El Principado inicia la catalogación del medio rural para activar planes contra la despoblación tomando como referencia la Ley de Desarrollo Sostenible de 2007
13 dic 2020 . Actualizado a las 12:31 h.Romper el círculo de la sangría demográfica y del abandono que se extiende por la Asturias rural, vacía o vaciada. La Asturias que abarca más del 80% de la superficie de la comunidad pese a que casi el 60% de la población se concentre en apenas el 4% del territorio que ocupan Oviedo, Gijón y Avilés. Para darle a Asturias una cohesión territorial que salve las desigualdades de décadas y décadas de desequilibrio entre lo rural y lo urbano, ya se están dando los primeros pasos para aplicar en Asturias, de forma experimental, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que se aprobaba hace justo 13 años, en diciembre del 2007.
Una ley que, tras esos 13 años guardada en un cajón pese a ser reclamada de forma recurrente desde entonces al hablar de los retos de la España vaciada, se erige ahora en una herramienta muy adecuada porque sus objetivos siguen siendo tan necesarios como entonces y los retos a resolver siguen creciendo y encima acumulándose. Dos de los objetivos de esta ley de orientación territorial, con la que se pretendía establecer las bases de una política rural propia, eran favorecer la situación socioeconómica y el acceso a unos servicios públicos de calidad en un medio rural que sigue clamando por ambas cuestiones.
La ley, en este sentido, no deja de tener su reflejo en la actual Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, con la que básicamente se pretende facilitar la diversificación de actividades económicas en el medio rural, favoreciendo con ello el asentamiento de población, el relevo generacional o la superación de la brecha rural-urbana con una cobertura adecuada de servicios públicos y fundamentales para que el desarrollo socioeconómico sostenible sea una realidad como en otros países que no han descuidado tanto como España sus políticas de cohesión territorial. Que para Europa, y sus fondos, son claves.
Partiendo de esto, ¿qué se está haciendo para aplicarla en Asturias? De mano, comenzar a trabajar en los aspectos recogidos en dos artículos: el que diferencia las zonas rurales en tres tipos y el que se centra en el diseño y la promoción de la agricultura territorial, que es aquella que genera el traje a medida que mejor le sienta a un territorio en todos los aspectos, logrando ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.
Tres tipos de zonas rurales
Así, el artículo 10 de la ley recoge los tres tipos de calificación de zonas rurales. En primer lugar, las zonas rurales o campesinas a revitalizar, que la ley define como aquellas que tienen una escasa densidad de población, una elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.
Un segundo tipo son las zonas rurales intermedias o intensivas, con baja o media densidad de población, con un empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos. El tercer tipo son las zonas rurales periurbanas, con población creciente, con predominio en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y que están situadas en el entorno de áreas urbanas o densamente pobladas.
En este sentido, el Servicio de Cartografía del Principado, según explican en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ya está trabajando en la tipificación de las 857 parroquias en las que se divide el medio rural de Asturias. La idea es tener esa catalogación de las parroquias asturianas, según sean periurbanas, intensivas o campesinas, concluida en primavera.
Con ese resultado, ya se podría plantear un segundo paso con la búsqueda de los modelos de desarrollo que mejor le sienten a cada parroquia, sin perder de vista el concepto de agricultura territorial. La ley, en su articulo 16, dice que deben ser las administraciones públicas las que promuevan el mantenimiento y la mejora de una actividad agrícola, ganadera y forestal «suficiente y compatible» con un desarrollo sostenible del medio rural. Para ello, plantea que se preste una atención preferente a profesionales de la agricultura y, de manera prioritaria, a quienes sean titulares de una explotación territorial, con especial atención a los jóvenes y a las mujeres.
Y, en esta línea viene trabajando el actual Gobierno regional que, a través del Comisionado para el reto demográfico, ya ha planteado modelos de desarrollo para las zonas periurbanas como la de Oviedo, con el objetivo de activar políticas municipales de abastecimiento alimentario de proximidad, planes de agricultura urbana y gestión integral del territorio.
O para las campesinas, con el ejemplo de Moal, en donde se pretende generar un espacio de ensayo de un prototipo de aldea de montaña que gestione sus sistemas agroecológico y energético locales desde el cooperativismo. Las parroquias campesinas son mayoritarias en el medio rural de Asturias, y son también las que se están matorralizando debido a su abandono, al igual que ocurre en las periurbanas.
En el caso de las parroquias intensivas, que se localizan principalmente en zonas del litoral asturiano con actividades económicas centradas sobre todo en la producción de leche, maíz forrajero y la forestal de eucaliptos, también tendrán que ir acomodándose a la transición ecológica a la que obliga la crisis climática.
La idea de aplicar de forma experimental en Asturias esta ley se había planteado en un primer encuentro telemático que mantenían a mediados de noviembre el comisionado para el reto demográfico de Asturias, Jaime Izquierdo (uno de los redactores de la ley), y el secretario general de Reto Demográfico de la Administración General del Estado, Francesc Boya, tras el que se explicó que se abordaría en colaboración con la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y los grupos de desarrollo rural.
Boya, que fue designado para este cargo a finales de octubre, era hasta entonces síndico de Arán. El gobierno del Conselh Generau d’Aran se había adherido al documento de bases titulado ¿Qué economía para los pequeños pueblos? que, a finales de mayo, habían promovido la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) y el Comisionado para el reto demográfico de Asturias para colaborar en la búsqueda de soluciones al problema de la despoblación y el abandono rural.
