La comunidad acumula el 18% de los conflictos de linden municipales a pesar de sumar apenas el 1% de los ayuntamientos del país
04 may 2019 . Actualizado a las 19:00 h.Cuando nace un municipio lo primero que establece es su territorio y como hay concejos que fueron fundados en tiempos muy antiguos, muchos en la Edad Media, la línea de sus fronteras puede estar marcada por un mojón de piedras que ya no existe, por el eje de un camino que ha dejado de usarse, quizá siga igual la misma orilla del río o una roca singular en un determinado punto si esas eran las referencias. Pero nada es seguro. Y si bien para la mayoría de sus habitantes las fronteras entre dos ayuntamientos no pueden tener mucha relevancia, la importancia crece de pronto cuando unos metros de terreno pueden suponer una diferencia de peso en una inversión económica. Quizá por motivos estrictamente económicos o quizá porque la linde es algo que en un paisano en Asturias no se toma a la ligera, lo cierto es que el Principado se destaca, si no la que más, como una de las comunidades que mayor número de conflictos por fronteras municipales del país.
Lo dicen los datos del Instituto Geográfico Nacional y lo explica jefa del servicio de Delimitaciones Territoriales del Registro Central de Cartografía, Elena Camacho Arranz. La institución lleva un registro concreto de los expedientes de estos pleitos desde el año 2005 y en toda España se han sumado hasta entonces 78. De todos ellos 14 corresponde a Asturias de manera directa o indirecta porque «pueden ser o bien dentro del Principado, o intercomunitarios con otras comunidades», señala Camacho quien resaltó el hecho de que Asturias, que no llega a los 80 municipios (son 78) debería representar el 1% de esa litigiosidad --hay 8.000 municipios en España-- pero a lo largo de los años ha llegado a sumar casi una cuarta parte. «El el 18% de los conflictos, tiene mucho peso».
El interés por conocer la delimitación exacta y precisa de los municipios tiene mucha historia. En su fundación los concejos llegaba a acuerdos con los vecinos que en algunos casos se plasmaban en documentos aunque no siempre era así. Es mediados del siglo XIX cuando se inicia la primera planificación con una cierta previsión científica para realizar las mediciones. «Surge porque los impuestos territoriales eran los que mayor recaudación aportaban a la administración y Hacienda necesitaba saber para el catastro las delimitaciones precisas, los tipos de cultivo«, explicó la responsable del Instituto Geográfico Nacional. Era el año 1870 y se estaba haciendo uno de los primeros mapas a escala de España, el conocido como 1:50.000. Y así hasta el presente, en la mayor parte de los casos con delimitaciones algo imprecisas, con un margen de error de hasta 20 metros, en general para el conjunto del país.
Esos 20 metros cobraron de pronto en el presente mucha importancia porque «por ejemplo en el caso de que se vaya a levantar un parque eólico, y es algo que se suele establecer en la divisoria entre municipios, en puntos altos donde sopla mucho el viento, en 20 metros caben muchos molinos», explicó Elena Camacho.
¿Qué ocurre cuando hay un conflicto entre ayuntamientos? En los casos que quedan inscritos en una misma comunidad, el organo que decidirá depende de la comunidad autónoma y si es entre distintos territorios, se decidirá en el Ministerio de Administraciones pública, pero si no hay un entendimiento amigable el asunto puede terminar en los tribunales, llegando incluso hasta el Supremo. «Por ejemplo desde Asturias se nos remite información para que en el Instituto Geográfico Nacional hagamos un informe que es preceptivo pero no vinculante, y en más de una ocasión no nos han hecho caso», señaló Camacho. Con todo los criterios para resolver las disputas entre fronteras siempre siguen unos pasos concretos. Primero se acude al «deslinde de derecho», esto es todo lo que se haya recogido en acuerdos municipales, en actas y sentencias y la antigüedad de un documento puede ser determinante porque a cuantos más siglos se remonte mayor será su peso. Si no se resuelve por este cauce se investiga quién ha estado ejerciendo la jurisdicción de hecho sobre asuntos como los permisos para explotaciones mineras o madereras o quién ha limpiado el monte. Y si tampoco así hay acuerdo se acude a las propiedades. «Es un proceso muy largo que suele durart años», destacó la responsable del Instituto Geográfico Nacional.
No es sencillo porque muchos documentos son muy antiguos, hay casos en los que aparecen legajos del siglo XV, que «ya no son fácilmente interpretables», porque pueden tomar como referencia mojones que han desaparecido bajo cultivos, o que señalan marcar toponímicas, nombres de los lugares, que ya no se usan, que se han perdido en el tiempo.
