La pieza en cuestión concierne a las escuchas intervenidas al popular Joaquín Fernández en torno a contrataciones de servicios de limpieza en Tapia de Casariego y Siero, que presuntamente habría conseguido
10 may 2023 . Actualizado a las 10:35 h.La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo el sobreseimiento provisional de una de las piezas de la Operación Pokemon, al considerar que no han quedado acreditados los hechos imputados y ante la imposibilidad de practicar nuevas diligencias al haber finalizado el plazo de la instrucción.
Según ha avanzado la TPA, se trata de la pieza relacionada con las escuchas intervenidas al presunto conseguidor de contratos de la trama, Joaquín Fernández, en torno contrataciones en Tapia de Casariego, Siero, Cangas del Narcea o Hunosa. Fernández, exvicesecretario de comunicación del PP de Asturias, estaba señalado en la investigación como el presunto conseguidor de contratos públicos a favor de diferentes empresas en varios ayuntamientos asturianos, aprovechando sus relaciones con funcionarios y autoridades políticas.
La pieza para la que la Fiscalía pide el sobreseimiento está relacionada con contrataciones de servicios de limpieza en Tapia de Casariego y Siero, donde «el único dato existente es el contenido de las conversaciones intervenidas» sin que haya sido acreditada la comisión de un hecho delictivo, o de un sistema de control horario en Cangas del Narcea y otros servicios en Hunosa, unos contratos menores donde «no aparece ningún indicio de irregularidad».
Según ha informado este miércoles la Fiscalía del Principado de Asturias, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento provisional «al considerar que no han quedado acreditados los hechos imputados y ante la imposibilidad de practicar nuevas diligencias, al haber finalizado el plazo de la instrucción».
A este respecto, recuerda que la última prórroga para continuar con la investigación de la causa fue acordada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, donde se seguía inicialmente esta parte de la trama, en octubre de 2017 por un tiempo de dos años, sin que antes de que expirara este plazo se hubiera acordado una ampliación del mismo. De esta forma, apunta la Fiscalía, «ya no cabe una nueva prórroga de la instrucción ni, por lo tanto, la práctica de nuevas diligencias».
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo decretó el pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral contra once investigados en la pieza principal de la Operación Pokemon, así como contra dos empresas, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa municipal por parte del Ayuntamiento de Lugo a la compañía asturiana Cechalva, en 2005, así como por la supuesta existencia de una 'caja B' en la empresa para pagar los sobornos pactados; informa Efe
