El Principado y Galicia se alían para frenar la pérdida de fondos europeos
28 nov 2018 . Actualizado a las 10:00 h.Es uno de los efectos colaterales del Brexit (porque la marcha del Reino Unido de la UE rebajará las aportaciones al fondo comunitario) pero también de los nuevos cálculos en el reparto de ayudas europeas con una mengua para las regiones. Asturias, y también Galicia por ser una comunidad del noroeste con muchos intereses comunes, se encuentran entre los territorios donde más ha crecido la preocupación por esta materia y ayer formalizaron, según han confirmado fuentes del Principado, un frente común para detener o al menor aminorar esa sangría de fondos. ¿De cuánto estaríamos hablando? Depende de los cálculos y de los distintos escenarios sobre los que se sitúe finalmente el rediseño de los fondos europeos pero en uno de los peores casos, Asturias podría sufrir un mengua del 37% de las ayudas, es decir alrededor de 277 millones de euros.
Galicia y Asturias van a redoblar ahora su frente común para mejorar sus fuentes de financiación. Lo activaron ante el Gobierno central para reclamar un reparto más justo entre el Estado y las comunidades autónomas, y ahora deberán llamar simultáneamente a las puertas de Madrid y Bruselas por una situación que se mueve entre el contrasentido y la injusticia: para el período 2020-2027, España, en general, va a mejorar la recepción fondos de la Unión Europea en torno a un 5 %; mientras, Galicia y Asturias perderán millones a borbotones, en porcentajes relativos respecto al 2014-2020 que se mueven entre el 46 y el 37 %, respectivamente.
Aunque los efectos combinados de la ampliación hacia el Este, que significó el ingreso en el club europeo de zonas más pobres y con necesidades más acuciantes, y de la preocupación por el gasto público que siguió al estallido de la crisis, han menguado las aportaciones comunitarias para Asturias, el Principado, como la mayoría del resto de las comunidades españolas, disfruta de la garantía de la solidaridad europea que en nombre de la convergencia se concede de forma automática a todas las regiones que no alcanzan el 90% de la renta media del conjunto de la Unión. De esa manera, en la negociación del presupuesto ahora en vigor, Asturias se aseguró más de 750 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias.
El Fondo Europeo de Desarrollo (Feder) aporta 317 millones de euros, una cantidad similar a los 325 millones aprobados para desarrollo rural. El Fondo Social Europeo, que financia políticas de empleo, inclusión social e igualdad de oportunidades, entrega 87 millones y las políticas pesqueras de la FEMP, otros 24 millones. La suma de esas cuatro fuentes da una transferencia de más de 750 millones de euros desde Bruselas, que, sumados a la cofinanciación de algunos proyectos con fondos propios de la comunidad autónoma o inversiones del Gobierno central español, permitirán abordar proyectos, desde carreteras a I+D+I pasando por mejoras para el mundo rural, por valor de más de 1.000 millones de euros.
En ambos casos se da la paradoja de que, tras la crisis económica, han perdido la categoría de zonas desarrolladas para regresar a los vagones de cola comunitarios por el desplome del PIB per cápita con respecto a la media europea. Sin embargo, ese descenso de categoría no se va a traducir en un aumento de los fondos «porque la Comisión Europea ha tenido en cuenta las atribuciones originarias en el actual período 2014-2020», según indicó el responsable de la Xunta de Galicia de Relaciones Exteriores con la UE, Jesús Gamallo.
De momento, Galicia y Asturias tienen más trabajo en Madrid que en la capital europea. Para recuperar fuelle presupuestario, ambas deberán apelar al Gobierno central, que con los nuevos criterios de gestión tiene más mano sobre el reparto de fondos dentro del Estado. De hecho, Europa y España aceptaron un sistema que permitía activar una «red de seguridad» para las comunidades que sufriesen un acusado descenso de los ingresos, con el objeto de compensar los desequilibrios.
Las causas técnicas para este drástico recorte son múltiples, desde el más obvio -el Reino Unido deja de aportar miles de millones- hasta otros criterios que se incorporan en el reparto, que se sigue basando fundamentalmente en el PIB per cápita pero que incorpora nuevos condicionantes como el desempleo -especialmente entre los jóvenes-, los niveles educativos, el cambio climático o la acogida e integración de migrantes.
