Las federaciones de Industria de CCOO, UGT y de USO han convocado cuatro jornadas de paros por el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo
19 nov 2019 . Actualizado a las 19:04 h.Las federaciones de Industria de CCOO, UGT y de USO han convocado cuatro jornadas de huelga en el sector del montaje y del sector auxiliar para los días 26 y 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre por el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo, que afecta a más de 5.000 trabajadores en Asturias. Las tres organizaciones sindicales denuncian que, después de diez meses de negociaciones, «ha sido imposible lograr avances ni llegar a acuerdos consecuencia de la cerrazón empresarial».
Los sindicatos, que ya iniciaron las primeras movilizaciones el pasado 7 de noviembre con una concentración frente a la sede de la Federación de Empresarios del Metal y Afines de Asturias (Femetal), exigen mejoras en los aspectos sociales e incrementos salariales «acordes a la situación en la que se encuentra el sector» e instan a la patronal a que «cese su actitud». CCOO, UTG y USO piden a Femetal que «no pretenda precarizar y empeorar las condiciones sociales, laborales y económicas de un colectivo de más de 5.000 trabajadores», según informa Efe.
La primera jornada de huelga, que podría afectar al funcionamiento de empresas como las cementeras de Aboño y Tudela Veguín, Alu Iberia Fertiberia y Arcelor, empresa esta última en la que mayoritariamente prestan servicios los trabajadores y trabajadoras del sector, será el 26 de noviembre. Los paros de veinticuatro horas se repetirán los días 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.
Femetal defendió el pasado 7 de noviembre que, ante la situación de «incertidumbre e inseguridad» que subyace en el entorno económico y empresarial local, europeo y global, está trabajando en las negociaciones de un convenio con parámetros que permitan a las empresas «mantener la competitividad y el empleo de calidad que generan». Según advirtió, los términos de la propuesta presentada por los agentes sociales supondrían un aumento de los costes laborales que superan el 22% para los tres años de vigencia, un incremento «imposible de asumir» por parte de las compañías.
