La comparativa de tramos y tasas entre comunidades desmiente que la presión fiscal en el Principado sea más elevada que la media
19 nov 2019 . Actualizado a las 08:29 h.Quizá por estar en una periodo prolongado, casi permanente, de campaña electoral, en los últimos meses se dio un enfrentamiento inédito entre comunidades a cuenta de la política fiscal, dos modelos enfrentados el de Asturias y Madrid que se cruzaron acusaciones de de insolidaridad hacia la megaurbe central, por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de «infierno fiscal» al norte por parte del consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. El concepto de «infierno fiscal» no es nuevo y, de hecho, se trata de un argumento recurrente de los partidos asturianos del espectro conservador, desde PP a Vox, cuya diputada Sara Álvarez llevó esta misma semana al parlamento autonómico.
¿Lo es realmente? A la hora de hablar de presión fiscal, primero hay que aclarar el concepto, se trata aquella variable que viene determinada por la recaudación tributaria en relación al PIB. Tomando esta referencia con las cifras correspondientes a 2018 y calculando esa diferencia en cada uno de los territorios, la presión fiscal en Asturias es del 1,25% frente al 1,40% de la media de comunidades de régimen común. La propia consejera de Hacienda asturiana, Ana Cárcaba, explicó esta relación en sede parlamentaria. Incluso teniendo en cuenta los tributos propios de las comunidades, Asturias continúa por debajo de la media nacional, un 1,53%, frente al 1,60%.
Por debajo de la media europea
A menudo, el alarmismo sobre la presión fiscal desaforada se extiende al ámbito europeo para marcar a España como otro «infierno fiscal» del continente. Tampoco es cierto. Según los últimos datos de Eurostat para 2018 la presión fiscal española se sitúa en el 38,9%, claramente inferior a la media de la UE (45%, más de 6 puntos de diferencia) o la de los países de la Eurozona (46,3%, 7,4 puntos de diferencia). Se trata de una de las presiones fiscales más bajas de los países que componen la UE con brechas que tienden a incrementarse respecto de países como Alemania (45,6%), Grecia (47,8%), Francia (53,5%), Italia (46,4%) o Portugal (43,5%).
La batalla de sucesiones
El principal caballo de batalla en materia tributaria de partidos, lobbies y medios conservadores es, en todo caso, el impuesto de sucesiones. La pasada legislatura se reformó para que estuvieran exentos de su pago los herederos directos que fueran a recibir legados inferiores a los 300.000 euros. Esta ampliación de la exención (antes hasta los 150.000 euros) ha llevado a que el impuesto afecte a un número escasísimo de contribuyentes: apenas el 1%, alrededor de 200 personas cada año en Asturias. A menudo, de forma interesada se confunde el impuesto de sucesiones (cedido a las comunidades) con el de plusvalías (que grava la compraventa de vivienda y es de ámbito municipal). Buena parte de los patrimonios que se heredan en España son bienes inmuebles, casas, pisos o fincas, en muchas ocasiones hipotecados. Es esta deuda con los bancos la explica en su mayor parte las renuncias a la herencias (que no han dejado de crecer pese a la rebaja del impuesto en todos los territorios y que en Asturias ascendieron el año pasado al 18,7% del total). La diferencia entre el valor total de la propiedad, y la posibilidad real de efectuar con ella una compraventa, respecto al valor de la deuda que le acompaña es el factor definitivo para renunciar a una herencia.
Aún así y pese a la comparación insistente con Madrid por ser una comunidad abanderada de su supresión, mientras que Asturias se está exento de tributar hasta los 300.000 por heredero, en aquellas comunidades donde la exención llega al 99% (como es el caso de la capital del estado) supone que todas las herencias pagan, incluso las pequeñas. Esto provoca, por ejemplo, que una herencia que llegue a los 200.000 euros en Asturias no pague y si lo haga en Madrid.
99% de bonificación en la empresa familiar
Todavía este jueves el presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), Jorge Suárez, se revolvió contra el tributo negando que afectara a patrimonios altos (en Asturias no se pagan por menos de 300.000 euros) y también que afectaba de forma principal a las empresas familiares. Pero lo cierto es que, dentro de la última reforma aprobada en Asturias, se incluye una bonificación del 99% para el pago de esta transmisión especificamente contemplada para las empresas familiares. ¿Cuál es entonces el problema? En muchos casos, estos pequeños empresarios no están constituidos como sociedades, sino como autonómos ya que habrán considerado que a lo largo de su trayectoria profesional les beneficiaba fiscalmente. Pero entonces, en consecuencia, no puede acogerse a la bonificación de la empresa familiar. Jorge Suárez aludió en sus declaraciones al denominado «Índice Autonómico de Competitividad» en el que Asturias ocupa puestos muy bajos, pero lo cierto es que ese índice no tiene ninguna consideración oficial. Se trata de un ránking elaborado con sus propios criterios por la Unión de Contribuyentes, una asociación privada ligada a La Fundación para el Avance de la Libertad, de carácter libertario y el lobby norteamericano conservador Tax Foundation, opuesto, por ejemplo, al establecimiento en EEUU de un mínimo sistema sanitario público.
Ocho tramos de IRPF
Más complejo es el caso del IRPF que tiene tramos cedidos a las comunidades y que es difícil de comparar. La pasada legislatura se modificó este impuesto creando un nuevo tramo hasta 12.450 euros con un tipo del 10% frente al 12% que había hasta entonces y se incrementó la tarifa para aquellos que tienen rentas de más de 70.000 euros. En todo caso, en Asturias, dentro de la parte que le corresponde recaudar a la comunidad, se han establecido ocho tramos de IRPF para aumentar la progresividad. Murcia, Madrid o Castilla y León sólo tienen cinco tramos.
La fiscalidad empresarial corresponde al Estado
En el debate político asturiano se insiste de forma constante en que la fiscalidad de la comunidad perjudica a las empresas, pero esta afirmación es cuestionable. Buena parte de la fiscalidad empresarial (distinta de la fiscalidad individual) viene determinada por los grandes impuestos estatales: el Impuesto de Sociedades, el IVA, los rendimientos de actividades económicas del IRP; que son competencia de la administración central y sobre los que Asturias no tiene arte ni parte. De hecho, las comunidades autónomas tienen expresamente prohibida la aprobación de beneficios fiscales que afecten a la actividad económica (no pueden actuar en el IRPF, ni modificar la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modalidad que prácticamente ha sido eliminada por la Administración del Estado.
En el caso del impuesto de Actos jurídicos documentados, en Asturias se exigen unos de los tipos los más bajos de España (1,2% frente al 1,5% bastante generalizada en varios territorios). En cuanto a la modalidad de transmisiones patrimoniales, en Asturias al 95% de las transmisiones se aplica el tipo del 8% dado que, en el Principado, la mayor parte de los inmuebles tienen un valor por debajo de 300.000 euros. En los casos en los que el valor de los inmuebles se encuentre entre 300.000 y 500.000 euros se aplicaría el 9%, y a partir de esas cifras, el 10%.
