El Principado considera positivo que se dé prioridad en las ayudas de la PAC a profesionales y se limite lo que puede recibir cada explotación
04 ene 2019 . Actualizado a las 16:41 h.La reforma de la Política Agraria Común, la PAC, los planes que para ella se contemplan en forma como se repartirán los presupuestos europeos para el próximo periodo 2021-2027, han despertado la preocupación de gobiernos y también de los sectores agrarios, en parte porque los planes de Bruselas ya auguran un recorte; pero también por la reconsideración de diferentes concepto dentro de los programas. Entre ellos se encuentra la definición de «agricultor genuino», por la que ha preguntado el portavoz de Ciudadanos en la Junta General, por la valoración que le merece al Ejecutivo asturiano. Y es positiva.
En su respuesta, la Consejería de Desarrollo Rural, comienza señalando que más que «agricultor genuino», la traducción más acertada de lo que propone la Comisión es la de «agricultor profesional» y, sin llegar a ser un criterio excluyente, tendría prioridad para obtener determinadas ayudas. Para el Gobierno asturiano se trata de «un enfoque correcto que va en la buena dirección» si bien advierte de que la definición final debería ser compartida por todos los estado.
Para el Principado el «agricultor genuino» debería ser «aquel que obtenga al menos el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación, sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total». La Consejería añade que esta definición no debería ser contradictoria con la existencia de «agricultores pluriactivos» pero que no deban cobrar pagos directos. La posición de Asturias apoya también apuestas de la Comisión como limitar el importe de ayudas por explotación a 100.000 euros (Asturias preferiría un techo de 60.000) van encaminadas en buena medida a impedir que sean grandes latifundios y propietarios de enormes explotaciones los que terminen por acaparar las ayudas comunitarias.
El Gobierno asturiano también postula que «no se puede mantener a las personas jubiladas dentro del sistema». Sus argumentos pasan porque «su presencia conlleva una distorsión del escenario financiero de apoyo al sector, confunde el alcance de los apoyos reales y dificulta la incorporación de los jóvenes. La PAC no puede ser un complemento de las pensiones. Las ayudas directas deben destinarse a los agricultores profesionales. Los jubilados deben de quedar fuera, quizá con una senda progresiva a lo largo de todo el periodo para no provocar convulsiones».
Rebaja de fondos
Las regiones y los Estados dirigen sus primeros esfuerzos a tratar de paliar la rebaja de fondos de la PAC en el nuevo periodo. En términos globales, la PAC de 2014 a 2020 incluía 308.726 millones de euros en pagos directos que para 2021 a 2027 se quieren rebajar a 286.195; respecto a las ayudas a Desarrollo Rural, se pasa de 99.587 millones a una mengua de 78.811 millones. Para el periodo vigente, la PAC de los años 2014-2020, el Principado estaba recibiendo alrededor de 325 millones del FEAGA, los pagos directos a los agricultores y que se conciben como el primer pilar de la PAC; el segundo son los FEADER, las ayudas al desarrollo rural (en muchas líneas de actuación) y que en Asturias sumaron 441 millones en los últimos 7 años. Para el primer pilar el recorte planteado en el borrador de la propuesta europea oscila entre el 7,30% y el 5%; y entre el 20% y el 15% para el segundo. Con esos cálculos, y teniendo en cuenta que lo planteado hasta ahora por la Comisión es una propuesta que todavía debería ser negociada y acordada por los jefes de gobierno de los países miembros, las pérdidas para Asturias serían cuantiosas: unos 38 millones menos en el cómputo global, 16 millones de reducción del FEADER y 22 menos en los FEAGA.
Entre otros puntos, Asturias ve con preocupación que se abra la posibilidad de que la rebaja de fondos se vaya a complementar con aportaciones de los estados; con lo que crecerían las diferencias de los países miembros. «La PAC debe seguir siendo una política eminentemente común, su estructura debe estar basada en dos pilares y el primer pilar debe financiarse exclusivamente con fondos europeos». Además la Consejería demanda que la nueva PAC incluya una discriminación positiva para las zonas de montaña, entre otras cuestiones.
