La «operación Hulla», lanzada en mayo, liga el origen de la fortuna oculta del exdirigente del SOMA a un desvío de fondos que duplicó el precio del geriátrico de Felechosa. Además, irá a juicio en el 2018 por apropiarse de dinero del sindicato.
30 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El caso Villa pasó en primavera a ser la operación Hulla. Una investigación, aún en curso a finales del año, en la que colaboran la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO), la brigada de detectives de élite de la Guardia Civil, conectó entonces los puntos entre la fortuna que, inopinadamente, sacó a la luz el exdirigente del sindicato SOMA-UGT en la amnistía fiscal del 2012 y el tremendo encarecimiento de las obras de la residencia geriátrica promovida en Felechosa por el Montepío de la Minería. Lo que sacudió la política y la sociedad asturianas no fue tanto el salto adelante en las indagaciones judiciales, puesto que la conexión entre el dinero oculto de José Ángel Villa y el gran proyecto en el concejo de Aller ya había aparecido en diversas informaciones periodísticas, como su alcance. En el sumario hay 16 investigados y cuatro de ellos fueron detenidos el 30 de mayo por orden judicial. El precio de la obra, que recibió subvenciones públicas procedentes de los fondos mineros, se fue por encima de los 30 millones de euros, más del doble de lo presupuestado inicialmente.
Por su personalidad siempre lista para el enfrentamiento y cerrada a las concesiones a los adversarios, la figura de Villa durante su largo mandato en el SOMA, tres décadas que hicieron de él uno de los hombres más influyentes de Asturias, siempre causó divisiones. Era mucho más temido que querido y, desde que en octubre del 2014 salió a la luz su presunto enriquecimiento irregular, su figura se cuarteó con rapidez. El sindicato socialista, y el propio partido, cuya vida interna condicionó durante tanto tiempo, lo expulsaron con rapidez y sin miramientos. El exsindicalista, cuya estrategia de defensa se ha basado en el silencio y en la alegación de problemas de salud para intentar evitar o retrasar sus citaciones e interrogatorios judiciales, también ha callado en el 2017 y no ha ofrecido explicaciones en público, pero su plan de esperar que la atención sobre él se desvaneciera entre los tiempos lentos de la justicia hizo aguas en esos meses de la primavera.
Su antiguo prestigio de dirigente sindical que siempre ganaba sus pulsos para beneficio de los trabajadores había rodado por el suelo incluso antes de la Guardia Civil arrestara a su antigua mano derecha, José Antonio Postigo, que fue su guardián en el sindicato y al que después situó al frente del Montepío; al arquitecto que certificó las obras, Manuel Sastre; al gerente de la constructora, Juan Antonio Fernández; y a uno de los contables de la mutualidad minera, José Manuel Fernández. Él se libró de la detención, pero no de un registro en su piso de Oviedo. Fue el remate de un mes que había comenzado con otro revés judicial. El 5 de mayo se había sabido que, en el 2018, Villa afrontará un juicio por otra causa: se le acusa de apropiación indebida por un saqueo de fondos de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide) por el que también está imputado el antiguo secretario del centro, Pedro Castillejo.
La fiscalía pide cinco años de prisión contra él y sus antiguos compañeros del SOMA, que ejercen la acusación popular, elevan la pena solicitada hasta seis años y medio. Sostienen que, entre los años 1989 y 2010, se apropió de más de 434.000 euros del sindicato. El escrito de acusación asegura que Villa se quedaba con las dietas que los representantes de la organización debían percibir por sus desplazamientos a reuniones en Madrid y que destinó dinero de los afiliados a gastos de representación a los que no tenía derecho, compras de artículos de lujo y la adquisición de dos coches, a pesar de que el SOMA le pagaba otro para sus viajes de trabajo. Villa mantuvo uno de esos vehículos incluso después de dejar la secretaría general.
Por llamativas que resultaran esas acusaciones, fueron solo el preámbulo de la operación Hulla, organizada tres semanas después. Los cuatro detenidos salieron en libertad con cargos a los pocos días, pero su paso por el juzgado de Oviedo desveló el funcionamiento de la trama concebida para el enriquecimiento de unos pocos alrededor de la residencia de Felechosa. Lo que iban a ser unas instalaciones de alto nivel para que los veteranos de la mina pasaran una jubilación confortable se transformó también en una excusa para el desvío de fondos hacia bolsillos particulares. La UCO cree que de ahí salieron los 1,4 millones de euros que regularizó Villa y los 360.000 que, en la misma época, hicieron aflorar Postigo y su hija, trabajadora del Montepío. Villa también había dejado colocado a su hijo Rolando como gerente del complejo de Felechosa.
La investigación aún trata de determinar cómo se infló el presupuesto de las obras hasta los 32,5 millones de la certificación final. Las dos posibilidades, que no son excluyentes, son que se inflaran los precios o que se dieran por realizados trabajos que en realidad nunca se acometieron. Ahí intervenían el arquitecto y la constructora. Del asesor financiero se sospecha que aconsejó a Villa y Postigo acogerse a la vía de la amnistía fiscal para blanquear sus ganancias. Alrededor de los dos exdirigentes sindicales, además, pululaba un amplio elenco de familiares y relaciones personales o profesionales que explica la existencia de tantos investigados y testigos. Por ejemplo, la pareja de Postigo, junto a otra mujer, figura como administradora de la empresa que, supuestamente, se encargaba de la limpieza de otra de las residencias del Montepío, situada en la localidad murciana de Los Alcázares. La investigación, sin embargo, considera que esa firma fue una mera pantalla para embolsarse 300.000 euros porque nunca tuvo trabajadores ni actividad profesional. Villa, a su vez, afirma que el origen de su dinero es una herencia familiar, fruto del trabajo de sus padres en una pequeño bar familiar de Tuilla, en Langreo, lo que explica por qué se citó a declarar a sus hermanos. Su esposa y sus dos hijos también han recibido oficios para acudir al juzgado en calidad de investigados.
El último golpe judicial a Villa, por el momento, se produjo en octubre. La Audiencia Provincial ratificó entonces el embargo de todos sus bienes y la inmovilización de todo el dinero que exceda de 6.000 en cada una de sus cuentas y activos. Las mismas medidas se aplican a Postigo y otros investigados. Han pasado de héroes de la clase obrera a imputados por delitos económicos y presunta corrupción. La caída del exdirigente del SOMA es abismal.