Una «hoja de ruta» en estado embrionario que incluye 31 medidas y reformas legislativas
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El objetivo es impulsar la transparencia en las Administraciones públicas, los medios, el poder legislativo y el sistema electoral
18 sep 2024 . Actualizado a las 10:33 h.El Gobierno de coalición no quiere «financiar el virus de los que quieren destruir la democracia». El Consejo de Ministros aprobó ayer una «hoja de ruta» —en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños— en estado todavía embrionario que incluye una batería de 31 medidas cuyo objetivo es fortalecer la transparencia de las Administraciones públicas, los medios de comunicación, el poder legislativo y el sistema electoral. El llamado Plan de Acción por la Democracia se desarrollará en los próximos tres años, hasta el 2027, aunque para ello debe adaptar legislación comunitaria, reformar leyes vigentes o aprobar normas nuevas, algo que, dada la fragmentación parlamentaria, hará muy complicado o casi inviable implementarlo. Sin embargo, este proyecto toma como referencia la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada el pasado marzo y de obligado cumplimiento en la UE a partir de agosto del 2025.
las administraciones públicas
- Reforma de la ley de secretos oficiales, de 1968. Fue la primera iniciativa del PNV la pasada legislatura, aunque finalmente no apoyó el proyecto de ley del Ejecutivo porque este quería mantener ocultos medio siglo más los secretos «excepcionalmente graves».
- Aprobar una Estrategia contra la corrupción. Crear una Autoridad independiente de protección del informante y ampliar la plantilla de la Fiscalía que investiga la corrupción pública y privada.
- Obligación semestral de rendir cuentas para las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, para mostrar el grado de ejecución de los programas electorales.
- Nueva estrategia de Gobierno abierto. Enviar al Parlamento un proyecto de ley de Administración abierta para reforzar los controles sobre los cargos públicos.
«ecosistema informativo»
- Registro de los medios de comunicación. Incluirá información pública sobre sus propietarios y la inversión publicitaria recibida.
- Limitar la financiación pública a los medios. El objetivo es que no haya medios dependientes o impulsados por las Administraciones. Es una de las iniciativas más controvertidas, y la Moncloa no concretó cómo fijará los límites.
- Obligación de publicar la inversión publicitaria cada año. Las Administraciones ya deben hacer públicas sus cuentas anualmente en el capítulo de gastos.
- Reformar la ley de publicidad institucional de Zapatero. El fin es introducir los criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, y garantizar sistemas de medición de audiencias con principios de imparcialidad.
- Ley de secreto profesional para periodistas. Los informadores ya tienen derecho a no revelar sus fuentes ante un juez, aunque no hay una normativa ad hoc.
- Estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Otra medida polémica, ya que es el plan antibulos de Pedro Sánchez dependiente de Seguridad Nacional y Presidencia. Se desconocen tanto su desarrollo como sus competencias. También se creará una comisión en el Congreso sobre desinformación.
- Reforma del artículo 36 de la ley mordaza. Su enunciado castiga el uso no autorizado de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el Ejecutivo quiere acabar con «anomalías», como las sanciones por informar sobre actuaciones policiales.
- Reforma del Código Penal. Modificar aquellos artículos que puedan limitar el derecho de libertad de expresión y a la creación artística, al castigar delitos como la ofensa a los sentimientos religiosos, y las calumnias e injurias a la Corona, que ya intentaron despenalizar la pasada legislatura.
- El derecho al honor y de rectificación. Plantea la reforma de estas dos leyes orgánicas que se han quedado obsoletas ya que fueron aprobadas antes de que existieran internet y las redes sociales.
- Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El Gobierno ve necesario incluir competencias en materia de servicios digitales y medios.
- Programa dotado con 100 millones de euros. Es una inversión pública para promover la digitalización de los medios de comunicación, cuyo marco regulatorio se revisará para garantizar el pluralismo y evitar la concentración.
el poder legislativo
- Debate del Estado de la Nación. Reformar el Reglamento del Congreso para fijar la obligación de celebrar este debate cada año.
- Obligación de participar en los debates electorales. El Ejecutivo quiere reformar la ley electoral para forzar a los candidatos a debatir en campaña, y para obligar a las empresas demoscópicas a publicar los microdatos de sus sondeos electorales, ya que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es el único que lo hace.
- Aprobar una ley de grupos de interés. El objetivo es conocer la influencia de cada sector y de cada lobi en la elaboración de las leyes. El Gobierno fracasó en el 2022, cuando presentó un anteproyecto de ley que pretendía que los grupos de interés se registrasen y cumplieran unas normas para relacionarse con las instituciones, y ahora quiere legislar un código de conducta.
- Endurecer el régimen sancionador. Aquellos partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada, y aquellos diputados y senadores que no publiquen su declaración de bienes o den información falsa o incompleta se enfrentarán a sanciones más duras que las actuales.