
El estallido del conflicto directo con Llamazares se sucede tras meses de choques entre IU Asturias y Garzón, con acusaciones de interferencias, hinchados de censos y purgas
02 ene 2019 . Actualizado a las 13:23 h.La mañana del viernes, después de que se filtraran los audios de unas conversaciones del pasado mes de mayo sobre la posibilidad de que Actúa concurriera a los comicios en competencia de con IU, la guerra entre Alberto Garzón y Gaspar Llamazares era ya un enfrentamiento abierto, un duelo de los que se empuña la espada con la promesa de no volver a envainarla hasta que haya probado sangre del enemigo. Garzón exigió a Llamazares que se marchara de la organización y el asturiano acusó al coordinador general de usar tácticas propias de «las cloacas» y el «modelo Villarejo» con una filtración, difundida desde el entorno de la dirección federal, de las grabaciones. Lo cierto es que, pese a la incomodidad creciente de la coordinadora regional con la polémica de Llamazares, no se adoptó ninguna decisión «en caliente» de expulsar al que es su portavoz parlamentario y también, a ninguno se le escapa, uno de sus principales valores electorales. Se reclamó al portavoz explicaciones y pruebas de lealtad «irrevocable» al proyecto de la coalición en Asturias pero, a la vez, el comunicado de la dirección, deslizaba sin más sutileza que la necesaria que cualquier sanción se adoptaría en Asturias y no en la federal y que Garzón debería respetar un procedimiento con garantías en el que debía actuar con «responsabilidad». Además el comunicado señala que, en todo caso, cualquier sanción la decidirá IU de Asturias. Con todo, se arrastra un memorial de agravios entre Asturias y Madrid con acusaciones de juego sucio, purgas al estilo de Beria y exigencias de perdón propias de juicios de Stalin.

La valoración de los dirigentes asturianos llamaba a distinguir entre la polémica personal de Llamazares y la discusión sobre la confluencia con Podemos; una que se ha descartado con un voto mayoritario entre los militantes de Asturias pero que forma parte como pilar central de la estrategia de Garzón en el Estado. Para el portavoz asturiano ambas cuestiones sí tienen relación y más después de los pésimos resultados de Adelante Andalucía, fuertemente castigada por la abstención. Desde su punto de vista, el enfrentamiento se ha recrudecido como una especie de cortina de humo para evitar asumir responsabilidades de un modelo de confluencia que en su opinión es una disolución de la coalición; y más después del lanzamiento de un manifiesto, hace una semana, firmado entre otros por el excoordinador Cayo Lara. Con todo, y aunque fuentes de la dirección de IU Asturias han señalado que la posibilidad de que Llamazares encabece el cartel en las autonómicas se ha complicado enormemente, no ocultan tampoco su malestar con el proceder de Garzón y la calificación de «guerra sucia» no ha sonado por primera vez ahora sino que se ha repetido a lo largo de los últimos meses.

Lo cierto es que el propio Cayo Lara fue uno de los primeros en sufrir una filtración similar cuando se difundió un vídeo en 2015 siendo aún coordinador con una valoración muy crítica sobre el funcionamiento de la organización y también sus dudas sobre las intenciones reales de Podemos de llegar a una alianza. Descabalgado Lara con Garzón ya al frente del partido y tras profundizar en su proyecto de engarce con los morados, las tensiones con Asturias se han ido acrecentando.

La mayor de las colisiones se produjo a comienzos del verano, cuando iba a desarrollarse el proceso de votaciones sobre el modelo de coalición con Podemos. En Asturias ya había habido una consulta con un respaldo masivo a mantener «la identidad» de IU y en un momento determinado, con sospechas de que se estaba hinchando el censo de afiliados y simpatizantes con capacidad de voto, Asturias suspendió la consulta federal y convocó una propia, sólo para militantes. Alberto Garzón envió un requerimiento a Asturias con una amenaza de intervención que desde el Principado se percibió no sólo como una invasión de competencias a una federación independiente sino también como un intento de apoderarse de su patrimonio. Tras una enorme tensión y amenazas soterradas de ruptura se llegó a un acuerdo salomónico para celebrar dos consultas, la federal y la asturiana, pero que sólo la última fuera vinculante: en ella votó el 53% de los militantes y se rechazó la coalición con Podemos con un 86% de votos negativos.

La sangre no llegó al río en aquella ocasión aunque faltó poco y la desconfianza quedó marcada en los ánimos. Pasado el verano, el conflicto retornó por la elección de los que debían ser candidatos a las elecciones europeas, unos comicios para los que la dirección federal se reservaba plenos poderes. Por el hecho de que en ese proceso la alianza con Podemos fuera totalmente operativa o por las discrepancias territoriales, lo cierto es que no hubo cabida para candidatos asturianos en la lista a pesar de ser una de las comunidades con mejores resultados electorales para la formación (IU es la segunda fuerza municipal en Asturias y su grupo parlamentario en la Junta es el mayor del conjunto del país). Distintas voces criticaron además que Podemos se reservaba los mejores puestos de salida sin que Garzón hiciera valer los intereses de IU.
Pero además de esta discrepancia pública, en la que la coordinadora regional aprobó un documento de rechazo a «la decisión de la dirección federal de excluir a Izquierda Unida de Asturias de la lista europea por primera vez en 32 años», se incluyó también una mención de reconocimiento a Ángela Vallina, la eurodiputada asturiana en esta legislatura que termina. Y no fue una cita baladí.

Vallina fue objeto, según fuentes de IU Asturias, de una situación que compararon con purgas estalinistas y también con «El Proceso» de Kafka, Todo partió de una denuncia de Marina Albiol en la que afirmaba que había prácticas de acoso contra trabajadores del grupo parlamentario en Bruselas; unas manifestaciones de las que luego se retractó. Sin embargo, la dirección federal abrió una investigación en la que se señaló a las asturiana por un supuesto incumplimiento de varios artículos de los estatutos de la organización, que no llegaron a especificarse, y que según indicaron podrían acarrear faltas de leves a graves que tampoco se especificaron. Desde Asturias se señaló que además se de que no se llegara a conocer nunca de qué se acusa a la asturiana había habido una mala fe intencionada a la hora de reportar las faltas sin distinguirlas de las denuncias de acoso.
De forma paralela, y aunque no tuvo impacto directo en Asturias, sí preocupó a varios miembros de la organización el caso padecido por el alcalde de Zamora, el único gobierno de una capital de provincia de la coalición y que está encabezado por Francisco Guarido, también muy crítico con las tesis de Garzón. En Zamora llevaron a los tribunales el caso de una cuenta creada en tuiter y llamada «Rancios Izquierda Unida» que se dedicaba a atacar sistemáticamente a la dirección de la coalición en la capital castellana, aunque también incluía numerosas críticas al portavoz de Asturias Gaspar Llamazares. Pero no era sólo el acoso de la la cuenta en tuiter sino que en un determinado momento, la coalición zamorana recibió una factura en la que se pretendía que se hicieran cargo de gastos de esa misma cuenta. Fue esa circunstancia la que les decidió acudir a los tribunales con una denuncia por usurpación de identidad jurídica. La investigación avanzó hasta que llegó a descubrirse que la cuenta era gestionada por Jorge Navas Alejo, responsable de comunicación en el parlamento europeo, y también muy afín al equipo de Alberto Garzón. Pero nunca llegó a resolverse ni sentencia ni sanción ya que al descubrirse esta identidad, la dirección federal suprimió los poderes al abogado de IU de Zamora para que abandonara el caso.