Asociaciones sanitarias, vecinales y culturales denuncian que las medidas son ineficaciones. Amenazan con la vía judicial
06 mar 2019 . Actualizado a las 14:44 h.El balance no puede ser más desolador. Se incumplen de manera sistemática los plazos máximos de demora, la burocracia para conseguir los certificados de garantía es tan farragosa que el paciente desiste, las derivaciones se han multiplicado, se sigue penalizando al enfermo que no acepta su traslado a otra área sanitaria, y, además, se sigue contando con clínicas privadas no concertadas para pruebas diagnósticas. Un frente de asociaciones sanitarias, de consumo, vecinales y culturales ha realizado un balance demoledor de los tres primeros meses de funcionamiento del Decreto 59/2018, de 26 de septiembre, sobre garantía de tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Servicio de Salud, información sobre listas de espera y Registro de Demanda Asistencial del Principado. Estos colectivos recuerdan que Asturias fue la última región en adoptar estas medidas correctoras y, encima, no las está acatando. Así que advierte: están dispuestos a llegar a los tribunales.
En un manifiesto firmado por 34 colectivos recuerdan a la Administración asturiana que «las listas de espera son para la ciudadanía el mayor y más grave problema del sistema sanitario» y lamentan que «la insistencia mediática y social haya tenido poco éxito en su mejora». El decreto aprobado en septiembre era una esperanza pero tal y como estaba elaborado, ya temían que sirviera de poco. Sus primeros pasos parecen haber confirmado estos temores. «La primera evaluación no puede ser más negativa, no solo por su escasa operatividad -como pronosticaban las alegaciones formuladas por distintas organizaciones sociales-, sino porque buena parte del articulado se incumple sistemáticamente», precisa.
El primero y quizá el más visible es la garantía de tiempos máximos. El Sespa no cumple los plazos y, además, ha adoptado medidas que este frente social considera, como mínimo cuestionables. No entiende el retorno de las conocidas como «peonadas» entre el personal médico y que habían sido desterradas. Del mismo modo, que se está abusando de las derivaciones. Con respecto a las derivaciones denuncian varios aspecto. El primero que se siga recurriendo a centros privados no concertados. Citan como ejemplo las resonancias nucleares magnéticas de la Clínica Asturias. El segundo aspecto que critican es que se penalice a los pacientes que se niegan a aceptar una derivación a un centro autorizado de otra área sanitaria. Indican que el decreto señala no tiene que perder la prioridad pero que, de facto, la está perdiendo.
En cuanto a la información que el Sespa facilita, este frente social asegura que no se están dando todos los datos necesarios. Reconoce que hay un plazo para la plena implantación pero lamenta que no solo se facilite la demora media y no los tiempos máximos de espera o que tampoco se estén desglosando las estadísticas por género. Al mismo tiempo, no se ha constituido la Comisión de Participación que debe reunirse cada tres meses, por lo que los usuarios todavía no tienen un foro real en el que expresar todo su punto de vista.
A estas asociaciones les parece incluso peor lo farragoso de los trámites burocráticos. Explican que cuando se produce un incumplimiento, los pacientes pueden reclamar. Pero para hacerlo necesitan conseguir antes algo que se denomina «certificado de garantía». Ahí radica el gran obstáculo: «Es un proceso, como hemos podido comprobar en casos concretos, que es innecesariamente complicado y que puede resultar imposible para los pacientes que viven lejos de los núcleos urbanos o que tienen limitaciones físicas». Se puede tardar hasta un mes en tener el documento oficial en la mano.
El primer paso que han dado ante este «incumplimiento sistemático» es recurrir a la denuncia pública. Pero están dispuestos a llegar más lejos si persiste. Advierten de que pueden tramitar denuncias administrativas o llegar a interponer un recurso judicial. Entre los colectivos dispuestos a sumarse aparecen la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, la Unión de Consumidores (UCE-Asturias), Stop Listas de espera, la Plataforma Anticontaminación de Gijón, la Plataforma Antitérmica de La Pereda, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón o la asociación cultural El Curbiru, de Bañugues.
