¿Qué supone que el peaje del Huerna incumpla la normativa comunitaria?: el precedente de las obras de El Musel
ASTURIAS
La Comisión Europea notificaba esta semana que la prórroga hasta 2050 que se llevó a cabo en el año 2000 bajo el mandato de Aznar vulnera la directiva europea sobre procedimientos de contratación pública
27 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Europea (CE) notificaba esta semana que la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna (AP-66), al igual que la de la gallega AP-9 y la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas S. A. (Enausa), vulneran la normativa comunitaria de contratación pública porque no estuvieron precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública. En concreto, la CE considera que se vulnera la Directiva 93/37/CEE y los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de la contratación pública.
La prórroga del peaje del Huerna, que tantos quebraderos de cabeza provoca, se llevó a cabo en el año 2000 mediante un real decreto del Gobierno de José María Aznar por un período de 29 años, hasta el 17 de octubre de 2050. En dicha concesión, incluida en el mismo procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a la de la AP-9 y a la venta de Enausa en 2003, «no se aplicaron correctamente las normas de la UE que prevén la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia».
El Gobierno de España tiene ahora dos meses para responder a estos argumentos y, en caso de no hacerlo, la CE podría decidir un dictamen motivado.
Esta situación, que se inicia con la denuncia que el exdiputado autonómico de Podemos Daniel Ripa registró en la Comisión Europea en septiembre de 2021, es en cierto modo parecida a la que en 2009 supuso que Europa denegase 135 millones de euros para hacer frente al sobrecoste de las obras de ampliación del puerto de El Musel.
Sobrecostes sin fondos extra de la UE
En 2007, otra denuncia elevada a la UE, esta vez de Los Verdes de Asturias, pasó como quien dice prácticamente desapercibida hasta que Europa tomó cartas en el asunto. Los Verdes de Asturias presentaron alegaciones a la inclusión del modificado de la obra de ampliación en los proyectos que presentaba España para concurrir a los fondos europeos que se iban a conceder en el periodo 2007-2013.
El sobrecoste, que entonces se calculó en 216,31 millones de euros, se incluía como si fuera una segunda fase de la obra y se pretendían conseguir 135 millones de euros más de Europa. Las obras del puerto de Gijón, que habían comenzando en 2004, ya tenían concedidos 250 millones de euros de fondos europeos. Esa denuncia motivó que en 2008 se abriera una investigación en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, que también determinó entonces que se incumplía la Directiva 93/38/CEE sobre procedimientos de contratación pública.
Independientemente de lo ocurrido después de que finalizaran las obras en 2010, con un largo proceso judicial que zanjó el año pasado la Audiencia Nacional al no encontrar prueba alguna de la existencia de presuntos delitos en los sobrecostes, Europa denegó esa nueva ayuda de fondos de cohesión en 2009 porque la tramitación de la modificación del contrato vulneró la normativa comunitaria en materia de contratación al no haberse sometido a una nueva licitación pública.
No se admitió tampoco que se hubieran dado circunstancias imprevistas como se pretendió justificar desde España, teniendo en cuenta que la normativa comunitaria sí prevé para esos casos una adjudicación directa sin licitación. Y además se paralizó la entrega de las ayudas que quedaban pendientes, con lo que no llegaron a entregarse 49,5 de los 250 millones de euros concedidos.
Ahora vuelve a darse un caso similar con el peaje del Huerna, que tenía que haber finalizado en 2021 y en cuya prórroga tampoco se llevó a cabo un procedimiento de contratación pública tal y como establece la Directiva 93/38/CEE. Se presupone que, antes de que implique sanción o algún cambio en la concesión de este peaje, el proceso será también largo.
Desde el Gobierno del Principado, en el que vienen solicitando bonificaciones para enmendar de alguna manera tangible el hecho de que la principal vía de comunicación de Asturias con la meseta sea de pago, consideran «demoledor» el dictamen de la CE dado que incide en que el peaje se alargó en 2020 única y exclusivamente para mejorar la rentabilidad de la Empresa Nacional de Autopistas, privatizada tres años después. Así lo manifestaba este viernes el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, que en todo caso pedía «prudencia y cautela» sobre una posible supresión a corto plazo del peaje del Huerna, que no deja de ser «el horizonte» aunque reconoció que desconoce si el informe de la CE podría favorecer ese objetivo.