El Consejeo de Gobierno autoriza un gasto de 17,5 millones de euros para los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. El crédito autorizado tiene carácter ampliable
27 dic 2019 . Actualizado a las 14:19 h.El Gobierno del Principado tiene previsto destinar el año que viene 17,5 millones de euros a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, que darán cobertura a 6.200 personas con algún tipo de dependencia, según ha avanzado la consejera de Presidencia, Rita Camblor. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto inicial de 15,7 millones para garantizar la prestación de estos servicios a los actuales 5.550 beneficiarios a través de convenios de colaboración con las entidades locales. Se trata de 4.200 beneficiarios de la ayuda a domicilio y otros 1.350 de la teleasistencia.
Camblor ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo asturiano ha optado por autorizar un crédito que garantice la prestación, a la espera de la próxima aprobación de los presupuestos regionales para 2020. A este respecto, ha avanzado que, una vez aprobadas las cuentas, esta cuantía se ampliará hasta los 17,5 millones, lo que permitirá extender la cobertura hasta las 6.200 personas, informa EFE.
Camblor ha destacado que el esfuerzo inversor del Principado para apoyar a este colectivo se plasma también en la decisión de que, por primera vez, el crédito tenga carácter ampliable. Con ello, ha apuntado, se consigue priorizar la concesión de ayudas y responder, al mismo tiempo, al posible aumento de beneficiarios derivado del plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para eliminar el retraso en el reconocimiento de las situaciones de dependencia.
Tercer sector
El Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a la concesión de ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para compensar los gastos adicionales en personal derivados de la aprobación del nuevo convenio colectivo general, a nivel estatal, de centros y servicios de atención a personas con discapacidad en julio de 2019.
Tradicionalmente, la prestación de servicios y atención a la discapacidad en Asturias ha venido siendo encomendada en gran parte a entidades y organizaciones del tercer sector sin ánimo de lucro; asociaciones, fundaciones, federaciones y patronatos, vinculados en muchos casos a familias y tutores de personas con discapacidad, con fuerte raigambre en las localidades en que se ubican y ofertan los servicios. Estas organizaciones iniciaron la puesta en marcha de recursos y programas específicos para personas con discapacidad, implementando actuaciones e intervenciones sociales cuando el desarrollo y la implantación territorial de los servicios públicos en esta materia eran claramente insuficientes.
La aprobación de un nuevo convenio colectivo general supuso para algunas de estas entidades un incremento en los gastos de personal que no estaban contemplados en los contratos de los acuerdo marco existentes, que finalizaron en julio de 2019, ni en las prórrogas en vigor en tanto se formalizan los nuevos acuerdos vinculados a la aplicación de la ley de acción concertada. Camblor ha expuesto que este acuerdo tiene como objetivo compensar los desequilibrios económicos causados a diferentes entidades que se han visto afectadas por la aplicación del nuevo convenio colectivo, al tener que asumir un mayor coste de personal.
Se atiende así a las reivindicaciones de las entidades afectadas, al compensar los gastos adicionales en personal -en tanto se formalizan los acuerdos de acción concertada- de 20 entidades, por un importe conjunto de 455.445,92 euros, que soportaron entre el 15 de julio de 2019 -fecha en la que finalizaron los acuerdos marco en vigor, y el 31 de diciembre de 2019.