrián Barbón indicó también apenas unas jornadas atrás que el modelo actual ha quedado «totalmente obsoleto» y defendió que «cualquier acuerdo de financiación tiene que ser multilateral». Así, el jefe del Ejecutivo asturiano insistió en que , si se produce un incremento de la financiación a las comunidades autónomas, vaya vinculado a la «mejora» de los servicios públicos, porque «hay algunas comunidades que piden más financiación, pero luego lo que hacen es, por ejemplo, bajar los impuestos a los ricos, en vez de mejorar la sanidad y la educación».
No se trata de un asunto menor, el VI Informe sobre la Desigualdad en España, de la Fundación Alternativas, publicado el pasado mes de mayo analiza cómo están usando las comunidades la capacidad de autonomía tributaria, que va más allá de cobrar tributos propios. En sus conclusiones señala que hay enormes diferencias en los ingresos que cada comunidad puede permitirse perder con rebajas fiscales, de forma abrumadora lo hace Madrid (con unas bajadas que hacen que pierda más de la cuarta parte de lo que podría recaudar) frente al resto.