Más de un centenar de docentes respaldan la impugnación
19 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La impugnación de la oferta pública de empleo (OPE) de la Consejería de Educación ya está en los juzgados. La reclamación ha sido presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y está a la espera de que se le asigne sala. Es cuestión de días. Una vez que el trámite se haya completado, se reclamará oficialmente la paralización de los exámenes de la oposición, previstos para el mes de junio. De momento, 103 interinos respaldan el proceso pero es posible que la cifra final se duplique. La razón es que la impugnación la promueve la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (Anil) y la sustentan económicamente sus interinos. Esto permite que sea un movimiento colectivo y anónimo. Así lo ha explicado el presidente y también letrado de Anil, Manuel Martos.
La OPE de Educación está publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el pasado 18 de diciembre. A partir de esa fecha, había un plazo máximo de dos meses para presentar una impugnación. No obstante, la cifra definitiva de plazas acaba de ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado. En total, serán 459 plazas del turno libre. 345 se corresponden con la oferta pública de empleo (OPE) de 2017 y otras 114 corresponden con el 15% de la tasa adicional de estabilización de 2018 acordada. Por áreas, 358 serán para Secundaria y las 101 restantes para los docentes técnicos de FP. Hay otras 180 plazas de promoción interna para docentes que quieran pasar al grupo A o de las escuelas oficiales de idiomas a los institutos. Queda pendiente la distribución de plazas por especialidades. Lo único que se sabe hasta el momento es que serán 17 especialidades de Secundaria y otras diez de Formación Profesional (FP).
Si los planes de los interinos que sustentan la impugnación salen bien, esta oposición quedará en el aire. Los promotores se han movido con intensidad en las últimas semanas en todos los foros integrados por docentes sin plaza fija. Su intención era movilizar al mayor número posible de compañeros. Si reúnen a 200 asociados, los gastos del proceso judicial correrán íntegramente a cargo de la asociación. Si son menos, tendrán que contribuir pagando una parte de sus bolsillos. El lema con el que han tratado de llegar al mayor número posible de compañeros es: Frenemos el ERE a los interinos.
Los argumentos legales son otra cosa. Martos explica que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que es el año al que corresponde la OPE de Educación del Principado, no permite ningún tipo de incremento del gasto en las plantillas. Como algunas de las plazas que se pretenden cubrir en Asturias están ocupadas por personas con reclamaciones judiciales en marcha, que de prosperar tendrían derecho a una indemnización, al convertirse en laborales indefinidos no fijos, la prohibición de incremento del gasto saltaría por los aires. Tampoco esa posible indemnización necesaria para pagarles cuando se vayan está consignada en los presupuestos regionales.
Hay más bases legales. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la misma asociación contra el acuerdo de 29 de marzo, entre el ministro Cristobal Montoro y varios sindicatos, para la estabilización de las plantillas de interinos. Como la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 hace referencia a este acuerdo y este acuerdo puede ser anulado, Martos cree que es necesario paralizar todas las oposiciones hasta que se resuelva. De lo contrario, se corre el peligro de completar un proceso de selección de personal que podría ser anulado más tarde, con los docentes ya en las aulas y, por tanto, con unas consecuencias mucho más complejas de resolver.