La administración se persona como acusación participar por el desvío de fondos de formación en UGT
06 feb 2020 . Actualizado a las 13:57 h.Los servicios jurídicos del Gobierno del Principado, personado como acusación particular en la causa abierta contra varios exresponsables de UGT por el desvío de fondos de formación, se sumarán a la petición de penas de hasta 10 años de cárcel solicitada por el Ministerio Fiscal. «Los servicios jurídicos comparten, con carácter general, los criterios de la Fiscalía y solicitarán penas similares», ha señalado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Según ha apuntado, la posición del Gobierno regional «será siempre» la de actuar «con pleno respeto a los procedimientos judiciales».
La consejera ha señalado que el Principado, personado en el procedimiento judicial desde el año 2016, deberá presentar un escrito de acusación provisional que se sumará a la petición de penas solicitada por la Fiscalía, sin perjuicio de que se puedan introducir modificaciones tras las actuaciones que se practiquen en la apertura del juicio oral, recoge EFE.
La Fiscalía solicita para el exsecretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga una pena de diez años de prisión por cinco delitos de fraude de subvenciones por el presunto desvío de 1,4 millones de euros de los fondos públicos para cursos de formación entre los años 2010 y 2014. Los otros cinco exdirigentes y técnicos del sindicatos acusados afrontan penas de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel, mientras que para la organización sindical el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.
Entre los acusados figuran Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur, y Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, quienes también afrontan diez años de cárcel, así como María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur, para la que la Fiscalía interesa una pena de seis años y medio de prisión.
Además, el Ministerio Público pide cuatro años y dos meses de cárcel para Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, y para Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato. La Fiscalía también solicita multas de distintas cuantías que, en el caso de los tres principales acusados, superan el millón de euros.
