La oferta ya está distribuida pero hay muchas incógnitas sobre la mesa, desde la forma en la que se evaluará a si prosperará una impugnación judicial
20 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ya hay plazas para las oposiciones docentes. Eso no tiene vuelta de hoja. El Principado ha esperado hasta justo cuatro meses antes para hacer el reparto y los docentes con discapacidad ni siquiera saben en qué disciplinas habrá la reserva para su colectivo. Pero las cifras están sobre la mesa. ¿Y ahora qué? SUATEA vaticina que este proceso se va a convertir en un auténtico ERE para los interinos y una vuelta de tuerca en las condiciones de trabajo del profesorado asturiano. Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, señala que el Principado no está cumpliendo con el acuerdo de 29 de marzo de 2017 suscritos por el ministro Cristobal Montoro con las organizaciones sindicales para reducir la tasa de temporalidad al 8%. Denuncia que tendría que haber sacado más plazas y que con las actuales se quedará en el 20%. Por su parte, ANPE pone sus ojos en los exámenes de junio, porque ese es nuevamente el mes previsto. Quiere que se digan cuanto antes cómo van a ser y que se agilice la gestión de permisos. También reclama con urgencia las plazas reservadas para discapacidad. Al margen de estas posturas, otra sombra se cierne sobre este proceso: la impugnación presentada por un grupo de interinos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El único que no ha dicho nada ha sido el Gobierno, que se ha limitado a trasladar el desglose de plazas que sindicatos y opositores llevaban meses pidiéndole. Colectivos como la Asociación de Interinos Docentes de Asturias (ADIA) aplaudía la decisión de no dar el detalla de plazas por especialidad en la fecha prevista si eso implicaba una revisión al alza de la oferta pública de empleo. Pero no ha sido así. ADIA mantiene un planteamiento similar al de CCOO, ya que considera que no se está acatando los términos del acuerdo firmado con Montoro. Critica la fórmula fijada por la Consejería de Educación para calcular las plazas. Sabe que es muy complicado que una plaza vacante esté ocupada tres cursos seguidos por un interino. Asegura que el número real de vacantes es muy superior a la contemplada en la oferta pública de empleo (OPE).
Qué se sabe
La Administración ha avanzado, además del desglose de plazas, algunos datos más a los sindicatos. La fecha de inicio de los exámenes serán casi con total, probabilidad, el 23 de junio. La consejería está valorando la posibilidad de alquilar aulas en las facultades unir en un mismo espacio a todos los aspirantes de una misma especialidad. Sí que habrá una mesa técnica para trabajar el borrador de la convocatoria de las oposiciones. En ese foro cada parte podrá exponer sus prioridades. A finales de este mes podría salir el real decreto 276 modificado, que es el que regirá el acceso y el que ha sufrido ligeras modificaciones después de que los sindicatos negociaran con el Ministerio de Educación.
Reacciones en cadena
El sindicato ANPE aplaude que las oposiciones educativas asturianas coincidan con las de otras comunidades también en la fecha de los exámenes. Pero cree que hay mucho que trabajar hasta junio. Su presidente, Gumersindo Rodríguez, exige, por ejemplo que se comience a pensar en facilitar permisos laborales a los interinos que quieren acudir a las pruebas, algo que en los últimos cursos no se hizo. Más urgente aún le parece conocer las características de las pruebas de la oposición y los criterios de evaluación que se van a aplicar. Por eso reclama la convocatoria de una Mesa para trabajar en el borrador de la convocatoria. También secunda las reivindicaciones del colectivo de Maestros Capacitados que no entiende cómo es posible que la Administración saque la distribución por disciplinas y no diga dónde estará la reserva del 7% para los aspirantes con discapacidad. «Pedimos la determinación concreta de las plazas de reserva de discapacidad que la oferta ha dejado en el aire», explica el sindicato.
«En una comunidad donde un elevado porcentaje de docentes está formado por personal interino, con unas condiciones de elevada precariedad que se concretan en el crecimiento de puestos de trabajo a media jornada, con un incremento de horas lectivas y un creciente número de funciones administrativas, esta convocatoria supone, para el profesorado que no logre superar estos procesos selectivos, el golpe final», lamenta SUATEA. Este sindicato aprovecha para reclamar la negociación de un nuevo acuerdo de interinos que salvaguarde la continuidad en el trabajo del interino, especialmente en los colectivos más vulnerables que llevan muchos años de servicio a la administración, aunque carezcan de plaza fija. Ya hay experiencias previas. Este sindicato cita el caso de la Comunidad Valenciana que está negociando para blindar hasta la jubilación de los mayores de 55 años con una antigüedad de 13 años.
«Asturias incumple clamorosamente el Acuerdo de 29 de marzo de 2017 suscrito por el Gobierno central y las organizaciones sindicales mayoritarias en la administración por el que se establece que la tasa de interinidad debe situarse en el 2020 como máximo en el 8%». En estos términos se expresa CCOO. El sindicato considera que se trata de «una oportunidad perdida». Su secretario general, Borja Llorente, calcula que el Principado podría haber convocado hasta 3.000 plazas procedentes de esa tasa de estabilización y otras 1.000 más de la tasa de reposición, en los últimos tres años. Llorente indica que lo único que necesitaba la Consejería de Educación era «voluntad política» y no parece que la haya habido.
Impugnación
Existe otra sombra sobrevolando todo este controvertido proceso: una impugnación judicial. La Asociación Nacional de Interinos y laborales (Anil) ha presentado dentro del plazo legal de dos meses una impugnación en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Ahora está esperando la asignación de juzgado para solicitar medidas cautelares. La primera de esas medidas sería la paralización del proceso de oposiciones. Existen varios argumentos legales que sostienen este movimiento, al que se han sumado más de un centenar de profesionales. La primera de todas es que el propio Tribunal Supremo ha aceptado y está tramitando una impugnación contra ese acuerdo de estabilización firmado por Montoro y los sindicatos sobre el que se sostienen esta oferta de empleo.
