La última oportunidad del presupuesto de la izquierda

Luis Ordóñez
Luis Ordóñez REDACCIÓN

ASTURIAS

Junta de portavoces en el parlamento asturiano
Junta de portavoces en el parlamento asturiano JLCereijido

El PSOE presentará hoy en solitario un proyecto de las cuentas para 2018 fiando el acuerdo al diálogo sobre las enmiendas con Podemos e IU

28 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Poco antes del mediodía de este martes la Consejera de Hacienda, Dolores Carcedo y el presidente del parlamento autonómico, Pedro Sanjurjo, comparecerán juntos en las escaleras de la entrada de la Junta General para poner imagen a la entrega formal por parte del poder Ejecutivo del proyecto de presupuestos al legislativo. Lo que antes se hacía con voluminosos tomos de papel desde hace años se simboliza con un pequeño lápiz de memoria. Allí estarán las prepuestas del Gobierno para las cuentas de la comunidad autónoma, sus previsiones de ingresos y las estimaciones de gasto para cada una de las consejerías. El cronograma arranca hoy y se prolongará hasta el 29 de diciembre. Pero para que salga adelante será necesario un complicado acuerdo en el que deben sumarse los apoyos de los socialistas, de Podemos y, si es posible, también de Izquierda Unida, una carambola que no se han producido nunca en los dos años de legislatura ¿será posible que ocurra en esta?

Para que cuadre ese pacto no se ha hablado tanto de números e inversiones como de un acuerdo sobre varias políticas concretas que, a medida que han transcurrido las semanas de negociaciones sin avances tangibles, se han ido resumiendo en dos principales: la aprobación de una Oficina Anti Corrupción, dependiente del parlamento y no del gobierno con la capacidad de recibir denuncias anónimas, la integración del ciclo de 0 a 3 años en el sistema público de enseñanza. Son los dos pilares de la negociación esgrimidos por Podemos y su portavoz, Emilio León, aún los recordaba este lunes, en la víspera de la presentación del anteproyecto, como ejemplo de un «paso decisivo» que los socialistas deberían dar para consagrar el «mensaje esperanzador» de que «el mismo año en el que se dictó la sentencia del Caso Marea» se aprueba la oficina anticorrupción a la par que se integra en el sistema público el ciclo de infantil.

Lo cierto es que el PSOE ha dicho sí a las dos cosas, pero, como en todo, hay letra pequeña, y la coincidencia de objetivos está llena de matices. En el debate de Orientación Política (el debate sobre el estado de la región) celebrado semanas atrás, los socialistas votaron a favor de la propuesta de resolución de Podemos sobre la Unidad Anti Corrupción; una que literalmente «cuente con carácter independiente del Gobierno, que permita denuncias anónimas y la protección de los denunciantes y testigos» pero los socialistas siempre han apuntado que esto debería precisarse en el encaje jurídico y los letrados de la cámara ya dieron un severo correctivo a la propuesta original planteada por los morados en solitario en abril. 

Este lunes, Emilio León resaltaba que el acuerdo sobre la escuela de 0 a 3 años debería plasmarse «en esta legislatura». El plazo es más que relevante. Si lo socialistas coinciden con Podemos en buscar un modelo en el que prime el sistema público, la diferencias son clave sobre la integración de los profesionales (unos 540, la gran mayoría mujeres) en el cuerpo docente sin pasar por unas oposiciones. Se trata de una cuestión peliaguda y que además se complica toda vez que desde el PSOE se insiste además en que el pacto debe pasar en todo caso porque se garantice la conciliación de los horarios, no para las maestras, sino para las familias de los pequeños. De momento, su propuesta pasa por extender la dotación del actual modelo (en el que las escuelas dependen de los ayuntamientos pero son financiadas por el Principado) para cerrar esa integración en los próximos dos años.

La tercera pata del acuerdo es IU, no es imprescindible aritméticamente (algo que se encargó de recordarles Podemos al comienzo de la ronda de negocaciones) pero su suma tiene un gran valor político para el Gobierno que firmó con la coalición el pacto de investidura. Este lunes, su portavoz, Gaspar Llamazares, recordaba las demandas ya avanzadas la semana pasada por su coordinador general: un incremento en el gasto social que IU sí ha cifrado, 20 millones más hasta incrementar la partida global a 150 millones de euros. También han manifestado su preocupación por cómo se vayan a concretar los planes de empleo de los ayuntamientos que, en los últimos años, han terminado en los tribunales con resultados onerosos para los consistorios. Para Llamazares, el hecho de que el proyecto de presupuestos vaya a presentarse en solitario por el gobierno, fiando el acuerdo al avance del diálogo estas semanas sobre las enmiendas es una «estrategia con riesgos» pero destacó que su grupo afrontaba los próximos días con «la mayor voluntad de acuerdo» y su deseo de «no presentar una enmienda de totalidad».

Lotería y Black Friday

Durante el debate de Orientación Política, Emilio León afirmó que si no había sido posible un acuerdo sobre presupuestos en años pasados es porque, a su jucio, los socialistas nunca habían considerado seriamente sus propuestas y realizó una analogía con la lotería como ejemplo de un sorteo que no toca si no se compra un boleto. Este lunes la metáfora eran las rebajas del Black Friday y el diputado morado aseguraba que el tiempo de las concesiones baratas había pasado y era preciso «mantener unas garantías rotundas».

«Sabemos que este puede ser el último presupuesto de la comunidad (en esta legislatura)» reflexionaba Llamazares al término de la Junta de Portavoces. Es también la última oportunidad para plasmar en un acuerdo sobre las cuentas de la comunidad la mayoría progresista en la cámara territorial que, en los años, apenas ha llegado a ningún entendimiento. El primer presupuesto (pactado entre PSOE e IU) se retiró tras anunciar los morados una enmienda a la totalidad y se prorrogó el anterior (pactado por PSOE y PP en la anterior legislatura). En el siguiente volvió a repetirse el desacuerdo y el texto se salvó con un pacto paralelo entre los socialistas y los populares a cambio de aumentar la exención del impuesto de sucesiones. La vía con los conservadores ya se ha cerrado este año después de que el Ejecutivo rechaza más rebajas fiscales. Con todo, el portavoz de Podemos aún especulaba con que en el último momento, si no fraguaba su pacto, llegara «un previsible rescate por parte del PP». Si el tono de diálogo ha mejorado mucho en este año, la desconfianza entre socialistas y morados todavía es muy profunda y más que manifiesta. Resultaría más que difícil reeditar el pacto con los conservadores, no sólo por el abierto desacuerdo sobre rebajar más los impuestos sino por el imposible precio político que saldría a pagar a la nueva dirección de la FSA. La otra alternativa en realidad sería una prórroga, la segunda en la legislatura, la segunda también sobre unas cuentas pactadas con los conservadores, y la que se daría en el tercer año del mandato con el camino abierto ya en el siguiente a una nueva convocatoria electoral en el que el proyecto de las cuentas quedaría probablemente en manos de futuro gobierno salido de las urnas.