Desde la publicación del informe del Defensor del Pueblo hace un año, se han registrado cerca de 200 nuevos testimonios. Ángel Gabilondo: «Los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública»
15 oct 2024 . Actualizado a las 16:11 h.«Los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública», ha declarado este martes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Un año después de la publicación del Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, la institución ha registrado 188 nuevos testimonios de víctimas de abusos, que elevan el total a 674 personas que han denunciado ante la Unidad de Atención a Víctimas. En el estudio se estima que el 1,3 % de españoles, cerca de 445.000 personas, han sufrido agresiones en la Iglesia.
Estos nuevos casos reafirman, en palabras de Gabilondo, las conclusiones del documento. «No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar», ha apuntado.
Tras la entrega del estudio en octubre del 2023 al Congreso de los Diputados y en noviembre de ese mismo año al presidente del Gobierno, Gabilondo ha apuntado que «es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas».
Impacto de los abusos
En octubre del 2023, el informe recogía testimonios de 487 víctimas de todo el territorio nacional que «revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas». Las personas abusadas, en su mayoría (84 %) hombres, detallaban los problemas emocionales y de conducta que sufren a día de hoy como secuelas de los abusos. Una de cada tres víctimas afirmaba sufrir síntomas de estrés postraumático y, en algunos casos, síntomas depresivos, vergüenza y estigmatización y de acción suicida.
El Defensor del Pueblo ha defendido que este es «un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad»
Recomendaciones
En las casi 800 páginas del informe encargado por el Congreso de los Diputados en el 2022, se recogen 24 recomendaciones «que se centran en la atención y respuesta a las víctimas».
Entre ellas está la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y el 2020. Más de un tercio de los casos se produjeron en la década de 1970, mientras que un 27,4 % fueron en los sesenta, un 20,1% en 1980, unos 35 casos en los 2000 y 10 en la década del 2010.
También se aboga por crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
En su intervención, el defensor ha reclamado el mismo respeto y reconocimiento para las víctimas de abusos sexuales que el que tienen las víctimas de terrorismo o de violencia de género, apoyando la creación de un estatuto de la víctima de abusos, que establezca una recuperación económica del daño y del dolor: «Es importante la responsabilidad civil y que se permita los mismos beneficios que a otras víctimas».
Asimismo, se proponen reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares. De igual forma, se solicita que la Iglesia católica ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran, así como que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos. Gabilondo ha reconocido alguno de los últimos pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan PRIVA, y ha destacado que la Iglesia «ha pasado de minimizar» el problema diciendo que son «manzanas podridas» a un «implícito y progresivo reconocimiento de los hechos».
En noviembre del 2023, tras la publicación del informe, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, negó la «veracidad y fiabilidad» de los resultados y exigió una revisión de los mismos. No fue hasta hace unos meses, en julio, cuando en una asamblea extraordinaria la organización religiosa aprobó su Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de Abusos sexuales (Priva), que no es de obligado cumplimiento, sino una «obligación moral».
En palabras de Gabilondo, el informe «da respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio y subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos».