Propietarios de vivienda turística: «La regulación que plantea el Principado va a acabar en la vía judicial»
ASTURIAS
Manuel Herminio García, presidente del colectivo, rebate que el anteproyecto de ley que está ultimando el ejecutivo «no hay por donde cogerlo» porque quieren regular ámbitos que ya están regulados en la legislación nacional y lo considera «un ataque frontal a una actividad legal»
01 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno de Asturias explicaba hace unos días que está ultimando un anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Turismo con el objetivo de regular las viviendas de uso turístico para que prime «la calidad, la sostenibilidad y la convivencia». Así, esta reforma legislativa plantea una serie de cambios e incorporaciones a la normativa vigente de forma que la comercialización turística de viviendas «pasa a ser considerada una actividad económica más» teniendo en cuenta que en Asturias hay registradas 5.696 viviendas para turistas, 2.016 viviendas vacacionales y 3.680 viviendas de uso turístico. Según el estudio que está elaborando un equipo multidisciplinar de la Universidad de Oviedo, esas viviendas para turistas constituyen el 33,3% de la oferta de alojamientos turísticos y su crecimiento exponencial se dio tras la pandemia.
La pregunta que surge es: ¿qué opinan los propietarios de vivienda turística de esa regulación que propone el Principado? Agrupados una parte importante de esos propietarios en la Asociación Asturiana de Titulares de Vivienda Turística, su presidente, Manuel Herminio García, traslada el rechazo del colectivo a un anteproyecto de ley que «no hay por donde cogerlo» porque, asegura el también abogado, los ámbitos que el Ejecutivo quiere regular ya están regulados en otras leyes y normativas. Es por ello que, además de considerar la propuesta del Gobierno regional «un ataque frontal a una actividad legal», se muestra convencido de que «va a acabar en la vía judicial» en tanto que la Asociación está dispuesta a elevar la regulación a esa vía porque sus integrantes no están dispuestos «a que nos tomen por tontos».
Legales desde 2016
La primera consideración que hace Manuel Herminio García es que esa propuesta del Principado «no regula nada que no esté regulado ya», por lo que interpreta esa regulación como «un ataque frontal a una actividad legal» que con la excusa «de proteger una actividad turística, favorece a otras partes del sector». «Nosotros estamos legales desde 2016», aclara de mano el presidente y abogado de la Asociación Asturiana de Titulares de Vivienda Turística, que añade que la vivienda turística ha crecido en Asturias es «porque las preferencias de la gente cambian».
Partiendo de eso, el representante del colectivo rebate uno por uno los puntos en los que el Principado basa la regulación de la vivienda de uso turístico. «Empiezan el discurso hablando de calidad, sostenibilidad y convivencia y el caso es que en Fitur se vendió Asturias como un paraíso. Además en Madrid ponen publicidad, con lo que los estamos invitando a venir», manifiesta Manuel Herminio García, que incide en este ámbito en que el sector está legalizado desde hace varios años y, en relación al tema de la convivencia, que desde 2016 «no existe ni una sola denuncia vinculada al uso turístico de viviendas». «Hay denuncias vinculadas a las comunidades de propietarios, pero no por el uso turístico, porque antes de que el cliente ponga un pie en el portal, ya se ha cumplimentado una ficha de quien va a ocupar la vivienda que se pone en conocimiento de la Policía, lo que ahuyenta a las personas conflictivas», explica el mismo, que incide en que «estamos obligados a presentar esa ficha con las identidades de las personas y a conservarlas durante 5 años». Por tanto, entiende que justificar la regulación en un problema de convivencia no se sostiene porque «eso lo llevamos a rajatabla, y si un turista no quiere que le registremos, no entra en la vivienda», asegura antes de rechazar «ese mantra de la conflictividad» en las viviendas de uso turístico.
Respecto al planteamiento de hacer una definición de zonas turísticas protegidas, García recuerda que la Ley 7/2001, de 22 de junio, ya recoge la declaración de zona turística saturada y que esta podrá circunscribirse a un concejo o a partes del mismo o comprender más de un concejo, así como que las competencias para esa declaración son del Consejo de Gobierno que, no obstante, puede elevar la consulta a otros estamentos, y con el objetivo de suspender las licencias por un periodo determinado.
Requisitos ya regulados
Sobre el punto de que los propietarios de pisos turísticos deban presentar por vía electrónica ante la administración, con antelación al inicio de la actividad, una declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos exigibles, el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Vivienda Turística apunta que «ese registro telemático lleva funcionando bastante tiempo en el Principado» y que es una obligación «que existe desde 2018».
Igualmente, Manuel Herminio García rebate que el Gobierno regional ponga como novedoso que no se permitirá el arrendamiento de la vivienda por habitaciones porque, señala, ese ámbito esta contemplado por el Principado en el Decreto 48/2016 de 10 de agosto de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico. No obstante, añade que los propios propietarios «no son partidarios de alquilar por habitaciones porque se entiende que cuando acuden unos clientes quieren tener el mismo nivel de convivencia que en su casa, con lo cual, no es lo más oportuno alquilar por habitaciones», manifiesta el representante del colectivo de titulares de vivienda turística.
Otro aspecto en el que incide es en la prohibición que quiere imponer el Ejecutivo de que a las viviendas del protección oficial o protección pública no se les pueda dar uso turístico. «Esa prohibición ya está dentro de la normativa. Es más, es la base de todas las leyes de vivienda tanto de la dictadura como de la democracia. Ya lo dijo Franco en 1967», señala el también abogado, que también apunta que está regulado el que una vivienda de uso turístico no pueda ser la vivienda habitual ni la segunda vivienda del propietario. «Por tanto, todo esto es populismo puro y duro», reprocha García.
A la cogobernanza que platea el anteproyecto de ley del Principado para con las administraciones locales también le ve puntos flacos Manuel Herminio García: «mientras en unos ámbitos se está pidiendo la unificación de las normativas a nivel nacional y europeo, aquí se quiere dejar las competencias a los ayuntamientos», comenta el mismo, que añade que la Ley 7/2001 sobre turismo ya permite trasladar competencias a los ayuntamientos. De todos modos, el presidente del colectivo de viviendas de uso turístico apostilla que ante cualquier problema que pueda surgir «se resuelve por la normativa de actividades concurrente», por lo que siempre prevalecería la resolución de la administración regional por encima de la local.
Prevalece la Ley de Propiedad Horizontal
En cuanto a que las comunidades de propietarios tengan que dar un acuerdo expreso aceptando la comercialización turística de las viviendas si el título constitutivo o los estatutos no impiden el uso turístico, Manuel Herminio García indica en primer lugar que los propietarios también pertenecen a la comunidad de vecinos y son los primeros interesados en que se aplique la normativa que rige la convivencia de la comunidad. Además de esto, pone de relieve que todo esté regulado por Ley de Propiedad Horizontal, por lo que no entiende que se quieran saltar esta ley «y quieran regular con una ley autonómica una ley estatal». «Quieren que si no está regulado se pida una autorización, pero no hay que pedir autorización si no está prohibido», manifiesta el mismo, que matiza que «en caso de que exista prohibición escrita en los estatutos de la comunidad, ésta puede modificarlos». «Pero lo que no pueden hacer en el Principado es modificar la Ley de Propiedad Horizontal y sentencias del Tribunal Supremo que existen al respecto», apostilla.
Y respecto a que el Ejecutivo quiera imponer sanciones más duras o la suspensión de la actividad por incumplimientos, el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas señala que «me preocupan poco porque estoy legal», aunque sí considera que «hay que redefinir los conceptos por los que se aplican esas sanciones porque están desfasados desde 2001 hasta ahora».
Lo que no entiende el abogado Manuel Herminio García es que quiere decir el Principado con lo de que «las empresas ya inscritas en el registro de actividades turísticas tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa desde su entrada en vigor». «¿Cuál es la adaptación? ¿los casos en los que haya una vivienda alquilada por habitaciones?», se pregunta García, que recuerda que «las viviendas no están legales actualmente por casualidad» y que ante «actos administrativos firmes, no existe causa de nulidad» por aplicación del artículo 9 de la Constitución, que habla de «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Por tanto, el abogado advierte que «no nos pueden imponer eso».
Suspensión cautelar del anteproyecto de ley
Por todo los expuesto, el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Vivienda Turística manifiesta que el anteproyecto que ultima el Principado «no hay por donde cogerlo aunque Gimena Llamedo diga que sale adelante sí o sí». Si fuera así, Manuel Herminio García se muestra seguro de que «no dura ni 24 horas para la suspensión cautelar». «Lo vende como que va a resolver un problema, pero es un problema que no existe», apostilla el mismo, que reprocha que los responsables políticos del Principado estén utilizando «un tono insultante» para con los propietarios de vivienda de uso turístico y que estén planteando la propuesta como si estuvieran especulando con la vivienda. «No lo vamos a permitir, porque tributamos por todos los beneficios que tenemos y si fuéramos especuladores, no lo haríamos».
Así, si la regulación que plantea el Ejecutivo regional sale adelante, García tiene claro que «se va a acabar en la vía judicial» porque considera que el planteamiento no es el adecuado si el objetivo es eliminar la vivienda turística ilegal. Para ello, concluye, la solución es dotar de más efectivos y herramientas al ámbito de la inspección, «porque para toda la actividad turística existen 5 inspectores, que para todo lo que tienen, trabajan bien, pero que están sobrepasados por tener que llevar todo».
«Lo que no se puede es regular lo que ya está bien regulado o meter como progresista una normativa que tiene puntos que están en vigor desde 1967. Así que, que no se apunten el tanto de cosas que ha hizo Franco en su día», concluye el presidente y abogado de la Asociación Asturiana de Titulares de Vivienda Turística.