El historial de desencuentros del empresario minero Victorino Alonso con la Justicia es un serial de muchos episodios y muchas temporadas, y también de géneros variados: desde la desaparición de carbón hasta la destrucción de yacimientos arqueológicos. De hecho en este último caso que llegó a los tribunales (por arrasar la cueva de Chaves, en Huesca, con restos prehistóricos para hacer un abrevadero de cabras), recibió condena pero consiguió eludir en buena parte el castigo declarándose insolvente. La cuestión es que la ruina era más bien pretendida y disfrazada tras un complejo enjambre societario, en el mismo tiempo guardaba en el paraíso fiscal de Panamá un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares (más de 26 millones de euros).
Así lo recoge la investigación de los llamados Papeles de Panamá (publicados en España por El País y La Sexta) y que respecto al empresario minero señala que la primera ocasión en la que constituyó una sociedad en el país centroamericano aparece en los registros en el año 2004 casi de forma paralela a que el Principado paralizara por graves problemas de seguridad su explotación Coto Minero del Narcea.
La sociedad de Alonso fue cambiando de nombre, ese 2004 se denominaba Zimco Business pero cinco años después pasó a llamarse Watercard Holdings. Según detalla el diario, «Alonso figuraba en 2017 como 'la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía'. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que integran el Grupo Alonso». El patrimonio que ronda los 30 millones de dólares pasa, pese a todo, a otra sociedad (Neilmar Investments) que se crea en junio de 2016, apenas un año antes de que se declara insolvente ante la condena en Huesca.
Algunos de los casos por lo que Alonso ha acaparado titulares son rocambolescos, en pleno comienzo de la pandemia, en la primavera del 2020 le fueron intervenidas más de 150.000 mascarillas que almacenaba en un momento de enorme escasez; en Asturias fue condenado por la desaparición en 2009 de 577.924 toneladas de carbón del Almacén Estratégico Temporal (AETC). En el proceso el empresario llegó a aducir que la evaporación de esas toneladas de mineral se explicaba por la erosión de la lluvia y el viento, recibió una multa de 36 millones de euros que demoró diciendo que su empresa estaba en concurso de acreedores.
