La jueza ha dictado un auto que recoge «subterfugios» con los que se hincharon los costes de formación y revertieron los beneficios al sindicato
21 ene 2020 . Actualizado a las 11:37 h.La jueza ha dictado un auto por el que acuerda el procesamiento de seis exdirigentes y técnicos de UGT Asturias y del propio sindicato como persona jurídica por su responsabilidad en cinco delitos de fraude de subvenciones en los cursos de formación por un importe de 1,46 millones de euros entre 2010 y 2014. Entre los procesados por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo se encuentra el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en 2016 tras dieciséis años al frente de la organización. También han sido procesados Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, y María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur. Asimismo, imputa a los técnicos Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones. y Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la jueza señala que, de forma indiciaria, los seis investigados, de común acuerdo, concertaron llevar a cabo «una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos» procedentes de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidos. Con esta dinámica, los investigados habrían obtenido beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical, tal y como sostenía la Fiscalía en el escrito remitido al juzgado el pasado mes de diciembre.
El desvío se llevó a cabo mediante diversos «subterfugios» con los que, según consta en el auto, lograron enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación de los gastos. La jueza considera que los exdirigentes del sindicato se habrían servido de sociedades creadas o controladas por UGT y empresas afines al mismo, entre las que cita a Localmur, Formación 2020 e Infastur, a las que recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas.
Los investigados utilizaron presuntamente un sistema de facturación por horas en el alquiler de locales y aulas, para incrementar, en cada curso impartido, el precio de los alquileres, facturando un coste superior al valor de mercado. En los casos de alquileres de equipos didácticos, por parte de Formación 2020 e Infastur, facturaban por su uso sin que, según la jueza, consten previamente adquiridos tales bienes por las entidades vinculadas que los alquilaban. Asimismo, se incluían en la justificación de los costes gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación directa o indirecta habían tenido en las acciones formativas objeto de las subvenciones.
Las cantidades defraudadas en las subvenciones concedidas a la fundación IFES, en los planes de los años 2010 a 2014, suman 757.862 euros, según recoge el auto. A esta cantidad se suman otros 704.781 euros de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.
Dos apartados de la causa
La jueza ha acordado asimismo el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones respecto a la fundación IFES al haber quedado extinguida en el año 2017. Igualmente han quedado apartados de la causa, al decretar el sobreseimiento de su imputación, Carmen Caballero y Daniel Pedro Rodríguez que, aunque ostentaron los cargos de secretaria de administración y secretario de formación, respectivamente, desde junio de 2013 a mayo de 2016, la defraudación no alcanzó la cuota típica en la anualidad de 2013 a 2014.
La jueza ha abierto un plazo de 10 días para que el ministerio fiscal y las acusaciones particulares formulen su escrito de acusación. La Fiscalía estima que hay indicios suficientes para formular la acusación a través de las testificales practicadas, la numerosa documentación recogida y los informes periciales de la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla.