Javier Fernández: «No somos la aldea gala, pero la nueva realidad energética no puede colapsar la existente»
ASTURIAS
El presidente del Principado exige alternativas sólidas al cierre de las minas. El ministerio promete a los líderes de Asturias, Castilla y León y Aragón firmeza con las eléctricas
26 dic 2018 . Actualizado a las 21:09 h.Ha sido una cumbre en toda regla, con presidentes, ministra y secretarios de Estado. Sobre la mesa el futuro de las cuencas mineras tras el cierre de los pozos, la estrategia a seguir para sobrevivir tras la transición energética. Los presidentes de Asturias, Castilla y León y Aragón, no se oponen al proceso pero quieren que sea paulatino, justo y negociado. Necesitan vender alternativas a sus ciudadanos. Lo ha definido con una frase Javier Fernández, el presidente del Principado: «No somos la aldea gala pero la nueva realidad no puede colapsar lo que existe. Hay que articular la actividad en el medio y largo plazo».
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido con los tres responsables autonómicos, Javier Fernández, Juan Vicente Herrera y Javier Lambán. En el encuentro también estaban el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; y el de Energía, José Domínguez Abascal, que ha sido el encargado de trasladar la postura del ministerio al término del encuentro.
El cierre de centrales térmicas
El Ministerio para la Transición Ecológica exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón planes de transición justa que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas. José Domínguez Abascal ha reconocido que los presidentes les han señalado que se debe exigir responsabilidad con las zonas donde están las centrales a las eléctricas que durante años han obtenido beneficios de ellas. No obstante, el secretario de Estado ha recordado los márgenes existentes. Ha señalado que nadie puede engañarse, que la transición energética no la ha inventado la Administración General del Estado, que viene de normativas europeas y que hay que hacerla.
Domínguez Abascal ha añadido que el ministerio está más interesado en el futuro y en las nuevas inversiones en los territorios afectados por el final de la minería del carbón y el cierre de centrales de generación eléctrica que lo utilizan como combustible más que «en la no modificación de algo que tenemos que modificar porque lo obliga la UE». El clima de la reunión ha sido bueno. El secretario de Estado ha dicho que hay intención, «de afrontar los problemas juntos y de reconocimiento de la realidad», y ha insistido en que la Administración General del Estado no está cerrando centrales de carbón, sino que es por aplicación de la normativa comunitaria el que las plantas que no hagan inversiones para reducir sus emisiones contaminantes tengan que cerrar en junio de 2020.
Preguntado si van a presionar a compañías que han solicitado el cierre de centrales de carbón, como Iberdrola o Endesa, Domínguez Abascal ha dicho que «presionar» es una palabra que «no nos gusta», pero sí es cierto que las compañías propietarias de estas plantas tienen vocación de operar en el sistema energético español y tienen que «transformarse para adaptarse a la situación». En cuanto al cierre de las minas de carbón cuyos propietarios no hayan devuelto las ayudas el próximo 31 de diciembre, Domínguez ha dicho que hay dos empresas (Sanca, de Aragón, e Hijos de Baldomero García, de Castilla y León) que se han sentado con el Ministerio porque quieren continuar con su actividad y se están «explorando mecanismos y planes para esa devolución que exige la UE». Ha indicado que, en concreto, se están abordando mecanismos de flexibilidad en los plazos de devolución de las ayudas y ha manifestado que el Gobierno no puede perdonar unas ayudas que no ha dado ni asumir el impacto que puedan tener para las empresas que decidan continuar con su actividad minera.
Los presidentes
Los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, han alertado de la necesidad de construir alternativas reales antes del cierre de las cuencas mineras y de las centrales térmicas, por el impacto que se puede producir en esos territorios.
Javier Fernández ha precisado que habían transmitido a la ministra que «no somos la aldea gala» pero que la nueva realidad «no puede colapsar lo que existe y hay que articular la actividad en el medio largo plazo». El presidente del Principado ha insistido en que son comarcas periféricas y necesitan de una atención especial, «ya que algunas de ellas vienen de otros procesos de desindustrialización».
La idea fundamental que transmitió durante la cumbre en el ministerio fue la del riesgo de desindustrialización en Asturias. Si cierran las centrales térmicas, si se incrementan los precios de la electricidad para la industria, si aumenta el precio de los derechos de emisiones de CO2, entonces se dispara el peligro de que se produzcan deslocalizaciones y de que Asturias padezca una desindustrialización. Javier Fernández ha insistido en que este sector «necesita fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.
Por su parte, Herrera ha calificado la reunión de positiva, ya que habían escuchado desde el ministerio sus inquietudes «por una situación límite en amplias zonas» de sus comunidades. Tras asegurar que no quería generar «falsas expectativas», ha indicado que estos procesos de transición conllevan «enormes sacrificios personales», por lo que ha pedido que sea justa, ya que hay otros factores como el demográfico o la desaparición de la actividad económica, fundamentales para el desarrollo de la comarca.
Lambán ha recordado que los tres presidentes llevan meses trabajando conjuntamente en el asunto y que tienen sintonía en sus posiciones en la búsqueda de alternativas para el cierre. «La ministra sabe que cuenta con nosotros para una transición ecológica justa -ha añadido-, pero es obvio que debe reunir requisitos concretos» y ha apelado a la «responsabilidad social» de las empresas que hasta ahora han explotado las minas y las centrales, algunas de las cuales ahora se quieren desentender y toman las decisiones buscando su beneficio personal. A su juicio, no puede haber «un cierre abrupto» en 2020 de las centrales térmicas, porque ello provocaría un «éxodo de población» en la comarca más próspera de Teruel, Andorra.
La realidad económica y social
El presidente de Castilla y león Herrera se ha referido a la coincidencia con Ribera en la necesidad de cooperar en la construcción de esa nueva realidad económica y social en esas zonas de minería y centrales térmicas, para lo que han pedido ser escuchados, porque no se puede «prescindir de la realidad actual para construir otra nueva». Ha indicado que una empresa quiere mantener la explotación carbonífera abierta a partir del 1 de enero por lo que ha pedido tiempo para la devolución de las ayudas y que no se recorten los plazos. Ha reconocido un acercamiento de la ministra a lo local, a los sindicatos, a los ayuntamientos y a las comunidades afectadas, que «no pedimos otra cosa que estabilidad, objetivos y plazos claros». Para Lamban, cerrar las centrales en junio de 2020 es incompatible con una transición justa y ha planteado que las eléctricas arbitren fórmulas para continuar con la economía del carbón. Los tres han considerado que el cierre en 2030 era una fecha incorporada en su cuenta de resultados y que si se acortan los plazos se les da un pretexto para el cierre.
Herrera se ha referido al fondo europeo de 5.000 millones para proyectos de escala estratégica a los que podrían acogerse las cuencas en su plan de reindustrialización, a que el Gobierno de España también aportará fondos y las comunidades no rehuirán partidas económicas, pero que lo importante es generar entornos atractivos para que se implanten las empresas.
La reunión de la ministra con los presidentes se produce después de que el último Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley de medidas para la transición justa de la minería del carbón, que, además de prejubilaciones, bajas incentivadas y una bolsa de trabajo, contempla destinar 100 millones en 2019 a políticas de transición justa y lucha contra el cambio climático en las zonas afectadas.