Una cueva neolítica destrozada en una finca de caza, una mina a cielo abierto en un espacio protegido y la desaparición de más de 500.000 toneladas de carbón son algunos de los episodios de sus peripecias en los tribunales
24 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La noche del sábado comenzaba a correr en medios digitales de León la noticia de que una denuncia anónima había llevado a agentes de la Policía hasta una nave en Ponferrada propiedad del empresario minero Victorino Alonso con un gran número de mascarillas que fueron incautadas. La información fue confirmada la tarde del domingo por el propio presidente de la Junta de Castilla y León, al termino del encuentro telemático mantenido entre los dirigentes autonómicos con Pedro Sanchéz. Alfonso Fernández Mañueco le puso números concretos a la confiscación: 158.000 mascarillas; pero fue más allá al señalar que estudiarían acciones contra el empresario por «guardar indebidamente» este material sanitario, sin excluir una denuncia por la vía penal.
La respuesta de Alonso llegó el lunes de la mano de su abogado que aseguró que su cliente no tenía conocimiento de los hechos y que, en todo caso, las mascarillas estaban caducadas. En la situación de Estado de Alarma el requerimiento a todo tipo de empresas de que entregaran material susceptible de ser utilizado por el sistema sanitario fue una de las primeras medidas en anunciarse y la Administración puede requisarlos por la fuerza si es preciso. En el caso de que se concretaran las acciones penales de la Junta, el empresario minero podría terminar por encontrarse con una prisión que lleva eludiendo décadas en múltiples procesos judiciales.
Si bien los choques de Victorino Alonso con las justicia se han sucedido a largo de muchos años, dos hitos han marcado el pasado más reciente con los tribunales, y si en las dos ocasiones consiguió con varios requiebros evitar la entrada en prisión puede que no haya una tercera vez.
Un abrevadero de cabras en un yacimiento neolítico
En 2018 fue condenado a dos años de cárcel y a una abultada multa de 25 millones de euros por destruir un yacimiento arqueológico en Huesca. La cueva de Chaves, que albergaba restos prehistóricos de gran interés para los historiadores para conocer hábitos y fauna del neolitico, estaba en una finca de caza propiedad del empresario. El yacimiento fue destruido, se niveló el suelo de la cueva para instalar en ella abrevaderos para cabras y además los restos de las obras se usaron para construir un dique en un terreno cercano. La sentencia no fue, en todo caso, demasiado adversa para Victorino Alonso. Al hecho de que el proceso judicial se hubiera dilatado de forma indebida (algo que reconoció la Audiciencia de Huesca por lo que redujo a seis meses la pena de cárcel) se sumó que el empresario se declaró insolvente, adujo que la finca no le pertenecía sino a una sociedad vinculada y ofreció la finca y el propio yacimiento como dación de pago al Gobierno de Aragón para afrontar la multa.
Una mina ilegal en territorio del urogallo
También tras un largo proceso, que se prolongó hasta 18 años, pero de forma más reciente, llegó una nueva condena para Alonso. En septiembre del año pasado fue la Audiencia Provincial de León la que dictó una pena de dos años y seis meses de prisión por la explotación ilegal de una mina a cielo abierto en El Feixolín, en Villablino. Se trata de un paisaje protegido enclavado en el espacio natural protegido Alto Sil, incluido en la Red Natura 2000, dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana, y que sirve de lugar de paso a dos especies en grave peligro de extinción, el oso y el urogallo. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.
De nuevo la enorme dilación, durante casi dos décadas, benefició al empresario a la hora de atenuar su condena. Los retrasos y las declaraciones de insolvencia son una estrategia constante de Alonso en sus encuentros con la justicia.
500.000 toneladas de carbón llevadas por el viento
En Asturias, el empresario cuenta también con un relevante hito judicial, uno en el que terminó por ser condenado a pagar a Hunosa por la desaparición de toneladas de carbón. Todo parte de la creación en 2009 del Almacén Estratégico Temporal (AETC) por parte del Gobierno Central. En esa iniciativa se encomendaba a Hunosa a comprar carbón a las compañías privadas, almacenarlo y venderlo posteriormente a las térmicas. En ella participó Unión Minera del Norte (UMINSA) que guardaba el mineral hasta que en un momento faltó, y no poco. 577.924 toneladas de carbón según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo ¿cómo desapareció tal cantidad? Lo más probable según los tribunales es que se usara o se vendiera pese tener que estar guardado. En el proceso el empresario llegó a aducir que la desaparición de más de 500.000 toneladas se explicaba por la erosión de la lluvia y el viento. No hubo condena de prisión pero sí una gravosa multa de 36 millones de euros, que el empresario fue demorando tras señalar que la empresa estaba en concurso de acreedores.
Alonso es el propietario de la mayor parte de la minería privada en España, en León, en Asturias (en Cerredo) y en Palencia. Se fue haciendo con muchas explotaciones deficitarias desde los años 80, y con ellas ha mantenido incontables pulsos con la administración retrasando pagos salariales hasta recibir ayudas públicas.