La nueva Ley de Memoria Democrática también anula las sentencias de la dictadura
30 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Las últimas noticias sobre la aristocracia en España son más bien negativas, un conde y marqués que asesinó a dos mujeres en Madrid, otro conde que llevaba tres décadas sin pagar la cotización de la guardesa de su finca en Asturias y un Grande de España que se compraba un yate con comisiones por vender mascarillas en plena pandemia. Ahora el paso adelante de la nueva Ley de Memoria Democrática llega también con malas noticias para duques, barones y demás que deban su título al régimen franquista porque serán anulados.
La norma, que amplía y corrige algunas de las medidas ya incluidas en la Memoria Histórica de Zapatero, suprime títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura, y no son pocos, hasta 33, 17 de ellos directamente concedidos a militares que se sublevaron contra el orden constitucional republicano. Entre ellos se encuentra un asturiano, Juan Vigón, que fue nombrado marqués y que participó de forma activa en la represión de la revolución de octubre de 1934, también realizando labores de Estado Mayor durante la Guerra Civil y posteriormente nada menos que como enlace ante Hitler, con quien se entrevistó en 1940 para tantear la intervención de España en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis. El título nobiliario en realidad fue póstumo y Franco se lo concedió a su muerte, en 1955, para que lo disfrutaran sus descendientes. El tercer Marqués de Vigón es en la actualidad Juan Ramón Vigón García, hijo de María Concepción García Llorente, que murió en el atentado de ETA en el hotel Corona de Aragón.
De forma más indirecta, per también relacionado con Asturias, por su participación en la represión de la revuelta de octubre del 34 es el título de Marqués de San Leonardo, concedido a Juan Yagüe, el carnicero de Badajoz, responsable de la ejecución de entre 2.000 y 4.000 personas en la plaza de toros de la ciudad extremeña tras su conquista en la Guerra Civil. Acérrimos simpatizante del nazismo, que trató de influir en Franco para que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, disfrutó hasta prácticamente anteayer de una calle en su honor en Oviedo, concedida no tras la guerra sino antes, por su participación en la aniquilación de la revolución del 34.
La ley que saldrá adelante ahora en el Congreso -con el respaldo de los partidos del gobierno y además PNV, el PDECat, fuerzas del grupo mixto además de Bildu, que ha sido clave- anula título con Grandeza de España como lo del ducado de Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco; el de señor de Meirás; el de marqués de Arias Navarro; y los de conde de Alcázar de Toledo, Labajos y Dávila. También están en la lista marqués de Saliquet, Queipo del Llano, Alborán, el Jarama, Varela de San Fernando, Somosierra, San Leonardo de Yagüe, Vigón, Suanzes, Kindelán, Casa Cervera y Bilbao Eguía; y los de conde de Benjumea, La Cierva, Fenosa, Castillo de la Mota, Pallasar, Martín Moreno, Bau, Rodríguez de Valcárcel y de Iturmendi. Se suprimen también las grandezas de España otorgadas al conde de Rodezno y a Fernando Suárez de Tangil.
Entre las nuevas medidas que incluye la nueva norma está que el Estado se hará cargo de la búsqueda e identificación de los desaparecidos del franquismo, en muchísimos casos han sido trabajos llevados a cabo casi de forma voluntaria sin ayuda de las administraciones y, de hecho, el anterior presidente Mariano Rajoy presumía de dedicar «cero euros» a esta materia en los presupuestos aprobados bajo su mandato. La ley también declarará la nulidad de las sentencias de tribunales franquistas y, entre otros asuntos, abre la creación de una Comisión de estudio de violaciones de derechos humanos que extenderá sus investigaciones más allá del año de la muerte del dictador, hasta 1983.
