El Gobierno presenta un plan inconexo para tratar de controlar a los medios

Camuflada, sin apoyos parlamentarios y sin contar con la opinión de los profesionales de la información. Así presentaron ayer el PSOE y Sumar su conocido Plan de Acción por la Democracia, que incluye una amalgama de medidas que afectarán no solo a los medios de comunicación, sino a artistas y la propia Administración Pública en un compendio de puntos sin relación entre sí hechos a medida del Gobierno que el Congreso deberá avalar.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el de Presidencia, Félix Bolaños, presentaron el plan antibulos del Gobierno nacido en el momento en el que Sánchez se debatía su dimisión tras conocerse el caso judicial contra su mujer, Begoña Gómez, y que se tomó como una cruzada «contra la máquina de fango de la ultraderecha», a la cual responsabiliza de la investigación de su mujer.

Bolaños, apagafuegos por excelencia de la Moncloa, explicó que el plan pasa por combatir a los «seudomedios corrosivos» para la democracia. Pero la batería de 13 puntos relativos a los medios de comunicación no concreta nada sobre cómo se ejercerá el control de la difusión de bulos. En cambio, se limitan a demandar «un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben». El eje central es la publicidad institucional, que también será limitada para que ciertos medios «no sean dependientes o impulsados» con dinero público. O lo que es lo mismo, quitarle la vida a los medios de menor cuota no afines, ya que el plan suma una medida de «discriminación positiva» para aquellos medios cuya difusión se realice en alguna lengua cooficial. Un guiño a las fuerzas nacionalistas e independentistas para recabar su apoyo.

Recompensas y choques

Además, según el texto, también se va a proponer «aprobar una Estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación» sin que ni Bolaños ni Urtasun señalaran quiénes fijarán los criterios de consideraciones de bulos o falsas noticias ni si estarán recomendadas por expertos de la información. Pedro Sánchez ya encargó a un comité de expertos una tarea similar, pero estos mismos negaron que fuera una propuesta vinculante. Es decir, el Gobierno podrá fijar los criterios de qué es desinformación y qué medios la difunden de forma arbitraria.

Una «hoja de ruta» en estado embrionario que incluye 31 medidas y reformas legislativas

María Salgado

Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas será una de las escasas recompensas con las que el Gobierno tratará de desviar la atención de los informadores sobre el control de los medios. Para contentar a Sumar, el Ejecutivo también acordó «reformar el artículo 36 de la denominada ley mordaza», que afecta a los profesionales de la información que cubren en ocasiones actuaciones policiales en manifestaciones, desahucios u otros eventos similares.

Incluso en la propia norma ya resplandecen los choques entre fuerzas. Sumar considera que la derogación de un único artículo de la ley mordaza es insuficiente y exige también cambios en el ámbito judicial, algo que vetó el Partido Socialista. Igualmente, los de Sánchez tuvieron que ceder ante la demanda de los de Yolanda Díaz sobre la reforma penal de los delitos de libertad de expresión que afectan a la Corona y los sentimientos religiosos.

Escasos apoyos parlamentarios

El Ejecutivo, además, encara para aprobar estas medidas un proceso diversificado, ya que las medidas del plan tendrán que tramitarse como leyes o reformas del Código Penal y, en suma, tendrán que presentarse de forma separada ante el Congreso. Y aquí empiezan los problemas para Sánchez. El Gobierno tiene imposible el apoyo de Podemos, Bildu, y ERC en cuanto a la derogación parcial de la ley mordaza, ya que quieren que sea total. Está por ver si el PNV está satisfecho por conseguir introducir la reforma de la ley de secretos oficiales. Y Junts no da su brazo a torcer con el PSOE desde el acuerdo entre ERC y el PSC en Cataluña. En suma, ningún apoyo está garantizado por falta de negociación.

Regeneración o impunidad

Francisco Espiñeira

El PP anuncia un plan propio para impedir la censura a los periodistas

Redacción / Agencias

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, anunció ayer que llevará a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja una iniciativa con sus propuestas de regeneración democrática y anticipó al PSOE que su partido no apoyará ninguna medida que busque «la censura» o «tapar» investigaciones judiciales en medios.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado afirmó que resulta «llamativo» que el presidente del Gobierno impulse este plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su Ejecutivo, su partido y su familia. En este sentido, indicó que con este proyecto Pedro Sánchez «quiere tapar todo lo que sucede en el seno de su Gobierno» y llegó a calificar ese plan de regeneración como un «plan de degeneración».

A su entender, los medios de comunicación «no tienen ningún problema democrático» sino que «el que debe regenerarse democráticamente es el Gobierno que preside Pedro Sánchez». Por eso, señaló que el PP va a «defender la independencia de los medios de comunicación de todos con una iniciativa» que llevarán a la Comisión Constitucional del Congreso. Es más, el portavoz de los populares afirmó que, tras las informaciones publicadas estos días, el PP tiene «más claro» que «si hay una máquina de fango contra la que luchar es la que maneja Pedro Sánchez», junto a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.

Vox lo ve un plan «infantil»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, aseguró, por su parte, que el llamado plan de regeneración democrática es «propio de un régimen totalitario» y «fruto del arrebato de un presidente infantil» por la investigación por presuntos delitos de corrupción a su esposa, Begoña Gómez. Rodríguez de Millán remarcó la oposición de su formación a ese plan que Pedro Sánchez llama «contra los bulos» porque, a su juicio, servirá para criminalizar a jueces, periodistas y ciudadanos que opinan sobre temas de actualidad en redes sociales en lo que ve como «la actuación propia de un régimen totalitario».

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