El último informe forense rechaza la petición de la defensa y determina que el exlíder del Soma está en condiciones de testificar en la primera sesión, que tendrá lugar mañana
26 jun 2018 . Actualizado a las 19:19 h.El histórico dirigente sindical José Ángel Fernández Villa será juzgado desde mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del SOMA-UGT, que dirigió durante 35 años, por el que la Fiscalía solicita cinco años de prisión. Junto a Fernández Villa, para el que la acusación particular ejercida por el sindicato solicita seis años de cárcel, en el banquillo se sentará Pedro Castillejo, exgerente de la fundación Infide, dependiente del sindicato minero, y para el que el Ministerio Público pide tres años y medio, y cinco el SOMA-UGT.
Dos días antes de que se iniciase la vista oral, Fernández Villa se sometió a un nuevo examen forense a petición de su defensa, que ya había visto rechazada durante la instrucción la petición de incapacidad solicitada por su representación legal dado su estado de salud. Las conclusiones de los facultativos que lo examinaron ayer por quinta vez a lo largo del proceso consideran que el acusado está en condiciones de declarar pese a sufrir un deterioro cognitivo y serán examinadas mañana por el tribunal al comienzo de la vista oral.
Antecedentes del caso
En octubre de 2014 se conoció que Fernández Villa se había acogido dos años antes, de forma paralela a las últimas movilizaciones del sector minero que lideró, a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros, lo que llevó a su expulsión del SOMA-UGT y del PSOE, partido en el había sido diputado regional, senador y miembro varios años de sus ejecutivas federal y autonómica. Tras conocerse estos hechos, el sindicato minero presentó una querella contra su exsecretario general que derivó en la apertura de juicio oral con la imposición de una fianza por el juzgado instructor de 434.000 euros, ampliada después a 579.000 euros.
Según el fiscal, el acusado ejercía una «posición de dominio absoluto» en la organización donde tomaba todas las decisiones, incluida la de crear la Fundación Infide y la de poner a Castillejo al frente, e ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.
Así, desde 1989 habría cobrado los cheques nominales con los que Hunosa pagaba las dietas por asistencia al comité intercentros que sumaban unos 244.000 euros y en 2001, tras decidir la empresa que los pagaría por transferencia, acordó que los ingresos no se hiciesen en la cuenta del SOMA-FITAG-UGT, sino en otra de similar nombre (SOMA) sobre la que tenía «un control absoluto».
La Fiscalía asegura que utilizó el patrimonio del SOMA como una cuenta personal de gastos en la que, además de los justificados por su actividad de secretario general, añadió otros meramente personales y, además de percibir dietas por kilometraje y comidas, cobró gastos de carburante, multas, facturas de mantenimiento de coches, seguros, resguardos de aparcamiento o periódicos.
El acusado también realizó numerosas compras por 73.000 euros «sin justificación alguna» con cargo a las tarjetas de crédito del sindicato con las que pagó puros, sombreros, perfumes, flores, centros dietéticos, maletas, libros, discos y en restaurantes y sacó 13.800 euros en metálico para su disfrute personal. Para comprar en 2001 un Mitsubishi Montero utilizó otros 33.520 euros y cinco años después volvió a cargar a costa del sindicato otros 52.100 euros para pagar, entre otros gastos, otro vehículo para su uso particular, añade la Fiscalía.
En cuanto a Castillejo, el fiscal considera que «aprovechando su posición de absoluto control de la entidad» realizó operaciones no relacionadas con la fundación como reintegros en efectivo, pagos en «innumerables» restaurantes, farmacias, tiendas o compañías aéreas, y que ascendieron entre los años 2004 y 2013 a 119.434 euros.
Al margen de este caso, Fernández Villa también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones que regularizó en la última amnistía fiscal y es uno de los investigados en la Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.
