Los partidos buscan soluciones a la grave crisis habitacional entre pugnas de competencias
ACTUALIDAD · Exclusivo suscriptores
Sánchez acusa al PP de entregar pisos protegidos a fondos buitre, y Feijoo, al PSOE de mentir sobre la vivienda pública proyectada
14 ene 2025 . Actualizado a las 11:05 h.Tener un empleo, una nómina, un contrato indefinido, y no poder alquilar ni comprar un piso. Así de grave. El artículo 47 —uno de los más vulnerados— de la Constitución de 1978 reza «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Los legisladores de la carta magna, que no incluyeron este derecho entre los fundamentales, que gozan de una protección reforzada, sino entre los principios rectores de la política social y económica, añadieron: «Los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Tras medio siglo de democracia, el Estado ha renunciado a cumplir este derecho. Las competencias en materia de vivienda fueron asumidas por todas la comunidades y ciudades autónomas —que deben elaborar la normativa propia y promover pisos de protección oficial—, mientras el Gobierno central tiene competencias exclusivas que afectan al mercado inmobiliario como responsable de la Sareb, de regular los alquileres y de conceder beneficios fiscales; y los ayuntamientos tienen que gestionar la vivienda protegida.
Administraciones públicas a tres niveles deben coordinarse entre sí para no invadir sus respectivos límites competenciales y sacar adelante nuevas políticas. Un acuerdo complicado, teniendo en cuenta que el Ejecutivo central es socialista y once gobiernos autonómicos, populares. Convertir el primer problema de los españoles en arma arrojadiza carece de sentido para aquellos partidos al frente de comunidades —PP (11), PSOE (4), PNV (1) y CC (1)— y que, por lo tanto, son los primeros y últimos responsables de sus políticas de vivienda. Pese a ello, lo han hecho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —que anunció ayer avales e incentivos fiscales para promover el alquiler de pisos vacíos en las jornadas Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar, celebradas en el Museo del Ferrocarril de Madrid— acusó a los anteriores gobiernos populares de entregar a fondos buitre pisos de protección oficial; aprobar las golden visa, que animaban a «millonarios extranjeros a especular»; y desahuciar a 600.000 familias. El socialista lamentó la «política nefasta del pelotazo y la burbuja inmobiliaria», y calificó de «injusto y fallido» el modelo del PP. El líder de esta formación. Alberto Núñez Feijoo, aseguró, en una entrevista en Onda Cero, que en España hay una «burbuja desinmobiliaria, porque necesitamos 250.000 viviendas y estamos construyendo 100.000», y tachó de falso el número de pisos que Sánchez dijo que iba a construir. Preguntado sobre por qué la Comunidad de Madrid, gobernada por su partido, es donde más se encareció la vivienda el año pasado, lo atribuyó a los «miles de hispanos con rentas muy altas» de Venezuela, México, Perú y Colombia que invirtieron en esta región. También el portavoz popular, Borja Sémper, se quejó de las políticas «intervencionistas» anunciadas por el Gobierno porque «generan precios más caros y menos oferta», mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, las describió como «el último conejo en la chistera de Sánchez». Unas críticas que para IU son «una broma de mal gusto» cuando tres de las comunidades que gobierna el PP —Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía— tienen los mercados «más tensionados». El presidente de esta última, Juanma Moreno, reclamó disponer de «más público para casar oferta y demanda».
«El control de precios funciona»
Aunque el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, vio insuficientes las iniciativas, valoró el «cambio de tono» del Ejecutivo. El también ministro de Cultura apostó por prohibir cualquier compra de pisos «especulativa», y sostuvo que «el control de precios funciona», como en Cataluña, donde desde que se toparon los alquileres, se logró «la desinversión de fondos buitre en el sector inmobiliario». El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, celebró estas medidas como «la aproximación más ambiciosa al problemas de la vivienda, del que la política pública ha estado ausente».