El Supremo imputa al fiscal general por filtrar datos tributarios del novio de Ayuso
ACTUALIDAD
Álvaro Ortiz descarta dimitir pese a las peticiones de la mayoría de las asociaciones profesionales
17 oct 2024 . Actualizado a las 08:59 h.«La continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución», ha afirmado Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, para anunciar que seguirá en el cargo pese a ser imputado por el Tribunal Supremo por unanimidad. Le atribuyen un presunto delito de revelación de secretos por haber difundido a la prensa datos confidenciales sobre un presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. La decisión ha contado con la oposición de la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, para quien los hechos no son constitutivos de delito y pidió el archivo de la causa. La mayoría de las asociaciones de fiscales y el PP han reclamado la dimisión de García Ortiz. Los primeros, «por daño reputacional». Los segundos, por «manchar las instituciones».
Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado el «total respaldo» al fiscal general y ha asegurado confiar en que el asunto quede «en nada» porque lo único que hizo fue «desmentir una información falsa» y actuar para «perseguir el delito y proteger la verdad» frente al «delincuente confeso», ha apuntado en alusión a González Amador.
García Ortiz es el primer jefe del ministerio público en la historia de la Justicia española encausado. Ha convocado para este jueves la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal con el objetivo de dar explicaciones y recabar opiniones.
La mayoritaria Asociación de Fiscales sostiene que «no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal» y añade que su permanencia «genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad» del resto de compañeros, unos 3.000. La Asociación Profesional de la Magistratura lamenta el «enorme daño que causa a la institución». La Asociación Judicial Francisco de Vitoria entiende que esta situación «puede ser perjudicial». Más dura ha sido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que defiende que García Ortiz «ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio» y que el cargo que desempeña es incompatible con estar imputado. «No puede continuar ni un minuto más» pudiendo dar órdenes a cualquier fiscal, «ha perdido completamente la autoridad», ha añadido.
Sin embargo, para Jueces y Juezas por la Democracia, el fiscal general no debe dimitir ya que no hay nada previsto al respecto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Precisamente por ello, APIF reclama modificarlo.
«Presión y desgaste»
También el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, discrepa del Supremo. «No hay delito de revelación de secretos si no hay secreto», ha razonado, y ha mostrado «su profunda preocupación» por «la presión y el desgaste» al que están siendo sometidos García Ortiz y la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por el Supremo, por supuestamente facilitar a su jefe datos para elaborar la nota de prensa. Además, el alto tribunal se declaró competente para encausarla aunque no es aforada, porque los actos de ambos «guardan una conexión inescindible», arguyó.
En su exposición, el magistrado del TSJM Francisco José Goyena antes de pasar la causa al Supremo relató que no hubo una «revelación» a los medios porque esa información se había publicado días antes. Pero «antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscala jefa provincial». Esa filtración es lo que llevaría a la imputación.
García Ortiz, quien asumió la inspiración del comunicado, ha apelado este miércoles al deber de la Fiscalía de informar «para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz». Siempre ha defendido que los datos de la nota de prensa eran de dominio público y que tenía que contrarrestar los «bulos» atribuidos al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de que había sido el fiscal el que había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso y no al revés. En él, González Amador admitía haber cometido dos delitos fiscales.
El primero en denunciar la difusión de la nota con el cruce de correos fue el decano del Colegio de Abogados de Madrid, incluso antes que González Amador, quien se querelló contra los fiscales Rodríguez y Julián Salto, autor de parte de los correos.