El Gobierno indemnizará a las víctimas de abusos de la Iglesia ya prescritos
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El plan contempla que la responsabilidad de ciertos delitos no caduque
23 abr 2024 . Actualizado a las 17:33 h.La Iglesia ha concebido siempre más como un pecado que como un delito el problema de los abusos sexuales en el seno de la institución, advertía el pasado octubre en su informe al respecto el Defensor del Pueblo. El estudio, encargado por el Congreso de los Diputados hace dos años, halló evidencias de que su respuesta durante años fue ignorar, esconder o minimizar el problema y, cuando los responsables eclesiásticos se vieron obligados a reaccionar, «a menudo lo hicieron anteponiendo la protección de los culpables y de la institución a los intereses de las personas afectadas, aplicando prácticas como la transferencia de los abusadores a otros destinos o a otros países». La existencia de un Derecho interno diferenciado del secular favoreció además, según los investigadores, la ausencia de una respuesta adecuada. Seis meses después de la presentación de este exhaustivo trabajo, que concluye que un 1,13 % de la población española —más de 440.000 personas— han sido víctimas de pederastia del clero, el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros un plan para indemnizar a los afectados cuyos casos ya hayan prescrito.
El «Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos» contiene cinco ejes de actuación, tal y como detalló este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.
El Ejecutivo tiene previsto además organizar un acto público con las víctimas y sus familiares. «Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia», apuntó Bolaños en rueda de prensa. Admitió, a continuación, que por sí sola «no basta», por lo que irá acompañada con una reparación material «adecuada» y «suficiente» en términos económicos.
Con ese fin, el Gobierno adoptará las medidas legales y administrativas correspondientes en relación a aquellos casos que, por ser muy antiguos o por falta de pruebas, no hayan tenido la oportunidad de resolverse en los tribunales. Entre otras cosas, el plan contempla ampliar los plazos de extinción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o, directamente, que algunos delitos concretos no caduquen.
Con o sin la Iglesia
La idea del Ejecutivo es indemnizar a las víctimas que no hayan sido compensadas por el daño y hacerlo en colaboración con la Iglesia. Ya en noviembre los obispos habían avanzado un plan que contemplaba indemnizaciones, tanto si mediaba sentencia como si no; sin embargo, los prelados españoles también han señalado reiteradamente que su colaboración con el plan de compensaciones económicas del Gobierno estaba condicionado a que afectase a toda víctima de pederastia, no solo a las de la Iglesia. Respecto a las cuantías, Bolaños expuso este martes que será un órgano independiente el que las fijará.