A pesar del aumento de la exención en sucesiones crecen los desestimientos por los bienes cargados de deudas
28 ene 2019 . Actualizado a las 13:40 h.A lo largo de la última década las renuncias a herencias han crecido de forma constante, tanto en Asturias como en el conjunto de las comunidades autónomas y han sido numerosas voces las que han apuntado al impuesto de sucesiones --que tiene en el Principado una de las tasas más altas del Estado-- como el principal responsable de este fenómeno. Tan es así que en el acuerdo paralelo que permitió la aprobación de los presupuestos asturianos del año pasado se fraguó entre PP y PSOE con un único punto: un aumento de la exención del tributo para las herencias de 300.000 euros (anteriormente estaban libres del pago los legados valorados hasta 150.000) euros. Fueron alrededor de unos 200 asturianos, según los cálculos de la Consejería de Hacienda, los beneficiados de esa rebaja para los herederos directos en primer grado, pero lo cierto es que no sirvió ni mucho menos para aminorar la tendencia de las renuncias a herencias.
Según los datos del Consejo General del Notariado, durante los nueve primeros meses de 2017 en Asturias se acumulaban ya 1.221 renuncias a herencias. A falta de conocerse los datos del último trimestre del año --que se darán a conocer el próximo mes de febrero-- y teniendo en cuenta que en las tablas se muestra que en el Principado se renuncia a una media unas 400, es probable que la cifra definitiva del año pasado igual, o incluso supere, a la de 2016, cuando se registraron 1.636 renuncias a herencias en Asturias. Una década atrás, en 2007, en Asturias se renunció a 497 herencias, una cifra muy similar (498) a la registrada al año siguiente; pero a partir de entonces --con el estallido de la burbuja inmobiliaria y los años más duros de la recesión), las cifras se disparan. Se cruza la barrera de las 600 en 2010, más de 700 al año siguiente; se superan las mil en 2013 y desde entonces seguirán creciendo en los años sucesivos: 1.501 en 2014 y hasta 1.630 en 2015. Pero lo cierto es que la misma tendencia se reproduce en el resto de comunidades, también en aquellas, como Madrid, donde las bonificaciones para los herederos directos son prácticamente totales desde hace varios años.
Así, según los datos del Consejo General del Notariado, en el conjunto de España las renuncias a herencias pasaron del 4,7% en 2008 al 11,4% en 2015. En este intervalo, en Asturias crecieron del 6,6% al 18%, una tendencia que fue objeto de un enconado debate político y social, con grandes movilizaciones en las calles por parte de una plataforma contraria a este tributo y una intensa discusión en el parlamento autonómico. Pero en Madrid, la comunidad que se toma como ejemplo por parte de los adversarios del impuesto de sucesiones, las renuncias crecieron desde el 4,4% al 10% entre 2008 y 2015; en Murcia que también ha bonificado totalmente el tributo, pasaron del 3,6% al 13,8%, en Cantabria crecieron del 4,4% al 11,4%. La razón es que las renuncias no se deben tanto a la carga fiscal como al hecho de si la herencia va acompañada de una deuda. Y ocurre que a lo largo de la última década muchos de los legados recibidos son propiedades inmobiliarias sujetas a una hipoteca de manera que muchos herederos renuncian a ellos para no tener que hacer frente al pago de un crédito que, en ocasiones, y debido a la devaluación de la vivienda con la crisis, podía superar con mucho el precio de venta en el mercado.
Por otra parte, a menudo de manera interesada, se mezclan en el debate público dos tipos de impuestos que afectan a la compraventa de bienes heredados. Uno es el impuestos de sucesiones --que es progresivo y se paga en función del grado de parentesco y del valor de lo recibido-- y es de competencia autonómica. El otro es el impuesto de plusvalías, que es de ámbito municipal y lo recaudan los ayuntamientos, y que grava la venta de la vivienda. Su problema es que para tasar su precio, los consistorios toman como referencia el último catastro y ha sido una constante en los últimos años las quejas de muchos herederos por el desfase entre el valor catastral el precio real de venta que, por los vaivenes de la crisis, podría haber menguado considerablemente.
Tanto fue así que en mayo del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló este impuesto ratificando una sentencia de un juzgado de Gipuzkoa al declarar que este método de cálculo a partir del catastro no tiene en cuenta si el inmueble ha ganado o no valor y genera una ficción de incremento económico. El Constitucional señaló que no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. En 2016, los ayuntamientos asturianos recaudaron una cifra de alrededor de 32 millones de euros por el impuesto de plusvalías; la mayor parte de ellos, hasta 24 millones, en las principales ciudades de la región, Oviedo y Gijón. Según la estadística de Hacienda, en los concejos asturianos de entre 50.000 y 100.000 habitantes, esto es Avilés y Siero, el impuesto de plusvalías supuso 2,2 millones de euros para las arcas municipales; fueron 1,4 millones para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, hasta 5,2 para los concejos entre 5.000 y 20.000; y en el caso de los más pequeños, con menos de 5.000 habitantes, este tributo supuso unos ingresos de 0,54 millones de euros en 2016.
