Un informe revela la disparidad en la recaudación de tributos propios y cedidos con una amplia brecha regional
23 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El sistema autonómico se basa en el autogobierno de las comunidades y esa capacidad conlleva necesariamente diferencias entre territorios, pueden ser en políticas o prestaciones pero con frecuencia lo que más ampollas levanta son las fiscales. Las distinciones en los tributos generan fricciones y enojos porque no se paga igual en todas partes, pero también porque no se recauda en la misma proporción y se desatan acusaciones de competencia desleal. En buena medida los impuestos propios deberían ser una muestra de esa auto organización de las comunidades y su financiación, pero el panorama es desigual.
Así lo recoge el detallado VI Informe sobre la Desigualdad en España, de la Fundación Alternativas, que abarca muchos temas en su estudio (desde la demografía a las diferencias ante la transición digital o el cambio climático) pero también incluye uno sobre cómo están usando las comunidades esa capacidad de autonomía tributaria, que va más allá de cobrar tributos propios. En sus conclusiones señala que hay enormes diferencias en los ingresos que cada comunidad puede permitirse perder con rebajas fiscales, de forma abrumadora lo hace Madrid (con unas bajadas que hacen que pierda más de la cuarta parte de lo que podría recaudar) frente al resto.
En el caso de Asturias tiene un balance positivo pero muy comedido, lejos de los argumentos que pintan el Principado como un «infierno fiscal», lo cierto es que en el estudio aparece ganado apenas un 1,7% más sobre sus ingresos tributarios. El monto global que cifra el estudio para Asturias son 46 millones de euros por esa autonomía tributaria, lo que representa 46 euros por habitante. Ese dato es llamativo en la comparación con otros territorios, en Baleares es de 463 euros por habitante, en la Comunidad Valenciana de 134, en Cataluña de 155; en el resto (las cifras son de 2022 y no se incluyen las comunidades forales) ese balance es negativo por las rebajas dentro de esa autonomía.
Pero el debate está ligado también al de la financiación autonómica. todos los territorios quieren ganar en el reparto de cada trozo de la tarta común mientras varias comunidades renuncian a recaudar dentro de sus capacidades.
Qué es la autonomía tributaria
En su análisis la Fundación Alternativas agrupa dentro de la autonomía tributaria tres tipos de impuestos: primero los propios, los que sólo existen en una comunidad. En Asturias son cuatro (el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el Impuesto sobre actividades que inciden en el Medioambiente, el impuesto al juego del bingo y el Impuesto de Afecciones Ambientales del Uso del Agua, que es el antiguo canon de saneamiento). Por otra parte están los tributos cedidos, uno es especialmente famoso aunque menos conocido de lo que se presume, rodeado de mitos y de bulos, el de sucesiones. Pero también está Patrimonio, Donaciones o transmisiones patrimoniales.
Por último en tercer lugar, los autores incluyen aquí los tramos autonómicos del IRPF que varían en cada comunidad. En su análisis destacan que las comunidades, como Asturias, con un saldo positivo «obtienen más recursos gracias a dos medidas: la creación de tributos propios y a la modificación normativa en los tributos cedidos». Pero hay una amplia brecha de desigualdad. «Madrid es la comunidad que, con gran diferencia, más ha reducido sus impuestos, perdiendo 928 euros por habitante, el 2,39 % de su PIB, o el 26,1 % de sus ingresos tributarios. Además, estas rebajas fiscales se han centrado en la imposición sobre la riqueza, beneficiando especialmente a los ciudadanos con más recursos. Por el otro lado, destaca el caso de Baleares, debido principalmente a las operaciones inmobiliarias gravadas por el ITP a unos tipos que van desde el 8 hasta el 13 %», recoge el estudio.
Propuestas contra la desigualdad
¿Cómo atenuar, al menos, esa desigualdad entre territorios en materia de impuestos? El informe es tajante: «Si se quiere un sistema más igualitario, con unos recursos similares independientemente del lugar donde se viva, es necesario disminuir la autonomía tributaria con la que cuentan actualmente las comunidades».
En todo caso, el informe señala que el principal problema es que las enormes diferencias de movilidad en función del renta, es decir, una persona con muchos recursos no tiene problema en cambiar su domicilio, o aparentar que lo cambia, pera obtener algún tipo de ventaja fiscal, pero esto es imposible para las rentas medias o bajas. En este sentido señalan que se deberían «acometer reformas que desincentiven este tipo de comportamientos entre los que tienen un mayor poder adquisitivo. Se trataría de establecer una tributación mínima en el IP (patrimonio) y en el ISD (sucesiones)», en este caso concreto «un impuesto estatal mínimo sobre sucesiones y donaciones con una deducción de la cuota autonómica sea la alternativa más viable».
Respecto al IRPF, los autores señalan que al ser «el impuesto personal que genera más recursos a las CCAA la situación no es tan desigual como en los impuestos sobre la riqueza. Las comunidades no pueden permitirse el lujo de perder los recursos que genera este impuesto, ya que no podrían hacer frente a sus principales programas de gasto». Y al respecto proponen dos medidas principales contra la desigualdad:
Por un lado, dar margen a las comunidades para poder introducir deducciones reembolsables, «se trataría de replicar el comportamiento de las deducciones estatales por maternidad, familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, que pueden dar lugar a una cuota negativa . No tiene mucho sentido que los declarantes con más recursos puedan pagar menos impuestos por tener un hijo, alquilar una vivienda o comprar una bicicleta eléctrica y los que ganan el salario mínimo no se puedan beneficiar de ninguna de estas medidas».
Por otra parte, una modificación de los cálculos de las retenciones sobre los rendimientos del trabajo. «Hasta el momento, estas retenciones son calculadas de acuerdo con la normativa estatal del impuesto, con un mínimo personal y familiar y una escala de gravamen establecidos por el Estado. Es decir, los trabajadores, desempleados y pensionistas van a soportar la misma cantidad de retenciones independientemente de su comunidad de residencia. Hasta que no presenten la liquidación del impuesto el año siguiente no verán los efectos de la normativa que aplica su comunidad autónoma. No sería demasiado complicado modificar el cálculo de estas retenciones adaptándolo a la normativa autonómica. Se trataría de calcular dos importes totales de retenciones, uno de la parte estatal y otro de la autonómica, que después se traducirían en un solo porcentaje de retención. De esta forma, los salarios, pensiones y prestaciones líquidos se adaptarían automáticamente a las decisiones tomadas por las comunidades».