Tanto el PP como el PSOE nos han contado en las últimas horas sus propuestas para atajar la creciente preocupación por la vivienda, uno de los problemas que acucian a miles, quizá algún millón, de españoles. Ambos coinciden en la conclusión: falta vivienda a precio asequible en el mercado. Pero difieren en el diagnóstico y en la forma de abordar el contencioso. De hablar entre los dos grandes partidos que gobiernan en todas las comunidades autónomas y en ocho de cada diez ayuntamientos, ni rastro. Que se llamen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo ya parece más difícil que una conversación entre Putin y Zelenski.
El resultado es un incierto futuro de promesas. El PSOE, pese a todas sus promesas, ha colocado la vivienda como su tercera prioridad del año. La primera fue aumentar la polarización y la altura del muro social con una agenda de actos para conmemorar la muerte del dictador Franco en la cama. Luego llegó la que de verdad preocupa en la Moncloa, la agenda judicial, con una maniobra para intentar archivar a lo bruto todos los escándalos que sacuden a los socialistas y, más directamente, a la familia del mismísimo presidente. Y, por fin, pese a ser una de las promesas estrella de la campaña electoral de Pedro Sánchez —que aún no ha construido ni un solo piso protegido de los 200.000 que prometió—, le ha llegado el turno a la vivienda.
El problema es el de siempre. La amenaza al sector privado y su criminalización como responsable de la subida de precios aleja cualquier consenso. La minoría parlamentaria de la coalición hace que todas las promesas suenen a huecas, incluso resesas. Ni siquiera tiene el apoyo del bloque de investidura, con el PNV y Junts enfrentados a las colectivizaciones masivas que defienden Esquerra, Podemos, los comunes o Bildu. Al Ministerio de Vivienda lo quieren vaciar aún más de contenido con una Agencia Estatal que suena a chiringuito desde la primera letra. Y, por si fuera poco, las competencias sobre licencias y suelo están transferidas a ayuntamientos y comunidades autónomas. Por no hablar de la ley del suelo, cuyo borrador sigue languideciendo en el Congreso.
Con ese escenario, el paciente ciudadano al que solo le llegan noticias de subidas de impuestos tiene que rezar para que las propuestas del PP en las once comunidades en las que tiene el poder lleguen a buen puerto. Reducir las tasas a los jóvenes, eliminar burocracia y crear un verdadero parque público residencial forman parte de la receta final que debería ser un auténtico pacto de Estado. Pero nuestros políticos prefieren el diálogo de sordos. Y ganar la batalla del relato, como nos explicó el imputado fiscal general en su día. Aunque lo acabemos pagando todos los ciudadanos.